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Por: Ángel Cabrera, Karina Aguilar y Daniela Wachauf/Redacción 24 Horas/El Diario sin Limites
CIUDAD DE MEXICO, 27 de agosto de 2020./Redacción 24 Horas/El Diario sin Limites.- Para juzgar a los expresidentes de México no es necesaria una consulta pública como la que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, coinciden expertos y legisladores.
Incluso Enrique Peña tiene una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la denuncia presentada por Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.
Durante su conferencia mañanera, ayer, en Torreón, Coahuila, López Obrador rechazó convertirse en el verdugo de expresidentes y reiteró que la consulta popular es la vía para decidir si se somete a proceso judicial a los ex mandatarios.
Sin embargo, la FGR cuenta con autonomía para investigar, procesar, y en su caso, llevar a juicio a los ex presidentes, a partir de las denuncias y su comprobación.
López Obrador se pronunció porque se inicie el proceso de solicitud de consulta pública, para lo cual será necesario recabar al menos 1.6 millones de firmas de los ciudadanos.
De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, las consultas populares sólo pueden llevarse a cabo por hechos de trascendencia nacional o regional; la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de validarlas y sólo se pueden realizar el primer domingo de agosto.
Una consulta también puede ser solicitada por el mismo Presidente o por el Legislativo.
Al respecto el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que será el domingo -en el marco de su reunión plenaria- cuando su bancada decida la Agenda Legislativa que impulsarán a partir del 1 de septiembre, incluido el tema de la consulta.
Sin embargo, reconoció que para juzgar a los ex presidentes “basta con que el Ministerio Público, la Fiscalía, los vincule a proceso con los elementos que existen”.
En tanto, el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, resaltó que la Ley no se somete a consulta, “se aplica”; por lo tanto calificó como una “cortina de humo”, la consulta que impulsa el primer mandatario, “para simular su ineptocracia, ante la atención de la crisis de la pandemia”.
El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, coincidió en que se puede proceder en contra de los ex mandatarios, utilizando los cauces legales que ya existen; pero “es obvio que es una estrategia electoral, para llevar uno de sus temas de la agenda política a la elección de 2021”.
Dijo que el Presidente sabe que podría perder la mayoría en la Cámara de Diputados y en algunos congresos locales, de ahí su insistencia en llevar una de sus propuestas de campaña a la elección del próximo año.
El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, declaró que para que proceda una consulta popular deben aprobarse diversos requisitos, sin embargo, la aplicación de la ley es uno de los temas que no pueden ser sometidos a consulta.
“No es procedente, pero de fondo el Presidente quiere tener un tema que le reditúe políticamente en la elección de 2021 para retener su mayoría en el Congreso”.
Sin fuero
El abogado penalista Juan Luis Gómez Jardón también consideró que no es necesario para hacer cumplir la ley una consulta ciudadana para decidir si se juzga a los expresidentes.
“Lo único que se requiere es el requisito de procedibilidad que es la denuncia o querella en contra de cualquiera de los ex mandatarios”, manifestó el abogado a 24 HORAS.
Gómez Jardón, subrayó que la Constitución regula que todos somos sujetos de derecho con las disposiciones reglamentarias.
Explicó que los expresidentes son ciudadanos comunes y corrientes, ya cumplieron su mandato constitucional, llevaron a cabo su administración.
“Ya no tienen fuero y ningún tipo de responsabilidad, lo más interesante es saber cuál será el motivo delictivo que les van a imputar, porque tienen que ser indagados, y judicializar los hechos al juez de la causa…No hay necesidad de consultar al pueblo para cumplir la ley
“Desconozco qué hechos delictuosos pretendan indagar, muchas de las figuras delictivas están prescritas y de los expresidentes más recientes ignoro qué tipo de delitos pretendan imputarles, sobre todo ¿quién va a presentar la denuncia? ¿La Auditoría?, ¿El Sat?”.
Según el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, existen otros obstáculos dentro de la Ley de Consulta Popular y la Constitución, porque “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, ni las garantías para su protección”, por ejemplo, la presunción de inocencia.
Ugalde señaló que si hay indicios de presuntos delitos de los ex presidentes “se debe proceder simple y llanamente”.