ALFIL

06 Noviembre 2013

Golpe a la transparencia

Roberto Piñón Olivas

Es inentendible la intención de elevar a rango constitucional la autonomía -actualmente técnica y endeble- del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y de manera simultánea, abrir la puerta para echar abajo uno de los principios que le otorgan esa independencia en sus resoluciones, que es la inatacabilidad y definitividad de las mismas.

Ya anteriormente el Senado de la República había enviado a la Cámara de Diputados una minuta de acuerdo legislativo, en la cual se incluía la posibilidad de que tanto el Banco de México, como la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pudiesen tener facultades de apelar resoluciones del instituto de transparencia, pero la Cámara de Diputados la echó abajo.

Ahora la historia se repite pero a la inversa: el dictamen procedente de la cámara baja es modificado por los senadores, para incluir las reservas que implican una judicialización de la transparencia en el país.

Es cierto que la posibilidad de recurrir las determinaciones del órgano de transparencia se limitan únicamente a la presidencia de la república, a través de la consejería jurídica y al Banco de México, bajo el argumento de poner en riesgo la estabilidad económica del país.

Sin embargo, la reserva de información o en su caso la confidencialidad, en términos generales y particulares, ya han sido abundantemente desarrollados en la legislación primaria y secundaria de transparencia. En esta normatividad se especifican los supuestos por los cuales es atendible negar la información a los ciudadanos durante un determinado periodo de tiempo, o bien, cuando por razón de contener datos sensibles, debe generarse una versión pública o de plano, considerarse la información como confidencial.

La nueva reserva mediante la cual dos órganos de gobierno, uno por cierto constitucionalmente autónomo responsable de la política monetaria del país, no se explica fuera de estos parámetros ya desarrollados. Parece un exceso, que nulifica la pretensión de fortalecer el principio de máxima publicidad y apertura de la información.

Pero además, es un contrasentido: por un lado la propuesta de reforma en materia de transparencia busca otorgarle el rango de autonomía constitucional al órgano, y por el otro le cercena uno de sus principios más relevantes, la definitividad e inatacabilidad. Es abrir la puerta para que luego después exista la tentación de que otros órganos busquen abrirse camino para apelar las decisiones de transparencia, haciendo nugatorio el derecho constitucional que a la misma tienen todos los ciudadanos.

La autonomía constitucional y la posibilidad de que los ciudadanos demanden información a sindicatos o partidos, principales reformas del nuevo modelo de transparencia que estamos por inaugurar en el país, pierden vigencia y relevancia ante una decisión de esta naturaleza.

No se trata de impedir que presidencia reserve información que pueda resultar dañina para el país, ni poner en riesgo la estabilidad económica, lo que está en juego es evitar las excepciones a la regla, que luego se vuelven la misma regla.

EN EL TABLERO…Imelda Sosa, maestra de telebachillerato, cumple siete días en huelga de hambre frente al palacio de gobierno de Chihuahua, para exigir justicia laboral…el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua prepara para fines de noviembre la semana de la contaduría, con la presencia de personalidades del ámbito nacional…El Instituto fue uno de los principales opositores a la reforma hacendaria, por sus efectos dañinos hacia el gremio y los contribuyentes en general…