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30 abril 2019
Angel Mario Ksheratto
Auditores corruptos
Muy conveniente… Wendy Guadalupe Lorenzana Domínguez, no pudo encontrar un aliado mejor para defraudar al Estado, que su actual jefe, un alcalde dicharachero, pero al mismo tiempo, torpe. Patán, para decirlo en términos costeños. Juntos pretenden estafar al Ayuntamiento y a la secretaría de Hacienda, mediante el cobro indebido de un millón 200 mil pesos por concepto de un laudo arrastrado desde el año 2007.
Lorenzana Domínguez y Manuel Narcía Coutiño, edil de Tonalá, planearon el hurto cuando iniciaron las pláticas para que el Partido Verde Ecologista, postulara al exsecretario de Pesca para la alcaldía; fue condición inapelable que una vez en el poder, el Ayuntamiento pagase a Lorenzana, dicho laudo, bajo el alegato de despido injustificado, cuando en realidad, fue cesada por abusos cometidos contra los trabajadores municipales y porque, al terminar la gestión de Miguel Angel Gordillo Vázquez como alcalde, ella debió renunciar.
A Wendy Lorenzana, Manuel Narcía le otorgó el nombramiento de Auditora Interna del Municipio. Desde esa posición y con la complicidad del alcalde, la funcionaria ha logrado “un acuerdo”, para que la Tesorería la pague el millón 200 mil pesos en “módicas mensualidades”.
Con ello, el edil y la Auditora, violan la Ley del Servicio Civil, que establece que los laudos e indemnizaciones, quedan sin efecto, cuando el demandante, es contratado para seguir prestando sus servicios en la misma institución. Por otro lado, la misma ley dice que el pago de laudos, debe hacerse en una sola presentación, lo cual, como ya hemos dicho, no podría efectuarse, en virtud de tener ésta, empleo fijo y bien remunerado en el Ayuntamiento de Tonalá.
Ese municipio cuenta con 84 sentencias a favor de trabajadores despedidos injustificadamente; solo la auditora Lorenzana, recibirá el pago, en tanto que los 83 restantes, se quedarán sin éste. El argumento del alcalde es que no hay recursos financieros. Los laudos se vienen arrastrando desde el año 2001 y, curiosamente, el de Wendy Lorenzana, es el más alto; los demás oscilan entre tres mil y 430 mil pesos.
Llama la atención que otros empleados de mayor rango despedidos y con laudos desde el 2001, no alcanzan la cantidad con se ha visto beneficiada la Auditora en cuestión, quien además, es acusada de abusos, intimidaciones, amenazas, insultos y acoso laboral, por parte de trabajadores de la actual administración, con lo cual, viola la Ley de Servidores Públicos y la Ley Federal del Trabajo.
Lorenzana Domínguez, no solo aprovecha su cargo para cobrar un laudo que ya no le corresponde, de acuerdo a la ley; también lo utiliza para desviar recursos y favorecerse a sí misma. A varios jóvenes los ha inscrito en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, a cambio que le den una parte de los recursos que les son entregados por el gobierno. Incluso, inscribió a tres empleados del Ayuntamiento, a quienes, por tener un empleo fijo, no les corresponde.
Es decir, no es honrada, no es honesta, no es leal, no es responsable, no es congruente y tampoco respeta los postulados de la mal encaminada Cuarta Transformación, quizá por su origen verdista. ¿Así es como “vigila” el gasto público del municipio de Tonalá? ¿Así está logrando la transparencia tan cacaraqueada en este país? ¿Así disminuye los altos índices de corrupción?
Y no esperemos que ahí se aplique la ley, puesto que el alcalde la protege y goza además, del apoyo del Auditor Superior, según pregona ella misma. La corrupción, como vemos, sigue campante. No es parte del cambio que ofreció AMLO y lo peor: no hay autoridad estatal que le ponga un freno.
Transitorio
No es de extrañar que la corrupción y la opacidad, sigan reinando en Chiapas. El Auditor Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, en declaraciones recientes, se desmarcó de las anteriores investigaciones sobre corrupción que pudo haber realizado su antecesor, que tampoco eran muy buenas. Estrada tiene una buena razón para hacerse de la vista gorda.
Su cuñado, Ángel Iván Hidalgo, dejó enormes adeudos en Simojovel; destapar las corruptelas en otros municipios, le obligaría a proceder contra su cuñado y eso, para la familia, no es conveniente. El conflicto de interés, es claro y desde luego, riñe con las normas de transparencia y combate a la corrupción, asuntos que parecen olvidados en Chiapas.
A eso, hay que agregar la soberbia de Estrada, quien ha dicho a sus allegados que tiene la anuencia del gobernador, para no atacar la corrupción. ¿Será? Si es así, ¡que grave! Si no, mal hace al mandatario cuando lo embarra.
PIE DE FOTO:
Wendy Lorenzana Domínguez, Auditora Interna de Tonalá.