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+ La diputada de Morena presenta iniciativa para incorporar ese término en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo, 20 de noviembre de 2021 (Notilegis).- La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) presentó una iniciativa para incorporar el término “violencia institucional” en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En un comunicado, explicó que su propuesta tiene el fin de evitar que las personas adultas mayores en México sufran discriminación por parte de algún servidor público de los tres niveles de gobierno.
La legisladora sostuvo que la violencia institucional es un concepto que amplía y define cualquier uso indebido de poder o fuerza como la discriminación llegando a causar alguna afectación a una persona hasta la pérdida de la vida.
Esto incluye la detención por parte de algún ente judicial o institución de funciones públicas; “es decir, que funcionarios o servidores públicos pueden llegar a violentar los derechos humanos de cualquier ciudadano”.
Al respecto, señaló que los servidores públicos que están sujetos a una instancia gobierno, deben ser sancionados por la discriminación y que en cuyo caso impidan un goce natural como tener derechos constitucionales principalmente en los sectores más desprotegidos y vulnerables, como son los adultos mayores.
Por lo anterior, resaltó la importancia de establecer acciones interinstitucionales y multidisciplinarias orientadas a la prevención y atención de la violencia cometida en contra de las personas mayores en todas sus manifestaciones y ámbitos.
“Así como brindarles todas las herramientas jurídicas que les permitan fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de vida”, mencionó.
Al respecto, Bustamante Castellanos señaló que durante la crisis sanitaria de Covid-19, las personas adultas mayores han sido uno de los grupos vulnerables que han sufrido con especial dureza los efectos en materia de salud y de economía derivados del confinamiento.
En ese tenor, destacó que un hecho fundamental a favor de las personas adultas mayores “fue la aprobación en este Congreso del artículo 4º de nuestra Constitución Política, presentada por el Ejecutivo Federal, a fin de establecer la obligatoriedad por parte del Estado mexicano de dotar una pensión universal a los adultos mayores”.
Sin embargo, explicó que, aunque la Ley Federal de Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 3º Bis establece los tipos de violencia a que son sujetas los adultos mayores, no prevé ni define la violencia institucional como una práctica estructurada de violación de los derechos humanos por parte de los servidores públicos en cualquier orden de gobierno.
La iniciativa por la que se adiciona una fracción al artículo 3o. Bis de dicha ley, incluye la violencia institucional como tipo de agresión contra las personas adultas mayores y plantea definir éstas, como actos, acciones o negligencias de los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno, todos aquellos en los que se impida el libre ejercicio de sus derechos.