ARTÍCULO ÚNICO

25 septiembre 2018

Angel Mario Ksheratto

¡Ya para qué!

Era lo que faltaba a la saliente administración: el primer periodista asesinado en 26 años, desde aquel fatídico 2 de febrero de 1992, cuando fue acribillado el columnista Roberto Mancilla Herrera. La persecución a periodistas en Chiapas, ha sido sistemática y por lo general, la represión es oficial; proviene de personajes incrustados en cualquier orden de gobierno. Desde las llamadas “de atención” por publicar lo incómodo, hasta la abierta cacería que hasta ahora, había alcanzado el destierro, el secuestro y el encarcelamiento.

«Las circunstancias son distintas», me dijo un funcionario que intentó defender a la actual administración del señalamiento de omisión y negligencia, en el asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez, ocurrido en Yajalón, hace apenas unas horas.

Cierto es que ahora, hay otros actores e intereses y otros negocios y ganancias; no obstante, está la agravante contra la autoridad, principalmente, en el caso de la Fiscalía General del Estado, que tuvo amplio y pleno conocimiento de las amenazas de muerte previas al crimen y no activó ninguno de los protocolos para garantizar la seguridad de Mario Gómez.

Fue la Fiscalía, omisa, negligente, incompetente e indiferente. Si en éste momento se le exigiese una copia de las actuaciones ministeriales, los testimoniales, las amonestaciones, las declaraciones y los resultados de la investigación, muy probablemente, no la tendrían. Así ha ocurrido en decenas de denuncias presentadas por periodistas.

La Fiscalía Especial para Atención de Periodistas, no ha procesado un solo caso en contra de los que han sido señalados de atentar contra la Libertad de Expresión. El titular de ésta (cuyo nombre pocos saben), fue puesto ahí, solo para generar un gasto innecesario, puesto que si hablamos de resultados, no hay uno solo para presumir. Seamos francos: esas “fiscalías especiales”, solo sirven para justificar sueldos a recomendados o amigos de altos funcionarios.

Una vez que se supo del artero asesinato del periodista de Yajalón, el Fiscal General salió corriendo a esa municipalidad para encabezar las investigaciones. ¡Ya para qué! Demasiado tarde. Junto con él, otros encumbrados en el gabinete, concurrieron a las exequias con su “pool” de prensa para que las condolencias, no pasasen desapercibidas. ¿Para qué? No es momento para la foto, ni para presumir el lado “humano”, sino para responder, primero, por qué se dejó sin protección al periodista Gómez Sánchez y segundo, para ofrecer resultados reales, autores verdaderos. Lo demás, es oportunismo.

La tarde de éste lunes, la Fiscalía dio a conocer los nombres de los presuntos autores intelectuales del crimen. Son, dice la dependencia, miembros de una banda de narcomenudistas… Horas antes, esa misma institución, negó que existan en Chiapas, cárteles de la droga. Las constantes contradicciones, desacreditan per se, todas las actuaciones, a menos que junto a éstas, se presenten pruebas inatacables y lejanas al escepticismo.

No solo el asesinato de Mario Gómez, cimbró a la prensa chiapaneca el pasado fin de semana. El “Triboulet” de la Moderna Corte, conocido como Julión Álvarez, amenazó, a través de su “departamento LEJAL” (sic), con demandar a tres medios digitales, un organismo defensor de los derechos humanos y a periodistas varios, bajo la acusación de difundir “mentiras” a costa de su bufona carrera.

Álvarez, que hasta hace unos años renegaba su nacencia chiapaneca, es uno de los grandes favorecidos en la actual administración con jugosos contratos para presentarse con su estridente música en diferentes escenarios.

La embestida contra medios de comunicación, periodistas y organismos no gubernamentales, está en marcha, lo cual preocupa. Preocupa, porque aun cuando, por presiones sociales, resuelvan los atentados contra la libertad de expresión, tales acciones son tardías. Y son además, signo inequívoco que las instituciones del Estado, han fracasado rotundamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La urgencia es doble; por una parte, que los encargados de las instituciones, como único y último acto de congruencia con sus obligaciones constitucionales, garanticen la paz y la seguridad pública y por otra, que renuncien, si no tienen la capacidad y voluntad de trabajar para el bien de los chiapanecos. O que sean destituidos. No podemos seguir a la merced de poderes fácticos y grupos al margen de la ley, que irrespetan la vida humana.

En ese contexto, no está demás pedir —¡EXIGIR!—, la renuncia de Carlos Tovilla Padilla como Fiscal para la Atención de Periodistas, toda vez que ha sido inútil e ineficiente. Y por supuesto, la desaparición de esa Fiscalía que solo representa un gasto imprudente. Pd.: Mi solidaridad con Vinicio Portela, a quien enviaron inusitada advertencia, desde una cárcel.