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MÉXICO, D.F., 15 de Octubre de 2013.-La Comisión de Salud aprobó reformas a la Ley General de Salud para sancionar con cuatro a siete años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a la persona que desvíe recursos, numerarios o en especie del Sistema de Protección Social en Salud.
El dictamen a una iniciativa que forma parte de la reforma hacendaria y de seguridad social, pretende una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, asegurando que los recursos que se transfieren se usen de la mejor manera y para los fines asignados.
También prevé disociar el vínculo entre el financiamiento y la prestación y establece la separación de funciones entre el financiamiento que se debe efectuar por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y la prestación de servicios.
Se sancionará con 4 a 7 años de prisión y una multa de mil a 500 mil días de salario mínimo
La iniciativa también busca el fortalecimiento de los mecanismos de información y de los marcos de rendición de cuentas.
Además se detalla que la protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso, en el momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de los afiliados.
En lo particular, se aceptó la reserva propuesta por el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, al Artículo 469 Bis de la Ley General de Salud, a fin de que la pena mínima de prisión para quien desvíe los recursos del sistema sea de cuatro años y no de dos como se establecía en la iniciativa del Ejecutivo federal.
Al explicar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, Isaías Cortés Berumen, expresó que se establece una serie de elementos que permiten consolidar a la SSA como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud.
Indicó que define a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud como estructuras administrativas que realizan las acciones que en dicha materia provea la Secretaría de Salud (SSA) o que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en la materia en las entidades.
En tanto, los priistas María de las Nieves García Fernández, Francisco Javier Fernández Clamont, Lizbeth Loy Gamboa Song, Zita Beatriz Pazzi Maza y Leobardo Alcalá Padilla manifestaron que la reforma otorgará transparencia a las entidades para el uso de los recursos en relación a las acciones médicas que deben llevar a cabo.
Destacaron que la transferencia podrá ser numeraria o en especie, lo que garantizará el abasto de medicamentos. Además, generará ahorros gubernamentales y eficiencia en el manejo de los recursos en todos los estados.
En tanto, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Antonio Sansores Sastré, Eva Diego Cruz y Martha Lucía Mícher Camarena resaltaron la necesidad de que se puedan fiscalizar los recursos del sistema y que sean ejercidos con transparencia.
En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Raquel Jiménez Cerrillo, argumentó que esta reforma dará beneficio a los usuarios del Seguro Popular.