A un año del intento de ejecución contra cinco integrantes del FNLS

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2016

A las organizaciones populares e independientes

A los medios de comunicación nacional y del extranjero

A los organismos defensores de los derechos humanos

Al pueblo en general

A un año del intento de ejecución extrajudicial contra cinco integrantes del FNLS

A un año del intento de ejecución extrajudicial contra cinco integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en la Ciudad de México, el Estado mexicano cobija con la impunidad a los autores materiales y pretende condenar al olvido el caso para continuar con la política de terrorismo de Estado contra el conjunto del movimiento popular y de manera particular, el desarrollo de la ofensiva represiva diseñada por los cuerpos policíacos y militares contra nuestra organización.

Un año ha transcurrido, tiempo que es suficiente para corroborar que el autor material de este acto criminal debió salir de las estructuras de los cuerpos represivos y recibió de éstos todo el resguardo para cometer sus fechorías, porque por ningún motivo cabe la idea que haya podido actuar con tal impunidad en ese lugar de la ciudad flanqueada por centros operativos de distintas corporaciones policíacas locales y federales.

La constante represión de que somos objeto en los estados donde tenemos presencia y arraigo, abona a comprender que este acto criminal no fue fortuito ni causal, demuestra que este se cometió con la premeditación y alevosía para tratar de infringir un daño irreversible, no sólo en la integridad física de nuestros compañeros, sino en todas las colectividades que desarrollamos práctica política en el movimiento popular.

Es la viva expresión del rostro represivo que identifica a la actual administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto y los gobiernos locales. Lejos de atender las profundas consecuencias que provocan el descontento popular, se cometen a diario cientos de crímenes de lesa humanidad y de Estado que profundizan aún más las consecuencias nefastas de este régimen neoliberal.

El hecho de que el agresor no haya concretado el objetivo de ejecutar extrajudicialmente a nuestros compañeros, no diluye la esencia de este crimen atroz, porque está claro que el móvil de este acto fue eminentemente político; para intentar acallar una voz de denuncia en el pueblo, para tratar de detener el avance de un esfuerzo colectivo de organización, para abrir una herida en las masas populares que conduzca a la frustración.

Sin embargo, el terrorismo de Estado no siempre logra sus objetivos, a pesar del ingente esfuerzo que realizan los agentes del Estado por crear el terror, por generar la zozobra y la dispersión, el pueblo responde con mayor firmeza, mayor creatividad y combatividad. Esto significa que en las masas populares han adquirido conciencia del origen de la violencia de Estado, que se empieza ubicar al responsable de los crímenes de lesa humanidad.

No es la actitud mesiánica de responder con la otra mejilla, de poner los presos, los detenidos desaparecidos y los ejecutados extrajudicialmente, la que mueve nuestra iniciativa, es la actitud creadora que poseemos las masas proletarias de responder con decisión ante un escenario adverso, es el derecho inalienable que tenemos a luchar por los cambios que demanda nuestra sociedad, es la conciencia de clase que se adquiere ante los gobiernos que no representan nuestros intereses.

A un año de aquel acontecimiento, las investigaciones sobre el caso no sólo no arrojan cambios sustanciales para dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho, sino que desde el argumento jurídico se intenta eludir la responsabilidad del gobierno mexicano en el hecho, bajo la tesis de que forma parte de la estadística de violencia común en la ciudad.

En esencia se intentó arrancar de tajo la vida de 5 integrantes del FNLS, y con ello, se trató de minar las banderas de lucha que enarbolamos, por lo tanto, toda explicación jurídica o de otra índole para endosar el crimen a la delincuencia común, construye una maniobra perversa para garantizar impunidad a los perpetradores. Lo que significa que se atentó contra la vida de nuestros compañeros, acto del cual, algunos tienen secuelas para toda su vida.

Para nosotros es claro que se trata de una ofensiva represiva del Estado contra nuestra organización, política que no es ajena a lo que acontece a nivel nacional contra el pueblo organizado y no organizado. Los hechos represivos en distintos estados donde tenemos presencia y arraigo son un ejemplo de la sistematicidad con que se ejecuta esta ofensiva a través de los cuerpos represivos policíacos, militares y paramilitares.

Lo acontecida aquella mañana del 7 de noviembre de ninguna manera se puede desligar de los demás sucesos represivos en nuestra contra; la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el 5 de marzo de 2016;  el intento de tomar por asalto el ejido El Carrizal, Chiapas, el 8 de agosto de 2016 por parte del grupo paramilitar los “petules”; el intento de desaparición forzada de la compañera María Sántiz López, en Ocosingo, Chiapas, el 10 de agosto de 2016 por este mismo grupo; el hostigamiento, detenciones arbitrarias y campañas de criminalización y descalificación contra los compañeros en Michoacán…

Esta política contrainsurgente es diseñada desde de las instituciones encargadas del trabajo de inteligencia para detener el avance del movimiento popular y contener el descontento, que cada vez se manifiesta en los distintos sectores que son tocados por ésta y sienten en carne propia los efectos de las reformas neoliberales.

En nuestro caso al defender nuestros derechos y libertades políticas se intenta criminalizar y descalificar a través de los medios de comunicación oficiales, los cuales fungen el papel de inquisidores al señalar como “radicales” o “delincuentes” las luchas del pueblo, en cambio a los cuerpos represivos se les premia por reprimir, asesinar, torturar, detener y desaparecer a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, revolucionarios y activistas políticos.

No debemos perder la memoria histórica, no debemos olvidar a los verdaderos criminales de Estado, a los que tienen las manos manchadas con sangre del pueblo, debemos identificar quiénes son los represores, asesinos del pueblo, seguir con la exigencia de juicio y castigo a los responsables para conocer la verdad de los hechos.

El 7 de noviembre de 2015 se intentó detener la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos que de manera solidaria hemos enarbolado, en particular la de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de exigir que se cumpla con la resolución 29/2014, por ser este un caso que comprueba contundentemente la responsabilidad del Estado mexicano en el cometido de crímenes de lesa humanidad.

No vamos a dejar de exigir juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, de denunciar la política del Estado mexicano contra nuestra organización. No son las balas, los toletes, la represión lo que nos hará desistir del derecho que tenemos a luchar por mejores condiciones de vida.

Ante un incremento de la represión mayor es la movilización; ante la criminalización y descalificación la denuncia política. Ante el terrorismo de Estado, acciones políticas de masas de carácter combativo.

Fraternalmente

¡Por la unidad obrero, campesino y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

¡Por la unidad obrera, campesino y popular!

¡A impulsar y organizar la lucha por el socialismo!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Correo electrónico: fnls.mexico.fnls@gmail.com

Facebook: fnls.fnls

Http// fnls.mayfirst.org