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+ Por omisión de la fiscalía a cargo de Tito Rubín.
+ Raúl Castillejos, Secretario Particular del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, sería llamado en cualquier momento a comparecer por los hechos registrados el pasado 28 de febrero contra los comunicadores Jonathan Ramiro Zepeda León y Carlos Orantes.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 12 de Mayo de 2017./Eleazar Domínguez Torres (muralchiapas.com).– La Procuraduría General de la República (PGR) aceptó atraer los expedientes donde un caricaturista y un administrador de una fan page fueron agredidos y violentados por la policía estatal y municipal cuya investigación también apunta hacia un funcionario municipal cercano al edil capitalino
La noche del jueves la delegación de la PGR en Chiapas recibió la petición formal para atraer la investigación que mantiene la Fiscalía de Protección a Periodistas y Activista de Derechos Humanos local, en donde el caricaturista, Carlos Orantes y el administrador de la página NotiPrensa de Facebook, Jonathan Zepeda León fueron perseguidos, detenidos, privados de su libertad y amenazados por las policías estatales y municipales
Zepeda León, en entrevista para esta casa editorial, refirió: “el pasado veintiocho de febrero la Policía Municipal por órdenes de Raúl Castillejos quien es Secretario Particular municipal capitalino, y con la autorización de él iniciaron una persecución a mí y a un compañero de nombre Carlos Orantes, Caricaturista Político y esta persecución se dio por toda la avenida central y nos dispararon, nos agarraron a balazos y una vez que nos detuvimos nos bajaron del carro con lujo de violencia.
Todo esto quedo documentado en un vídeo que subimos a nuestra página y después de esto acudimos a la Fiscalía en Atención a Delitos Cometidos contra periodistas y Libertad de Prensa, pero la investigación en esta parte no ha tenido ningún avance aun cuando se cuentan con todas las pruebas para juzgar a los autores materiales e intelectuales ante la justicia”.
Zepeda León explicó que una vez presentada toda la documentación que soporta su dicho, tiene la confianza que la Procuraduría General de la República investigue y castigue a los responsables de estos hechos por los delitos contra la libertad de expresión y los que resulten, toda vez que en Chiapas a más de dos meses de distancia de los hechos no se actuó contra los responsables.