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ARTÍCULO ÚNICO

22 enero 2019

Angel Mario Ksheratto

¿De quién son los muertos?

El remolino de eventos primarios del pretendido cambio de régimen, ha dejado poco tiempo para la reflexión a fondo, de tal manera que pareciera que estamos, constantemente, tapando un hoyo con otro más grande. No es fácil entender el ritmo de cambios en un país acostumbrado a la indiferencia y la inacción; al conformismo y la salutación adquirida a precio de despensa.

Lo que encontramos cómodo es el posicionamiento del Gobierno Federal, frente a la tragedia de Tlahuelilpan: “Es culpa de los que gobernaron antes”. Y sí, de la corrupción, la impunidad, el encubrimiento, el enriquecimiento ilegal de gobernantes, legisladores, jueces, dirigentes partidistas y líderes sindicales, se deriva la malaventura de cientos, miles, millones de gentes en éste país.

Pero la tragedia reciente, también tiene sus orígenes en la negligencia, la omisión, la inacción oficial, la nula eficacia de los protocolos, las decisiones al vapor y la carencia de estrategias específicas, para contrarrestar los efectos de una práctica que se enraizó en lo más profundo de una sociedad anclada en programas populistas para subsistir.

¿En qué momento perdimos la capacidad de asombro y la buena voluntad para, por lo menos, solidarizarnos con los mexicanos caídos en desgracia? En las “benditas” redes sociales (así calificadas por el presidente López Obrador), afines al gobierno, defendieron la lucha contra el huachicoleo, con duras condenas para las víctimas de la explosión que, en cuestión de minutos, recorrió el mundo.

Es inocultable la imprudencia e irresponsabilidad de los habitantes de Tlahuelilpan, quienes, según versión presidencial, se tornaron agresivos contra los efectivos militares y la Policía Federal que intentó persuadirlos de no acercarse al lugar de la fuga de gasolina; ello, sin embargo, no faculta a nadie para incluso, hacer mofa de la tragedia. Y menos a quienes, en defensa de una acción gubernamental con distintivos de fracaso, se burlan y sentencian al infierno a los que al final, son victimizados una y otra vez.

Llama la atención que se señale, con nombres y apellidos, a los culpables de ésta y otras tragedias mexicanas, pero que, en el ejercicio pleno del poder, no se les lleva a los Tribunales. Si —como dice el recién estrenado gobierno lopezobradorista—, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son culpables, lo idóneo, lo conducente en un país democrático y de leyes, es enjuiciarlos. Acusarlos sin aplicarles la ley, es convertirse en cómplices de éstos; es encubrirlos y por tanto, se comete delito porque, teniendo las pruebas, solo se recurre al linchamiento mediático.

Porque en el fondo, pareciera que se intenta sacudirse de toda responsabilidad. Tradición hay sido que desde hace muchos años, los muertos de cada sexenio, se atribuyen al presidente en turno. Las masacres de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, todas ésas y otras acciones violentas planeadas y ejecutadas por el Estado, han tenido implícitamente, al presidente como responsable.

¿Por qué no asumir la responsabilidad que implica el poder político? ¿Por qué buscar en el pasado los cadáveres y fantasmas para asustar con petates roídos? Y si son culpables, ¿por qué no encarcelarlos?

El México trágico y sometido por la violencia, debe tener una salida; ésta no se logrará con manotazos, ni con indiferencias y menos, con actos irresponsables y surgidos de la atrevida imaginación. Cierto es que para avanzar, debe haber sacrificios, pero los sacrificados, no deben ser los mismos de siempre: los pobres y marginados; los olvidados, los que solo son carne de cañón.

Transitorio

La Fiscalía chiapaneca ha estado muy activa en las últimas semanas; pero también ha estado en el ojo del huracán por el tema de Sinar Corzo, defensor de los derechos humanos asesinado en Arriaga. A favor, hay que decir que activó mecanismos para detener a personas acusadas de feminicidios y a otros delincuentes que desde los tres últimos sexenios, seguían libres, sin pagar por sus delitos.

En lo tocante a Sinar, el abogado y la esposa de Apolinar “N”, han acusado a esa dependencia de haber cometido varias pifias que se supone, ya no son permitidas en la Cuarta Transformación. Ahí, el Fiscal debe salir a decir la verdad y nada más que la verdad.

En lo otro, nos dicen que su tarea será superar el déficit que hay en cuestión de detenciones de delincuentes que antes, gozaron de impunidad. No son pocos, aseguran. De hecho, hay una preocupación alterna: falta de espacios carcelarios para muchos prófugos y beneficiados del viejo régimen.

http://ksheratto.blogspot.com

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