A Nancy le ordenaron alterar datos. Era MP. La podredumbre policial en Jalisco toca fondo

+ Jalisco cerró el año 2020 con un total de dos mil 621 víctimas de homicidio doloso, apenas 1.65 por ciento menos que en 2019, el año más violento de esa entidad en el último lustro.

Sugeyry Romina Gándara/Sin Embargo

CIUDAD DE MEXICO, 18 de abril de 2021./Sugeyry Romina Gándara/Sin Embargo.- La falta de controles de confianza eficaces, escasez y recortes de recursos para capacitación y profesionalización, y sobre todo la impunidad de quienes comenten un delito, son parte de los principales problemas que aquejan a las corporaciones policiales en Jalisco, de acuerdo con especialistas en seguridad.

Nancy Gómez llevaba 12 años en la procuración de justicia de Jalisco como ministerio público hasta que en el año 2019 no aceptó la orden de su superior de alterar fechas y datos para liberar a una persona recién aprehendida por secuestro agravado.

Negarse a realizar maniobras indebidas en una carpeta de investigación para lograr la liberación de un detenido y denunciar a su jefe, no sólo le costó la remoción al cargo, sino que volvió su vida un martirio en el que por más de dos años no ha dejado de ser víctima de hostigamiento, amenazas y persecución.

La corrupción en instituciones de justicia, así como la colusión y cooptación de las policías municipales y estatales han sido una denuncia constante en todas las entidades federativas del país y, en estos últimos días, especialmente en Jalisco, donde los nexos entre policías y el crimen han quedado expuestos tras recientes eventos de violencia, como la desaparición de la familia Villaseñor en el municipio de Acatic.

El alto número de desapariciones, fosas clandestinas, las masacres y diversos actos atroces mantienen a Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro Ramírez, uno de los mandatarios que mantuvo confrontaciones y reclamos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como uno de los epicentros de la inseguridad en el país.

Especialistas en seguridad y crimen organizado coincidieron que el recrudecimiento cualitativo de la violencia en Jalisco se genera por la normalización de la misma y porque hay un descontrol, complicidades o nexos policiacos con las organizaciones delincuenciales que operan casi con total impunidad.

“La delincuencia organizada en nuestro país no se entiende sin la participación, ya sea por omisión o comisión, de las autoridades de los distintos niveles de Gobierno. Y esto está probado no sólo por investigaciones ministeriales, sino por trabajo de historiadores”, expresó Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Guerra Blanco destacó que no es casual que esta relación entre la policía y la delincuencia organizada sea muy evidente en Jalisco, pues recordó que es uno de los estados donde históricamente comenzó a hacerse visible la delincuencia organizada con el Cártel de Guadalajara, por lo que los nexos de las organizaciones criminales con policías tienen raíces históricas muy fuertes.

“No es algo nuevo, es algo que ya viene de tiempo atrás, por eso mismo es tan difícil de pronto desestructurar estas relaciones o estás porosidades entre el crimen y el Estado mexicano en sus diferentes niveles”, abundó.

El alto número de desapariciones, fosas clandestinas, las masacres y diversos actos atroces mantienen a Jalisco como uno de los epicentros de la inseguridad en el país.

Anuar García Gutiérrez, doctor en derecho y director en Jalisco de la organización México SOS, comentó que las estructuras delincuenciales han permeado en todas las capas de la sociedad y buscan el control policial. “El crimen en Jalisco ya dejó de ser aquél que solamente traficaba con estupefacientes y ahora está muy involucrado en temas empresariales, de gobierno y en temas de control o de intentar controlar a los policías”.

García Gutiérrez dijo que además hay un severo descontrol en las policías municipales y estatales, desde la incorporación de sus elementos hasta la supervisión y revisión de los que ya están en activo.

“Creo que si quieren que las policías trabajen mejor, pues obviamente se les tiene que capacitar, pero también se tiene que actuar con mano dura hacia adentro, porque muchas de ellas están infiltradas por el crimen organizado”, detalló el director de Jalisco SOS.

Rogelio Barba, especialista en seguridad en Jalisco, dijo en una entrevista con la agencia EFE que los vínculos de las policías municipales y estatales con los grupos criminales es “una práctica sistemática de las organizaciones criminales, sus operadores en el crimen forman parte de la delincuencia autorizada, la delincuencia institucional. Se pone en evidencia el contubernio entre los malos y quienes nos deben de proteger, lo que deja mal parado al esquema de seguridad ciudadana”, dijo.

INSEGURIDAD EN JALISCO

Jalisco es el tercer estado con mayor violencia homicida al registrar un total de 454 víctimas de homicidio doloso en el primer bimestre del 2020. En ese mismo periodo también se registraron cuatro denuncias de víctimas de secuestro y 106 por extorsión. Mientras que de 41 asesinatos de mujeres, la mayoría de las carpetas no se investigan con perspectiva de género, pues sólo el 19.51 por ciento (ocho casos) fueron clasificados como feminicidios.

Jalisco cerró el año 2020 con un total de dos mil 621 víctimas de homicidio doloso, apenas 1.65 por ciento menos que en 2019, el año más violento de esa entidad en el último lustro.

El recrudecimiento de la violencia en Jalisco más que cuantitativo, es cualitativo, explicaron expertos, es decir que los hechos cada vez son más sanguinarios: “Si bien es cierto que algunos indicadores podrían decirnos que está bajando un poco, lo cierto es que Jalisco es uno de los estados más violentos en nuestro país”, detalló Edgar Guerra, del CIDE.

David Coronado, jefe del laboratorio de Violencia del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, coincidió en que la violencia ha evolucionado y ejemplificó que ya no sólo se asesinan a las personas, sino que ahora se les priva de la libertad y en algunos casos los perpetradores arrojan los cuerpos de sus víctimas en zonas despobladas, ríos o cerca de sus casas, pero en muchos otros casos los entierran clandestinamente o los desaparecen de otra manera, lo cual es  una violencia aún más cruel.

La dimensión real de estas formas de violencia aún no se refleja en los datos de la incidencia delictiva, pues en materia de desapariciones la cifra negra es alta, según estiman diversos analistas. Además, los cuerpos encontrados en fosas clandestinas no se contabilizan en las estadísticas de homicidios dolosos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Estoy convencido de que la actual crisis de seguridad que vemos en Jalisco no solamente se debe a la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sino que también esta organización, como todos los carteles, atraviesa estos procesos de fragmentación y de diversificación de sus actividades y por eso vemos casos que no necesariamente están vinculados al narcotráfico (como la desaparición de personas) que pueden estar o no vinculados directamente al CJNG, pues recordemos que este cártel tiene una fuerte presencia en el estado y prácticamente nada se mueve en este territorio si no es con la permisividad del CJNG”, detalló Edgar Guerra.

Jalisco es el estado con el mayor número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas con un total de 433 cuerpos, es decir, el 42.96 por ciento del total nacional. Además, también es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas, al menos 12 mil 343 desde el año 1964 hasta el 14 de abril.

Las desapariciones, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizadas (RNPDNO), repuntaron a partir del año 2017 y fue en el año 2019 donde se presentó el pico más alto con un total de 2 mil 53.

“De repente nos pusimos en primer lugar en desapariciones del país, creo yo que esa Fiscalía Especializada para Desaparecidos tiene mucha carencia de recursos, materiales, humanos, tecnología, la falta de protocolo federal homologado para la búsqueda de personas: a veces les han dicho a muchos que tienen que esperar 72 horas para llegar con las búsquedas, cuando el protocolo dice que las primeras 24 horas son las más importantes, y todo esto va de la mano con la falta de recursos con que se quedó Jalisco”, indicó Anuar García.

LA IMPUNIDAD, OTRO FACTOR

La impunidad que se ve reflejada desde las fiscalías al hacer malas investigaciones y en los poderes judiciales que no resuelven casos es otro gran problema para la inseguridad y violencia en todas sus vertientes.

Nancy Gómez Figueroa, la agente del Ministerio Público que denunció corrupción en la Fiscalía de Jalisco, señaló en entrevista con SinEmbargo que su caso es uno de tantos que son una muestra de la impunidad. Su historia no es desconocida en Guadalajara, pues en semanas anteriores ella dio a conocer y diversos medios replicaron la grabación y su denuncia contra su entonces jefe, Marco Antonio, quien le habría pedido alterar datos para no judicializar el arresto de un menor de edad detenido por el delito de secuestro.

La abogada platicó que en ese entonces ella recurrió al Fiscal General de Jalisco con la falsa creencia que tendría ayuda, pero no ocurrió así y solo fue el comienzo de una serie de hostigamientos y agravios que, aseguró, iniciaron con el aislamiento y acoso laboral, luego la remoción de su cargo y posteriormente escalaron a la fabricación de delitos.

Gómez relató que también interpuso la debida denuncia ante la Fiscalía de Corrupción de Jalisco, pero lo único que ha obtenido, lejos de justicia o una investigación debida, ha sido el peso de toda la maquinaría de la Fiscalía en su contra. Llevó su caso también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ninguna instancia ha garantizado una investigación adecuada.

Desesperada por encontrar justicia y en busca que su caso no se repita con alguna o algún otro funcionario, presentó ante Congreso local una solicitud de juicio contra el Fiscal General, Gerardo Solís Gómez, y el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, por acoso laboral, violencia de género y corrupción.

Los responsables de las amenazas, agresión por violencia de género y el hostigamiento constante no han sido sancionados. Sus denuncias no han prosperado y, en contraste, ella es quien lucha contra marea, primero en contra de la remoción de su cargo y ahora para defenderse de falsas acusaciones y delitos que le han fabricado.

El nivel de impunidad en Jalisco es del 96.2 por ciento, donde sólo cuatro de cada 100 delitos se castigan, de acuerdo con el estudio “Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal” de la organización México Evalúa.

“Aunado a que existe una coordinación entre la autoridad federal, la estatal y la municipal para trabajar de manera conjunta y si lo sumas a que el Poder Judicial tiene un nivel de eficacia muy pequeño en contra de los delincuentes, pues es una tormenta perfecta para que el crimen organizado pueda actuar con una total impunidad”, comentó Anuar García.

DESCOMPOSICIÓN POLICIAL

La madrugada del pasado 14 de abril, policías municipales de Puerto Vallarta golpearon y detuvieron arbitrariamente al padre de una niña que fue víctima de abuso sexual por parte de un ex funcionario de esta corporación, según se muestra en un video difundido en redes sociales por la activista Sandra Quiñones. Tres policías fueron cesados de su cargo por la agresión, confirmaron autoridades un día después.

La suspensión de los tres elementos preventivos de Puerto Vallarta así como la vinculación a proceso de siete policías por la desaparición forzada de una familia en Acatic son tan solo dos de los últimos acontecimientos que han dejado al descubierto la descomposición policial en Jalisco.

Edgar Guerra dijo que el problema con las policías es que existen múltiples e mecanismos laxos que fallan, inapropiados, no profesionales, hay evidentemente una escasez de recursos financieros para pagar a los policías y también de recursos de profesionalización, organización, de rendición de cuentas.

Por su parte, Anuar García reiteró que hay un serio descontrol en la integración de las policías, el cual, se registra desde el ingreso de los ingresos de los agentes. Ejemplificó que en los procesos de selección uno de los primeros filtros es el examen de polígrafo, pero eso no es una prueba fehaciente.

“Muchos malos elementos se quedan y muchos buenos elementos se van porque estamos utilizando una prueba que es un volado al aire y se tiene ese gran problema. Por otro lado, hay policías que están reprobados y siguen trabajando”, expuso.

Los responsables de tal desorganización son autoridades locales y regionales, en concreto el coordinador de Seguridad Pública del Estado y el Secretario de Seguridad Pública estatal, quienes son “los que tienen que poner ojo para depurar las policías y para eficientarlas.

“El control directo de los policías municipales es del Presidente Municipal de cada ayuntamiento, pero ellos tienen un convenio con el Estado, la Seguridad Pública del Estado puede intervenir en cualquier momento a otro para tomar el control de las mismas, el problema es que cuando han sido intervenidas las policías del Estado de Jalisco, pues nada más los mandan a tomar unos cursos y no se obtienen resultados”.

AUTORIDADES SE ECHAN LA BOLITA

Otro grave problema es que las autoridades, tanto estatales como federales, se culpan entre ellas y nadie se responsabiliza. Las autoridades estatales, en su caso, de aplicar los controles y la federación por fortalecer las corporaciones preventivas y estatales.

“El mismo Gobernador ha llamado al Presidente para que viniera a atender el tema de la seguridad, pero se les olvida que el primer respondiente del municipio es el que tiene la proximidad social y en intervenir en cualquier tipo de delito, cosa que no sucede la práctica. El segundo en responder es el estado, que tenemos aquí la Policía Estatal y la famosa Policía Metropolitana que no funciona porque no tiene recursos, pero efectivamente ellos tendrían que intervenir. Ya después es la Guardia Nacional, que por competencias sí les toca atender el tema del crimen organizado, pero la verdad no hay acciones de inteligencia para desarticular a los grupos que se dedican a la delincuencia organizada”, abundó García.

El activista dijo que la Guardia Nacional tampoco ha sido la solución, pues aseguró que este reciente cuerpo de fuerzas federales ya promedia al menos unos 7 mil 500 elementos en la entidad, pero en la práctica solo promedia 3 detenciones al día.

Nadie quiere combatir al crimen organizado como tal, insistió. “El Gobernador hizo un llamado a la Federación para que interviniera y la Federación se lava las manos. La Guardia Nacional no llega a los eventos que son de alto impacto y en el inter la ciudadanía somos los que estamos sufriendo por estos golpes de alto impacto y la poca eficiencia de las autoridades y no se ve que vaya a haber una respuesta, no al menos antes de las elecciones que nos esperan en junio”.

“No digo que no haya esfuerzos actuales de los gobiernos estatales y federales para tratar de desarticular esta simbiosis entre la delincuencia y las policías, el asunto es que se trata de un problema histórico y tampoco es una tarea tan sencilla”, comentó Edgar Guerra.

El investigador del CIDE dijo que son varios los elementos que hay que tomar en consideración en cuanto a las fallas en las policías, sin embargo, consideró que el principal motivo es que no hay voluntad política de acometer una reforma profunda a las policías, un tema que se planteó desde hace diez años, pero que luego se dejó de lado.

“No se ha retomado un verdadero proyecto de reforma al sistema de procuración de justicia en general, pero en particular a las policías y al fortalecimiento todos los procesos que llevan desde el ingreso de un policía hasta su eventual egreso”, comentó.

La falta de controles de confianza eficaces, escasez y recortes de recursos para capacitación y profesionalización, y sobre todo la impunidad a quienes comenten un delito, son parte de los principales problemas que aquejan a las corporaciones, de acuerdo con los especialistas.

“Entonces, tenemos una policía en la que no confiamos, mal profesionalizada, sin recurso, sin capacitaciones, sin controles, sin mecanismos de rendiciones de cuentas y tenemos una política que no tiene la voluntad para reformar esto”, concluyó Guerra Blanco.