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MEXICO, D. F., 03 de Septiembre de 2014./ASICh.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federales, que preside la legisladora chiapaneca Arely Madrid Tovilla, aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en aras de la seguridad y certeza jurídica, pilares de la democracia y eje rector de todo Estado de Derecho.
Al solicitar a sus compañeros legisladores el voto positivo para la aprobación de la iniciativa, la diputada Madrid Tovilla señaló que se trata de un trabajo de todos los integrantes de esta Comsión legislativa, quienes con una visión plural, incluyente y el ánimo de velar en todo momento por los intereses de la ciudadanía, encaminan sus esfuerzos para el perfeccionamiento de las normas en pro de la agilización de los procedimientos administrativos y la reducción del rezago de la justicia administrativa.
Para el caso de procedimientos administrativos iniciados de oficio por la autoridad, anotó que la reforma en mención prevé que éstos se entenderán caducados no solo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los casos que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses.
Le diputada anotó que la caducidad es una institución procesal que encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica, en tanto que evita la incertidumbre que supone un procedimiento dilatado; es decir, agregó, la razón de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia, expeditez y oportunidad de un procedimiento en cuanto al tiempo, para no dejar abierta las posibilidades de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino por el contrario observen y entiendan a cabalidad las reglas que establecen el nacimiento y conclusión de sus facultades, para no dejar incertidumbre y arbitrariedad, sino por el contrario generar transparencia y legalidad en todas las etapas procesales.
Con la reforma, se busca que las autoridades administrativas cumplan plenamente sus funciones procedimentales en plena observancia del principio de legalidad y evitar que los ciudadanos que sean sujetos a un procedimiento administrativo iniciado de oficio se encuentren subyugados a éste por tiempo indeterminado, pues ello vulnera sus derechos y crea incertidumbre en cuanto a su estatus jurídico.
Madrid Tovilla indicó que la reforma viene a fortalecer la figura de la caducidad sin causar ningún perjuicio al gobernador y sin violar el orden público e interés social perseguido por el Estado. Con la adición propuesta por los diputados Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía Berdeja, se birnda, por una parte, mayor seguridad y certeza jurídica, y por otra parte en pro del derecho fundamental a una justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Carta Magna.
También, reconoció que con el trabajo de los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se avanza en la tarea de generar normas que nos permiten contar con un México más justo, donde se tutelan de manera real y efectiva los derechos de todos los ciudadanos./ASICh