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A consulta directa, el juicio a ex presidentes/La Jornada
+ Esta será la primera vez en la historia contemporánea que se realizará este ejercicio de democracia directa.
Avanza consulta para enjuiciar a expresidentes, pero no todo está decidido/Forbes México
Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO, 01 de octubre de 2020./Excelsior.- Tras una votación dividida y polémica, la Corte avaló la constitucionalidad de la consulta para preguntar a los mexicanos si las autoridades deben investigar a los últimos cinco expresidentes.
No obstante, para evitar violaciones a los derechos humanos de posibles víctimas e indiciados, ocho de los 11 ministros aprobaron cambiar la redacción de la pregunta planteada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que era tendenciosa. Procuraron que la nueva no mencione por su nombre a los exmandatarios.
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, encabezó el bloque de seis ministros que dio luz verde a la consulta. Al inicio del debate, demandó a sus compañeros no desaprovechar la oportunidad histórica de maximizar los derechos ciudadanos, pues no iban a resolver un asunto jurisdiccional, sino político y relacionado con la consolidación de la democracia. Lo respaldaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.
Las preguntas en cuestión
LA ANTERIOR:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
LA NUEVA:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Dan luz verde a consulta, pero sin nombrar a expresidentes
Seis de los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN aprobaron la petición del Ejecutivo, bajo el argumento de que se trata de una forma de consolidar la democracia.
En medio de una votación dividida, una mayoría de seis integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la consulta popular planteada por el presidente de Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los mexicanos si debe o no investigarse a sus antecesores.
Sin embargo, para evitar violaciones a los derechos humanos y a las garantías legales de las posibles víctimas y posibles indiciados, ocho de los once ministros cambiaron en su totalidad la pregunta propuesta por el jefe del Ejecutivo federal, al considerar que era tendenciosa.
En consecuencia, la pregunta que se formulará a los ciudadanos será la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
Además de que las autoridades de procuración e impartición de justicia no quedarán obligadas a emitir un fallo en contra de alguno de los expresidentes, si es que el resultado de la consulta es en favor de investigar a los exgobernantes.
Al iniciar la discusión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar —quien siempre expone al final de las sesiones de la Corte— demandó a sus compañeros no desaprovechar la oportunidad histórica de maximizar los derechos ciudadanos, pues no iban a resolver un asunto jurisdiccional, sino político y relacionado con la consolidación de la democracia mexicana.
De manera similar, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán respaldaron los argumentos del presidente de la Corte y destacaron que no se puede disminuir la libertad de los ciudadanos para opinar sobre asuntos de esta relevancia.
Sostuvieron que el proyecto de Aguilar Morales restringía el propósito de la consulta popular e incluso apuntaron que siendo una facultad “extraordinaria” de la Corte el pronunciarse en asuntos como éste, deben de actuar como “guardianes de la democracia participativa y observantes de la ley cuando el expediente llegue al tribunal”.
Por el contrario, los cinco ministros que votaron en contra de la consulta fueron coincidentes en que violenta los principios de presunción de inocencia, igualdad y debido proceso; además de generar desconfianza hacia las autoridades.
De manera expresa, los ministros Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández advirtieron que “la justicia no se consulta” y que los impartidores de justicia no son designados en sus cargos para alcanzar popularidad, a diferencia del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Además de Laynez Potisek y Norma Lucía Piña, los ministros que se pronunciaron en contra de la realización de la consulta fueron: el ponente, Luis María Aguilar Morales; José Fernando Franco González y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
“Los ministros cambiaron lo constitucional por lo popular”
Con el fallo que declara constitucional la propuesta de consulta popular del Ejecutivo, la Suprema Corte “decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad”.
Así lo consideró la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) en un posicionamiento emitido ayer.
“Al adoptar una decisión sin argumentos, (la Corte) no sólo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia, sino que le dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar confrontación con el poder político, perdiendo en ello su independencia”, indicó el texto, firmado por su presidente, Héctor Herrera.
“La democracia implica votaciones, disensos, confrontaciones, negociaciones y acuerdos, pero también implica el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado mexicano. Perder eso de vista transformará a nuestro tribunal constitucional en un juzgado de trámite”, agregó.
Al destacar que la consulta popular también debe estar sometida al respeto y protección de los derechos humanos, la BMA exhortó al poder judicial de la Federación “a estar a la altura de los retos que vive México y a defensa de nuestra Constitución y, con ello, de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”.
“Cedieron a presiones”
Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y de MC, Clemente Castañeda, rechazaron la resolución de la Suprema Corte para consultar a la población sobre si se deben esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados, al considerar que es un distractor electoral.
Cortés Mendoza dijo que la resolución y la pregunta planteada para una consulta popular “es muy lamentable”, porque resulta una clara estrategia electoral del gobierno y su partido.
“Esta consulta a todas luces es ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales. Además de que con esta decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo”, sentenció.
En tanto, Clemente Castañeda ironizó sobre el resolutivo de la SCJN, al escribir en su cuenta de Twitter: “México, donde la ley se aplica… previa consulta popular”.
Por su parte, Jesús Zambrano consideró que la mayoría de los ministros se dobló ante presiones externas.
Critican empleo político de la justicia
Actores políticos y especialistas en derecho lamentaron que la Suprema Corte declarara constitucional la consulta popular solicitada por el Presidente de la República para preguntar a la ciudadanía si debe investigarse el proceder de exmandatarios mexicanos.
Las críticas se concentraron en los seis ministros de la Corte que votaron en favor de la consulta, en especial en el Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
“El presidente de la @SCJN hoy perdió el respeto de los juristas y de los ciudadanos que teníamos la esperanza de que el Poder Judicial se mantuviera independiente”, escribió en Twitter el exdiputado Fernando Belaunzarán.
En tanto, Arturo Espinosa, experto en derecho constitucional, consideró que en la decisión de la Corte imperó la política sobre el Estado de derecho, “en un tribunal que debe ser eminentemente jurídico”.
“Una mayoría de ministros y ministras optó por hacer vericuetos para argumentar la validez constitucional de un tema que es claramente inconstitucional”, subrayó.
Acusan atentado a la división de poderes
Legisladores del PAN y PRI expresaron críticas a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar constitucional en tema de la consulta popular, pues sostuvieron que contraviene la Carta Magna y la decisión atenta contra la división de poderes, pues la justicia no se somete a votación.
En sus redes sociales, los legisladores federales coincidieron en que se trata de un día triste para la justicia en México.
La priista Claudia Ruiz Massieu expresó que “la aplicación de la ley no puede depender de la decisión por consulta de una mayoría ciudadana, porque atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. El Estado de derecho, la certidumbre jurídica, los derechos humanos y el régimen democrático se vulneran cuando se pretende poner las instituciones al servicio de agendas políticas personales”, dijo.
En tanto, su compañera Claudia Anaya expresó que “no se debe someter a consulta la investigación de delito, ello desnaturaliza la finalidad constitucional del debido proceso. O mejor sí, hay que consultar la aplicación de la justicia, porque prevalece el derecho del pueblo al circo, que la legalidad”, ironizó.
Por su parte, el líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, lamentó que los ministros supeditaran “la aplicación de la justicia al capricho y la política. Un atentado más a la división de poderes.”
Habrá consulta sobre… ‘actores políticos’: SCJN
José Antonio Belmont/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 01 de octubre de 2020./José Antonio Belmont/Milenio.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó constitucional la materia de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, modificó la pregunta y los nombres de los cinco ex presidentes por “actores políticos”.
Tras una discusión de más de dos horas y media, el ministro presidente Arturo Zaldívar y sus compañeros Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor de la consulta.
Es decir, en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien propuso declarar inconstitucional el ejercicio ciudadano. En contraste, Fernando Franco Salas, Jorge Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña y Javier Laynez Potisek votaron a favor.
“La justicia no se consulta, los jueces no son nombrados para ganar popularidad. Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos”, señaló Laynez Potisek al manifestarse contra declarar constitucional la consulta para enjuiciar a los ex presidentes.
Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador celebraron la decisión del máximo tribunal del país.
Su par Norma Lucía Piña argumento en contra que la Corte no puede modificar el objeto de la consulta y que era una atribución exclusiva del Congreso: “Mi responsabilidad es no ceder a más presiones que las que provienen de mi mandato”.
Por su parte, el ministro presidente descartó que esta consulta ciudadana implique una “exposición mediática estigmatizante” y enfatizó que la Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática “a la ligera”, por lo que pidió darle un sentido “verdaderamente democrático” al mecanismo de consulta.
Destacó que la materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad, sino que busca conocer simplemente si la ciudadanía está de acuerdo con que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables.
“Puede funcionar como un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad, y con ello generar insumos que permitan a los órganos de la democracia representativa diseñar un derecho penal más democrático, incluyente y verdaderamente cercano a los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.
“Esto no significa que la justicia penal deba quedar a merced de la opinión pública. Como en cualquier Estado democrático y constitucional de derecho, la voluntad popular —especialmente en el ámbito del derecho penal— tiene límites, y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentales“, subrayó.
CAMBIO A PREGUNTA
De acuerdo con fuentes consultadas por MILENIO, la pregunta aprobada es tan abierta que incluye a todos los funcionarios electos por voto popular, como alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y presidentes de la República.
Incluso secretarios y ex secretarios de Estado que, por no gozan de fuero, pueden ser juzgados en cualquier momento; quedarían fuera el fiscal general de la República, jueces, magistrados, ministros, autoridades judiciales y electorales.
La pregunta que definió la Corte quedó así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
Mientras que la presentada por López Obrador fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El ministro González Alcántara Carrancá advirtió que si el Presidente no está de acuerdo con la nueva redacción puede desistirse de la petición de dicha consulta popular.
PRIMER DOMINGO DE AGOSTO
El Senado iniciará la próxima semana el proceso legislativo una vez que la Corte le haga la notificación correspondiente, para la cual tiene una plazo de 24 horas, es decir este viernes.
Se prevé que la consulta popular se lleve a cabo en agosto ya que el artículo 35 de la Constitución indica que estos ejercicios populares deben aplicarse el primer domingo de agosto, por lo que será el 1 de agosto de 2021.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se actuará con sensatez y prudencia. “No les quede ninguna duda, la mayoría legislativa en el Senado actuará con sensatez y prudencia para continuar el trámite legislativo que la Constitución y la ley determinan”, expresó en un video difundido en redes sociales.
En tanto, Damián Zepeda, senador del PAN, señaló que la “la Corte se subordinó al presidente de la República… yo lo veo como una manipulación política a la cual se sumó la mayoría de la Suprema Corte, tristemente para este país”. El coordinador Mauricio Kuri señaló que “juzgadores deben atender el principio de que la aplicación de la ley no se somete ni a parecer ni a concurso ni a subasta”.
Con información de: Silvia Arellano, Jannet López y Eduardo de la Rosa.
A consulta directa, el juicio a ex presidentes
+ Esta será la primera vez en la historia contemporánea que se realizará este ejercicio de democracia directa.
Eduardo Murillo/La Jornada
CIUDAD DE MEXICO, 01 de octubre de 2020./Eduardo Murillo/La Jornada.- En votación dividida de seis contra cinco, el pleno de ministros acordó que el tema propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador no implica violaciones a los derechos humanos ni al debido proceso, pues se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución.
Se aclaró que el resultado de este ejercicio no será vinculante, es decir, obligatorio, para la Fiscalía General de la República (FGR) ni para los jueces que más adelante puedan avocarse a la resolución de los juicios respectivos. Los anterior porque, como procuradores e impartidores de justicia, su actuación debe permanecer dentro de los marcos legales de autonomía, independencia e imparcialidad.
Al comenzar la sesión, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, expuso su proyecto en el sentido de negar la consulta por cinco razones principales: lesiona los derechos humanos de los ex mandatarios, condiciona la obligación de procesar a cualquier persona responsable de un hecho delictivo, sea o no un ex presidente; viola el principio de presunción de inocencia, implica poner a votación los derechos, y contradice el principio de igualdad.
Para abrir el debate, el magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que la consulta popular es un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios.
A favor de la consulta, Arturo Zaldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Juan Luis González, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán.
Hizo un llamado a sus compañeros de pleno: Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional.
Sostuvo que no se trata de poner a votación la justicia, sino de permitir a la ciudadanía orientar la política criminal del Estado.
A su vez, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que la democracia indirecta, ejercida mediante la elección de legisladores y del Ejecutivo, es insuficiente, pues puede llevar a una crisis de representación donde los ciudadanos pueden sentirse no identificados.
Por ello, declaró, la SCJN debe cumplir con su papel de ser garante de la consulta popular, a la que definió como un sistema de democracia semidirecta, necesario para que se exprese la voluntad popular. Sin embargo, advirtió que la pregunta originalmente planteada contenía vicios de inconstitucionalidad y, por ello, debía ser reformulada.
A esta postura se sumó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien manifestó que el rol de la SCJN no es sólo revisar la constitucionalidad de la pregunta, sino también garantizar la posibilidad de la consulta, a la que definió como un derecho humano.
En contra de la consulta, el ministro Javier Laynez Potisek sostuvo que el tema de la pregunta planteada excedía los límites fijados en la Constitución.
Expresó que no todo puede ser sometido a este ejercicio, pues perdería su sentido: no se puede consultar sobre cualquiera cosa y sobre cualquier materia, por qué no consultar, por ejemplo, sobre los principios del artículo 40 (constitucional), y que la ciudadanía se exprese sobre si en lugar de ser una República prefiere ser una monarquía.
Afirmó que, si hasta este momento no había prosperado ninguna de las propuestas de consulta popular, esto no era responsabilidad de la SCJN, sino del Legislativo, que sujetó esta práctica a varios candados.
La justicia no se consulta, resumió Laynez, quien finalizó diciendo: yo sé que esta no es una decisión fácil, y sé que hay posiciones que, como la mía, no son populares. Es muy probable que una decisión de esta naturaleza no sea apoyada por la mayoría de la población mexicana; sin embargo, los jueces constitucionales no somos nombrados para crear o para ganar popularidad.
A esta postura se sumó la ministra Margarita Piña Hernández, quien afirmó que lo que se pretendía someter a consulta es si el Estado debe o no cumplir con su deber de impartir justicia.
Añadió: mi obligación constitucional es votar sin perseguir otro objetivo que el cumplir con mi deber, mi responsabilidad como ministra de la Suprema Corte, que es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional.
Al terminar de oír las posiciones de todos los ministros, Zaldívar Lelo de Larrea propuso dividir la votación en dos partes, primero saber si el tema propuesto era constitucional o no, y después la nueva formulación que se daría a la pregunta.
La votación
A favor de la constitucionalidad de la consulta votaron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.
En contra votaron Luis María Aguilar Morales, Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco González Salas y Norma Lucía Piña Hernández.
Avanza consulta para enjuiciar a expresidentes, pero no todo está decidido
María Fernanda Navarro/Forbes México
CIUDAD DE MEXICO, 02 de octubre de 2020./María Fernanda Navarro/Forbes México.- La resolución de constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de enjuiciar a ex presidentes por posibles delitos cometidos, era uno de los procedimientos necesarios para poder llevarla a cabo conforme a la ley.
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A diferencia de otros ejercicios de consulta llevados a cabo por Andrés Manuel López Obrador desde que resultó electo como presidente de la República -entre ellas la decisión de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, la construcción de una termoeléctrica de Morelos y el Corredor Transístmico-, la consulta para enjuiciar a expresidentes se está llevando a cabo conforme a lo establecido en el artículo 35 de la constitución.
Además la constitución señala que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, con el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos.
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El procedimiento advierte que una vez que la Suprema Corte reconoce la constitucionalidad de la materia y avala la pregunta que se integrará en la consulta, misma que no podrá ser objeto de cambios por el congreso, tendrá que ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
El presidente de la cámara de origen, en este caso el Senado, deber turnar la petición de consulta a la Comisión de Gobernación y otras comisiones que correspondan en la materia para su análisis y dictamen.
El dictamen debería ser aprobado por la mayoría de los integrantes de ambas cámaras. Cabe destacar que Morena cuenta con mayoría en el Congreso de la Unión por lo que es muy probable que la solicitud de consulta sea aprobada.
Una vez aprobada se expedirá la convocatoria de la consulta popular a través de un decreto.
La constitución también establece que para que los resultados sean vinculantes se tendrá que registrar al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y será el Instituto Nacional Electoral quien tenga a su cargo la organización de éstas.