ARTÍCULO ÚNICO

03 Octubre 2017.

Angel Mario Ksheratto

ksheratto@g,mail.com

Gobierno vencido

En Chiapas, históricamente, la mentira es verdad y la verdad, mentira. Tras los disturbios protagonizados por un grupo de campesinos indígenas de la comunidad “El Aguaje”, en los que murieron dos policías y 28 resultaron heridos, circuló la versión en el sentido que el gobierno habría pagado medio millón de pesos a los responsables del ilícito, con lo que el conflicto pudo llegar a un final.

De inmediato, personeros autorizados de la administración gubernamental, se apresuraron a desmentir la presunta acción, historia que pocos creyeron, en virtud de ser ésta, la mecánica recurrente que ha sustituido al Estado de Derecho y ha otorgado amplia impunidad a diversos grupos, aparentemente sociales, que operan en la entidad y que, de una u otra forma, han minado la endeble economía de Chiapas.

Se dijo también que no habría impunidad para ninguno de los perpetradores y se condenó “enérgicamente” la violencia, prometiendo que, ante la intransigencia, se aplicaría todo el peso de la ley, sin distingos ni complacencias. Por la noche del día del letal evento, el discurso furibundo amainó y, oficialmente, se dijo que todo había vuelto a la calma.

No así en otros momentos de la tragedia; familiares de uno de los policías municipales asesinados, arrinconaron al alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino —un fanático religioso extremista, acusándole de asesino y exigieron su inmediata dimisión al cargo. La indignación de amigos y familiares del fallecido, está justificada.

Tanto las autoridades municipales como las estatales, fallaron en la aplicación de los protocolos para enfrentar una crisis de esa naturaleza. Por otro lado, hubo filtraciones que alertaron a los atacantes con respecto a las condiciones en que serían desalojados, lo que puso en riesgo la vida de casi 500 policías, a quienes enviaron, prácticamente, desnudos.

A juzgar por las fotos de las dos víctimas mortales que circularon en las redes sociales, portaban solamente el uniforme policial y solo uno de ellos, se cubría las espinillas con la indumentaria, digamos, reglamentaria.

El argumento que a regañadientes ofreció el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, para explicar la precariedad de la protección de los gendarmes, fue que se buscaba proteger los derechos humanos de los manifestantes, quienes desde antes, venían dando muestras de violencia extrema y quienes no tuvieron la menor compasión para atacar a la policía.

Aún en países europeos, los derechos humanos no son pretexto para cumplir con protocolos estrictos, rigurosos y potencialmente violentos. Normalmente hacen uso de cuatro contingentes policiales durante las manifestaciones: el persuasivo, que se ocupa de convencer a los grupos de choque de desistir de sus acciones; el defensivo, que protege al primer contingente. El invasivo, que ingresa cuando no se ha logrado el diálogo y rompe las barreras de manifestantes, y el grupo de policías que se encarga de llevar a cabo arrestos.

Todo ello, en el caso que nos ocupa, no se llevó a cabo. Ahí, sin duda, hay responsabilidad oficial, puesto que se omitieron protocolos y se expuso, irresponsablemente, a cientos de policías, frente a un grupo que, las autoridades debieron saberlo, portaban armas de fuego de distinto calibre y punzocortantes.

En el supuesto que no hubiesen tenido información del peligro que constituía el grupo inconforme, la cosa es peor: significa que los servicios de “inteligencia” gubernamental, son ineficaces y sus superiores, absolutos ignorantes de lo que ocurre en la entidad. Mucho peor resulta, si sí poseían informes de la belicosidad de aquellos y enviaron, sin la menor protección, a los policías.

Un gobierno que no protege a los suyos, es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello es grave, porque desnuda no solo la incompetencia de las autoridades, sino la indiferencia y la irresponsabilidad, cuando se requiere de esos factores para mantener la gobernabilidad y la armonía social.

En el fondo, la apatía del secretario de gobierno, que no ha tenido a lo largo del tiempo en que ha estado al frente de la política interna, voluntad para el diálogo, ni capacidad para lidiar con firmeza y determinación, ante grupos de chantajistas profesionales que asuelan a Chiapas. Funcionarios cercanos a éste, atribuyen sus yerros e indiferencias al hecho de “tener las manos atadas” por el mismo gobernador, Manuel Velasco Coello.

Un hombre con dignidad, ante ese posible escenario, habría ya, renunciado; en cuanto a las reacciones tras el mortal evento, lo que debería quedar es la correcta y pronta aplicación de la justicia. Negociar cuando los efectos han sido negativos, es ceder; es claudicar y es rendirse. Doblegar las rodillas.

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