ARTÍCULO ÚNICO

24 Octubre 2017

Angel Mario Ksheratto

ksheratto@gmail.com

Crimen de odio

A don Hermelindo Gómez, lo agredió un exfuncionario de la Fiscalía por una sola razón: su condición de indígena. Roger Colomo Castillo —plenamente identificado por vecinos del fraccionamiento “Las Flores”, como el agresor—, no había tenido empacho en expresar su inconformidad, personal, por el nombramiento de su víctima como “policía de proximidad”, alegando su origen étnico.

El domingo en la madrugada, el exfiscal del Ministerio Público, tuvo su oportunidad; bajó de su auto y agredió con extrema brutalidad a don Hermelindo quien no pudo responder al ataque. Las lesiones son graves. La Fiscalía Metropolitana, a cargo de Nery León Aragón, le atribuye al cavernícola Colomo Castillo, solo dos delitos: lesiones y homicidio en grado de tentativa.

¡Un momento! Si el delincuente (la presunción de inocencia la invalida el testimonio de varias personas que atestiguaron el hecho, pero no intervinieron en virtud de la peligrosidad de éste) había externado su odio contra la víctima por el solo hecho de ser indígena, el delito debe, forzosamente, clasificarse como un crimen de odio.

De acuerdo al estatuto penal mexicano, comete un crimen de esa naturaleza quien “infiera lesiones, actué con base en prejuicios o diferencias respecto de la orientación sexual o identidad de género de la víctima o del grupo al que pertenezca”. En la videograbación que circuló inmediatamente después del cobarde acto, se ve con claridad que Roger Colomo Castillo, ataca sin piedad a su víctima, sin haber sido provocado. No fue defensa propia, ni defensa del honor. Fue un ataque premeditado, planeado…

En ese contexto, el implicado no tendría derecho a fianza y el juez deberá imponer la pena correspondiente. Digo, si es que se aplica la ley como está contemplada.

Con ello se estaría sentando un precedente importante en impartición de justicia, toda vez que en Chiapas, ocurren ese tipo de delitos casi cotidianamente y hasta ahora, son poquísimas las sentencias que se han obtenido, lo que, evidentemente, otorga impunidad y ésta a su vez, alienta a los criminales a seguir cometiendo delitos, sabedores que la sanción es blanda.

Volteemos a ver el número de feminicidios —que también son crímenes motivados por el odio— en la entidad; cada vez más, van en aumento. De las decenas que se han clasificado como tales, el porcentaje de sentencias es preocupantemente bajo, dejando como consecuencia que los responsables de éstos, gocen de total libertad o hayan sido sentenciados a penas leves.

Los elementos para tipificar el delito cometido por un hombre violento e irracional, son claros: intolerancia, prejuicio social e ignorancia del derecho ciudadano. Y no hablemos de los derechos constituidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás protocolos y convenciones que México ha firmado para garantizar el respeto a los grupos vulnerables y minorías.

Lo anterior nos lleva a cuestionamientos implícitos. ¿Bajo qué parámetros, instituciones como la Fiscalía y el Tribunal de Justicia, contratan al personal? ¿Qué tipo de exámenes aplican a éstos? Es en suma, preocupante que sujetos como Roger Colomo Castillo, obtengan un empleo donde se procura y administra justicia. ¿A cuántos ciudadanos inocentes metió a la cárcel en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, por el solo hecho de ser indígenas?

Por desgracia, existen indicios en el sentido que al sujeto en cuestión, tratan de protegerlo. Los testimoniales de los vecinos son concluyentes. Tras la agresión y el traslado de la víctima a un hospital, Colomo Castillo se dio tiempo para ducharse, preparar a su familia y salir con rumbo desconocido… ¡Hasta tuvo tiempo de tapar con una sábana, el vehículo en el que llegó para intentar asesinar a don Hermelindo!

La Fiscalía Metropolitana, negó que éste trabajase en la Fiscalía General. Que había sido dado de baja el 15 de febrero de éste año. Sin embargo, en la página oficial del municipio de Benemérito de las Américas, el acusado representó a la Fiscalía, como FMP, en una reunión de trabajo.

Más noche, personal de la Fiscalía, se comunicó con éste periodista para precisar que, por un error involuntario, se dijo que en febrero, pero que en realidad, Colomo, había causado baja el 15 de junio del 2017.

La credibilidad de la Fiscalía, estará en vilo, hasta en tanto, no clarifique con precisión, datos tan simples como el arriba mencionado. Y mucho menos tendrá chance de recuperar confianza, si el delincuente sigue libre. Que una instancia procuradora de justicia no encuentre a uno de los suyos, es de risa, pero también, es grave. Estaremos pendientes, hasta que se haga justicia.

http://ksheratto.blogspot.com