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+ La Auditoría Superior de la Federación y su titular, David Colmenares, pasaron en cuestión de horas de señalar un sobre costo del 232 por ciento por la cancelación del Aeropuerto Internacional que se buscaba construir en Texcoco, a reconocer que hay inconsistencias en la metodología para determinar esta cifra. Sin embargo, no se trata de la única corrección.
+ Una situación similar se presentó con los señalamientos hechos contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde primero responsabilizó a esta dependencia de negarse a ser fiscalizada y después el propio auditor dijo que no hubo tales obstáculos. ¿Qué sucede con estas contradicciones? Esto es #LoQueSabemos.
ASF cometió “errores básicos” en lo reportado sobre aeropuerto: Arturo Herrera/Quinto Poder
Cámara de Diputados tendría que revisar la gestión de David Colmenares al frente de la ASF/Aristegui Noticias/AN/MDS
Obed Abraham Rosas Gámez/Sin Embargo
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero 2021./(SinEmbargo).- Unas horas bastaron para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) saliera a señalar que hubo inconsistencias en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en específico en sus estimaciones sobre lo que costó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se proyectaba en Texcoco. La fe de erratas vino después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador saliera a desestimar los cálculos que señalaban que echar para atrás esta obra costó 331 mil millones de pesos, es decir, un 232 por ciento más que el monto estimado. Lo cual, ahora se sabe, no fue así.
Lejos de ser la única inconsistencia, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, salió a aclarar —antes de que reconociera su imprecisión con el costo de la cancelación del aeropuerto— otro de los hallazgos que generaron polémica en la fiscalización de la cuenta pública: la negativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval, a ser fiscalizada.
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El informe de la Auditoría contiene un aluvión de observaciones hacia esta dependencia por un supuesto funcionamiento deficiente que pudo ser determinante para no llevar a buen puerto sus tareas de control interno en el Gobierno federal, a lo cual se sumó la denuncia de que hubo obstáculos para que el equipo auditor llevara a cabo sus labores.
La Función Pública aclaró en un principio que la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni ninguna solicitud de aclaración hacia esta dependencia. “Lo único que recibimos… fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación”, expresó.
Posteriormente, fue el propio Auditor Superior quien —en medio de la polémica por lo contenido en el informe— salió a matizar en una entrevista con Radio Fórmula que en realidad no hubo obstáculos y que incluso en la SFP “trabajaron bien” con el equipo auditor.
“Nos entregaron toda la información pertinente, estuve al tanto de lo mismo. Tenemos ahí nuestras observaciones en desempeño, pero no tuvimos obstáculo, ahí sí lo quiero aclarar, de Función Pública, en ninguna auditoría que hubiéramos hecho en ninguna otra dependencia del Gobierno federal”, dijo Colmenares.
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explicó en entrevista con SinEmbargo —previo a la precisión del Auditor— que el señalamiento hecho hacia la SFP era un tema delicado que agregaba tensión “a un ya dañado tema de fiscalización y control, y al propio Sistema Nacional Anticorrupción”.
¿QUÉ ENCONTRÓ LA AUDITORÍA?
El informe de la Auditoría detectó la falta de un plan estratégico de la SFP en donde se establecieran sus objetivos, metas, estrategias y prioridades en el corto, mediano y largo plazos, irregularidades en la contratación de personal y deficiencias en los mecanismos de control para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Aunque el señalamiento más grave fue el que recayó sobre la Función Pública por su supuesta su negativa a ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, quien advirtió que esta dependencia no permitió que el equipo auditor tuviera acceso a sus instalaciones y archivos, a la par que sus servidores públicos se negaron a comparecer, una situación que ha negado la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval.
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La Auditoría señaló que en particular la SFP se negó a entregar información de un expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, de quien no se da el nombre, argumentando que no contaba con esta información.
Entre las actitudes señaladas por la ASF destacan además que no se permitió al equipo auditor realizar entrevistas complementarias bajo el argumento de que la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria no lo permitían.
“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, refirió la ASF.
El informe —realizado a 24 órganos internos de control de las dependencias— encontró además irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de seis de los 50 servidores públicos que ocuparon 29 plazas en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). En estos casos, la SFP proporcionó 49 currículos, de los cuales 21 no estaban actualizados al momento de la revisión. La Auditoría detectó además que un Coordinador General, dos delegados y comisarios públicos, de Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres subdelegados y comisarios públicos suplentes de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto.
La Auditoría también detectó inconsistencias en los controles establecidos para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Refiere que, durante 2019, se presentaron un total de 575 mil 834 declaraciones patrimoniales, sin embargo, encontró que el proceso de fiscalización “careció de mecanismos de control eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la información de las declaraciones”.
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El mismo informe indica que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las dos que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por el área de quejas del órgano interno de control y las unidades de responsabilidades.
Respecto a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas, la SFP no contó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas durante 2019. Además, se comprobó que la información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018.
En ese sentido, la ASF indicó que de prevalecer estas deficiencias identificadas, la CGOVC, los siete comisariatos en los que se agruparon las 329 instituciones que conforman la Administración Pública Federal, y los 216 órganos internos de control que componen esta estructura de vigilancia y control, “estarán lejos de cumplir los objetivos y las metas para los cuales fueron conformados, en términos de constituir uno de los instrumentos para erradicar el dispendio, la frivolidad, la corrupción e impunidad administrativa”.
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¿QUÉ RESPONDE LA FUNCIÓN PÚBLICA?
La Función Pública negó a través de una tarjeta informativa —firmada por su director de comunicación social Raymundo Alva Huitrón— que se hubiera retenido información para los auditores e indicó que “en los casos de excepción”, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de las razones que justificaban dicha imposibilidad.
“Se han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019. No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor”, indicó la dependencia.
La Función Pública indicó además que en ningún momento negó el acceso a sus expedientes ya que se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, sin embargo señaló que la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.
Además dijo que “es incorrecto” que se negara la comparecencia de servidores públicos, ya que cuando se solicitaron las entrevistas, la Función Pública expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo indicó que no hubo respuesta por parte de la ASF.
“Como subrayó el propio auditor superior en su informe a la Cámara de Diputados, las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En este sentido, la Administración Pública Federal siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información”, respondió la dependencia.
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¿Y QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explicó que primeramente hay que tener en cuenta el momento procesal en el que se encuentran las observaciones hechas a la Función Pública debido a que forman parte de un proceso en el cual la dependencia podrá solventar los hallazgos detectados por la Auditoría, aunque consideró que es un “asunto delicado” el que se señalara a la ASF de impedir el acceso a su equipo de trabajo para cumplir con el procedimiento de fiscalización.
“Son dos temas, uno es que se le impidiera el paso a los auditores de la ASF, que es una acusación fuerte, y el otro tema es el desempeño de la Secretaría de la Función Pública en términos de lo que coloquialmente se conoce de la 3de3. Yo creo que ahí lo que está calificando es el desempeño de la propia revisión del seguimiento a la situación patrimonial”.
Bohórquez precisó que esto se debe a que por un lado la Secretaría sólo investiga la situación patrimonial de aquellos que ya fueron acusados por ejemplo por la prensa. “Es decir, ya que están en un escándalo, entonces sí los investigan, pero que no hay sistema permanente y sistemático para investigar la situación patrimonial de muchos servidores públicos”.
En ese sentido, advirtió que hay tres elementos para determinar que una política anticorrupción funciona: “Primero, si se van por redes de corrupción y no solo por individuos; segundo, si las redes de corrupción quedan desmantelada y las sanciones las impone un juez, y en tercer lugar si se recuperan las activos desviados”.
ASF cometió “errores básicos” en lo reportado sobre aeropuerto: Arturo Herrera
Redacción Quinto Poder
CIUDAD DE MEXICO, 23 de febrero de 2021./Quinto Poder.- En su informe de la revisión de la cuenta pública del año 2019, la Auditoría Superior de la federación (ASF) ha presentado una serie de irregularidades que existirían en los principales proyectos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde el Tren Maya, pasando por la refinería Dos Bocas y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La auditoría que más sorprendió fue la realizada a los costos de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), donde hubo un supuesto gasto de 331 mil 996 millones de pesos, casi tres veces lo proyectado por la administración federal que optó por una nueva terminal aérea en Santa Lucía.
AMLO, durante la conferencia mañanera del pasado lunes 22 de febrero, rechazó el informe bajo la premisa de que él tenía otros datos. Horas después fue la misma ASF quien aseguró que existía un «error metodológico» en el informe presentado sobre el NAIM; algo que fue calificado como «incomprensible» por Juan Manuel Portal, extitular de la ASF.
Con todo esto dicho, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, salió a explicar por qué se dio dicha imprecisión, a través de su perfil en Twitter. De acuerdo con lo explicado, el auditor contabilizó bonos que ya habían sido cubiertos por el Estado mexicano.
Cometieron errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional como la ASF», escribió Herrera, en un tuit.
A través de un video, con una duración de seis minutos, el servidor público desglosó los gastos que fueron contabilizados por el auditor y aseguró que incluyó costos financieros (costo de la FIBRA-E, recompra de bonos emitidos y bonos circulación) que ya fueron cubiertos por el Estado mexicano.
Herrera afirmó que si se quitan estos gastos, y como parte de un primer análisis, el costo de la cancelación es 75% menor a lo reportado por la ASF; en total, los rubros considerados como erróneos ascenderían a los 253 mmdp.
No hay ningún gasto adicional, ese dinero había sido tomado de esos bonos y esas fibras», explicó Arturo Herrera.
Añadió que como en todo reporte pueden existir «discrepancias metodológicas», ya sea por gastos devengados, comprometido o asignado, pero no fue el gasto de la ASF, quien habría cometido errores en «criterios contables básicos».
O hay un problema de «preparación básica» o uno de «mala fe» son las opciones que dio Herrera sobre el por qué se habría dado tal error, en una institución que consideró como experimentada.
Cámara de Diputados tendría que revisar la gestión de David Colmenares al frente de la ASF
Redacción Aristegui Noticias/AN/MDS
CIUDAD DE MEXICO, 23 de febrero de 2021./Aristegui Noticias/AN/MDS.- El reconocimiento de inconsistencias en la auditoría del monto de cancelación del aeropuerto de Texcoco, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, debería dar lugar a un procedimiento administrativo contra el auditor David Colmenares y su equipo, aseguró Muna Dora Buchahin, exdirectora de Auditoría Forense de la dependencia.
Para la exfuncionaria no resulta una sorpresa la rectificación de la ASF en torno a la fiscalización de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ya que el actual auditor fue nombrado “a modo” en marzo de 2018 por la Cámara de Diputados.
Comentó que la designación de Colmenares al frente de la Auditoría, sucedió luego de que en 2018, el auditor interino, Juan José Pérez Saavedra, se negó a emitir una comunicación “para exonerar” al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio Meade, sobre su papel en el caso de llamada ‘Estafa Maestra’ mientras el tiempo que fue titular de las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social.
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La petición a Pérez Saavedra la hizo un grupo de legisladores de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, según Muna Dora Buchahin. “Al negarnos a dar eso, porque dijimos: nosotros no damos indulgencias ni cartas de buena conducta ni nada; no hay nada que hoy lo indicie pero no podemos hacer eso; saliendo de ahí dijeron ‘tenemos que nombrar al auditor de inmediato’, porque el proceso ya se había dejado para que se nombrara hasta septiembre”.
“Al no tener lo que estaban exigiendo de una manera inadecuada, irregular, indigna, fue nombrar a alguien a modo; de la terna que entonces estaba escogieron al más indigno y al que más se acogía a un perfil de sometimiento y de falta de conocimiento”, señaló.
Por lo tanto, en la Auditoría se perdió el rigor técnico que caracterizó a las gestiones de Pérez Saavedra y Juan Manuel Portales, que convirtieron a los informes de aquella etapa en referentes de información y confirmación.
Acusó que con Colmenares llegaron personas vinculadas a partidos políticos “sin ningún otro interés más que percibir un salario y un poder que han sabido ejercer de una manera proclive a la corrupción, por lo que no podríamos tener resultados distintos”.
Recordó que el primer informe emitido por la actual gestión fue sin nombres de empresas ni proveedores, ni incluyeron los mapas que había iniciado el departamento de Auditoría Forense que ella encabezaba.
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Criticó que Colmenares no firmara el comunicado difundido la noche del lunes sobre las irregularidades en la auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que en su lugar lo firmara Agustín Caso Raphael, titular de la Auditoría Especial de Desempeño, a quien calificó como parte del grupo de personas allegadas al auditor y que no cuentan con el perfil, el conocimiento y la ética necesaria.
Muna Dora Buchain dijo que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tiene a su cargo a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) para realizar la revisión del trabajo de la ASF. No obstante, pese a su presupuesto, la UEC ha sido omisa en las denuncias y controles que se deberían realizar porque la propia Comisión de Vigilancia, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo de Movimiento Ciudadano, “está politizada”.
“La Comisión de Vigilancia tiene la obligación de regular la actuación, de verificar que la actuación del auditor y toda la ASF sea acorde a derecho. Todas las denuncias que se reciben deberían de iniciar una investigación”, dijo, aunque se colocó en la UEC al exauditor de Puebla, David Villanueva Lomelí, “a modo”, de acuerdo con Colmenares y con Movimiento Ciudadano.
Relató que presentó una queja ante la Comisión de Vigilancia sobre su despido de la ASF y las denuncias en su contra, sobre la que ésta “no hizo nada” por intereses políticos. “Hoy van a ser candidatos, mañana compran y venden favores”. Se refirió al entonces legislador Tonatiuh Bravo Padilla, quien coordinó la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro y es actualmente es candidato a la presidencia municipal de Guadalajara.
Denunció que desde que llegó David Colmenares a la Auditoría, creó una estructura “para sus cuates” que le ha costado al país “un dineral”, ya que se trata de la única dependencia que elevó su presupuesto pese a la austeridad impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Me han dicho, tengo la evidencia pero no puedo presentarla para no revelar a la fuente, que hasta se mandó hacer ahora un cuarto y demás. Ha hecho gastos fuera de presupuesto, dispendiado el dinero y uno se imagina porque a él y a la Auditoría le siguen dando ese recurso; la Comisión de Vigilancia tiene mucho que ver, porque es la que le autoriza y la que lo somete”.
La UEC tendría que hacer una revisión de la actuación del auditor y su grupo desde su llegada “porque hay actos criminales”. La legislación establece que omitir información, esconder datos y hacer auditorías incorrectas son causa de procedimientos que podrían llegar hasta la destitución de Colmenares. Sin embargo, descartó que los diputados inicien estos procesos, porque tienen otros intereses.