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MÉXICO, DF., 15 de Mayo de 2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, tras un debate de casi ocho horas, la legislación secundaria en materia política-electoral que, entre otras cosas, expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En lo general el dictamen fue avalado con 381 votos en favor, 62 en contra y 11 abstenciones, y en lo particular con 232 votos en favor, una abstención y 196 en contra, luego de que se reservaron más de un centenar de artículos que fueron rechazados en su totalidad.
También fueron aprobadas diversas disposiciones de las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El objetivo es reforzar a las instituciones y los procesos electorales, las candidaturas independientes y los medios de defensa electoral.
Además contiene el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos; la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, de las entidades y los municipios; los organismos electorales federales y locales; y los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas.
También las reglas de los procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las candidaturas independientes, la propaganda electoral, la fiscalización de sus recursos y los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.
Con ello se expide la nueva normatividad en sustitución del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En la nueva legislación se establece que el INE tendrá atribuciones en los procesos electorales federales y locales para fiscalizar ingresos y egresos de precampañas, establecer la ubicación de casillas y designación de funcionarios, y conservar el Padrón Electoral y las listas nominales de electores.
Además podrá designar y remover a los presidentes y consejeros electorales de organismos públicos electorales locales e intervendrá en procesos locales mediante la expedición de reglas, lineamientos, criterios y formatos de observación electoral, realización y difusión de encuestas, conteos rápidos, impresión de documentos y del Programa de Resultados Preliminares.
Asimismo se autoriza al instituto para la organización de comicios internos de partidos políticos a fin de elegir a sus dirigencias, previa petición de los institutos políticos y verificar el porcentaje requerido en la Constitución para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos.
El documento precisa que los ciudadanos podrán participar como candidatos en elecciones de presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión siempre por mayoría relativa.
Los candidatos independientes que participen por el cargo de Presidente de la República deberán contar con el uno por ciento de las firmas de la lista nominal de electores y dos por ciento para otros cargos de elección popular.
Establece que ninguna persona podrá ser registrada como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco lo podrá ser para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, municipios o del Distrito Federal.
En el supuesto de que el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho se procederá a la cancelación automática del registro.
Además se conforma el Sistema Nacional Electoral cuya función será organizar las elecciones populares y estará integrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas.
Instituye una distribución de tiempo del Estado de manera igualitaria, para lo cual el INE tendrá la facultad de garantizar a los partidos políticos y candidatos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión.
También las pautas específicas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables, y determinará, en su caso, las sanciones.
Además prohíbe a los partidos políticos y sus precandidatos, así como a candidatos independientes a cargos de elección popular, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
El dictamen asienta el uso efectivo y oportuno de los recursos de las asociaciones políticas y candidaturas independientes.
Para el financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos o coaliciones podrán obtener de simpatizantes o militantes recursos de fuentes privadas siempre y cuando sean de origen lícito.
Destaca que los partidos políticos y candidaturas independientes, al concluir sus campañas, deberán presentar ante el INE sus informes especificando los gastos realizados por cada una de las candidaturas en cada ámbito territorial que corresponda.
El proceso electoral comprenderá: preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.
Subraya que las precampañas sólo procederán en los casos en que existan más de dos candidaturas y se trate de consultas populares mediante voto directo, a efecto de evitar campañas anticipadas. Añade que un ciudadano podrá ser precandidato de más de un partido político sólo en el caso en que medie coalición.
El texto argumenta que para las campañas electorales se propone establecer debates públicos, prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta y el uso de encuestas como propaganda electoral.
Añade que para las encuestas el Consejo General del INE certificará aquellas que cumplan con los criterios de carácter científico.
Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero se precisa que podrán ejercer su derecho para la elección de Presidente, gobernador de las entidades federativas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal bajo las modalidades de voto personal en los consulados, embajadas y centros de votación autorizados o por el servicio postal.
Plantea un proceso de credencialización permanente en embajadas y consulados, y elaborar la Lista Nominal de Electores para el voto en el extranjero aplicable en elecciones de Presidente, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y gobernadores.
Resalta que los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero.
Lo anterior siempre y cuando se ajusten a las disposiciones normativas de cada país y utilicen los recursos provenientes de su financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades que recaben en el territorio nacional.
Además precisa que en procesos electorales la propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente. Los partidos o candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.
Indica que a más tardar en octubre del año previo al de la elección el Consejo General del INE determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado.
El tope será equivalente a 20 por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.
Asimismo se otorga a la credencial electoral para votar el carácter de documento de identidad ciudadana con vigencia de 10 años contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva.
En los artículos transitorios se precisa que las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del Instituto Federal Electoral (IFE) se mantendrán como válidas hasta la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de su oportuna renovación.
Anota que por única ocasión los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones del primer domingo de junio de 2015 iniciarán en la primera semana de octubre del 2014.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación, el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, expresó que esta ley busca ordenar la participación en los procesos electorales nacionales y locales, establecer con precisión las facultades del INE y su coordinación con los órganos locales a través del Sistema Nacional Electoral.
El presidente de esta instancia legislativa subrayó que este dictamen cumple a cabalidad el mandato establecido por el constituyente en la reforma político-electoral de febrero de 2014.
Además, aseguró, fortalece el sistema democrático mexicano y da un paso determinante en garantizar los principios que rige la materia electoral, es decir, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
Con su aprobación, sostuvo, culmina el proceso legislativo que busca fortalecer el proceso democrático de México y es el inicio de un nuevo reto de la vida democrática, pues en las próximas elecciones se pondrán a prueba muchas de las reglas que se están estableciendo.
Al fijar la postura del PRI, Fernando Donato de las Fuentes Hernández afirmó que el proceso legislativo de la reforma fue plural e incluyente en el debate, donde se manifestó la voluntad política y se incorporaron las propuestas sustantivas de todas las fuerzas políticas para transformar el sistema electoral.
Apuntó que las leyes propuestas propician la equidad y la competencia, a fin de garantizar una mayor imparcialidad; se contará con partidos sólidos y se atienden las exigencias de la población para consolidar la cultura democrática y de derecho en el país.
Fernando Rodríguez Doval, del PAN, afirmó que el principal avance es llevar a todos los estados del país los mismos estándares de calidad democrática que ya existen a nivel federal, en virtud de que los órganos electorales locales se habían convertido en espacios de poder que no garantizaban comicios pulcros ni el cumplimiento de normas justas.
Destacó el voto electrónico de mexicanos en el extranjero, ya que más del 10 por ciento de la población reside en otras naciones; los avances en la organización política de comunidades originarias; y la prohibición para transferir votos mediante los convenios de coalición.
A nombre del PRD, Miguel Alonso Raya criticó que se incluyeran las “pensiones vitalicias” de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que consideró “un vicio de origen” del dictamen.
Empero, reconoció avances en reglas y fórmulas, como en la igualdad de género, en derechos de los pueblos indígenas, las facultades para calificar de mejor manera las elecciones y fiscalizar los recursos para evitar el uso de dinero del crimen organizado.
Por Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán dijo que votaría a favor del dictamen porque atiende los puntos de mayor fragilidad del sistema electoral, constituye una norma actual y permitirá ascender los niveles de participación política, de acceso y legitimación de la función pública.
“El resultado es positivo al producir instrumento integral, moderno y eficiente que regulará las distintas instituciones electorales y los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos expresarán su preferencia electoral en los próximos tiempos”, manifestó.
En tanto Ricardo Astudillo Suárez, del PVEM, externo que votaría a favor porque la reforma constituye una consolidación de la democracia mexicana, pues en el proceso se han escuchado todas las voces de los partidos políticos.
Consideró que esta es la reforma que los ciudadanos necesitan, pues contiene muchos fundamentos de suma importancia como candidaturas ciudadanas, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mecanismos de fiscalización voto de mexicanos en el extranjero, y la utilización de materiales amigables con el medio ambiente.
El representante del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se manifestó en contra del dictamen porque las reglas que anuncian “son un gatopardismo que no garantiza un marco de competencia electoral equitativa, transparente y pública”.
A su vez Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, juzgó que las reformas constituyen una regresión más que una evolución, pues establece la mayor cantidad posible de barreras para que los ciudadanos puedan participar en los comicios de manera independiente.
Previó a los posicionamientos y discusión, el pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Ricardo Monreal Ávila para detener el procedimiento con el propósito de leer el dictamen, hacer propuestas que lo mejoraran y tener un ejercicio parlamentario responsable.