CAFÉ PARA TODOS

05 Octubre 2017

ALBERTO CARBOT

* MÉXICO DEBIERA SEGUIR LA REGLAMENTACIÓN CHILENA DE CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES, QUE EVITARÍA LÁS PÉRDIDAS HUMANAS Y EL COLAPSO DE LOS INMUEBLES

* SE ESTIMA QUE EL MONTO DE LAS DONACIONES EN EFECTIVO PARA LOS DAMNIFICADOS ES DE 36.9 MILLONES DE DÓLARES

Aún cuando falta el veredicto final de la Secretaría de Protección Civil, las cifras preliminares del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera lo dicen todo: luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en la Ciudad de México existen más de 3 mil 800 edificaciones con afectaciones leves, moderadas y graves. Además de los 47 inmuebles derribados por la fuerza del movimiento telúrico de 7.1, decenas de ellos deberán ser demolidas, especialmente en zonas de las colonias Condesa y Roma.

Mediáticamente, la situación de 3 edificios colapsados, ocuparon varias horas de transmisión televisiva y las primeras planas de los diarios y portales de Internet.

En la capital del país se dio cuenta a nivel mundial del derrumbe del Colegio “Enrique Rébsamen” -ubicado en el número 11 de la calle Rancho Tamboreo en la Delegación Tlalpan-; la caída del edificio de Bolivar 168, esquina con Chimalpopoca y el colapso de la edificación en Álvaro Obregón 286, colonia Roma, en donde aún se mantienen las maniobras para el rescate de los cuerpos de quienes fallecieron al  desplomarse en sólo 15 segundos el edificio de 6 pisos, que provocó la muerte de 49 personas.

Llama la atención que muchos de los edificios de más de 3 pisos que se vinieron abajo, eran de muy reciente construcción o databan de finales de los años 80, pese a que supuestamente fueron erigidos con base a los reglamentos y protocolos emanados luego de la tragedia del 19 de septiembre de 1985.

Sin embargo, colapsaron, no sólo por la inusual rudeza de los sismos, sino también por la deficiencia de los materiales empleados, la carencia de tecnología sismo-resistente, pero sobre todo, por la corrupción que campea en las Delegaciones, precisamente en las áreas encargadas de supervisar las edificaciones y hacer cumplir la ley.

Una investigación realizada por el portal Sin embargo.mx -que cita informes del Colegio de Arquitectos-, señala que  las trabas legales, los problemas para obtener permisos y el cumplimiento de reglamentos, hacen de la industria de la construcción la más propensa a caer en actos de corrupción.

Indica que las edificaciones en la Ciudad de México se clasifican de acuerdo a su uso y destino en tipo A (no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 metros cuadrados, dos niveles, altura máxima de 5.5 metros); tipo B (usos no habitacionales o mixtos de 5 mil metros cuadrados y hasta 10 mil metros cuadrados con uso habitacional), y tipo C (requieren de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental).

“El Reglamento de Construcción determina que la Delegación otorgará la autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya apegado a lo manifestado o autorizado. Pero si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación no se ajusta a la licencia, se ordenará al propietario efectuar las modificaciones necesarias.

“Después de entregada la autorización, el propietario se vuelve en el responsable de la operación y mantenimiento de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad e higiene”, asegura Sin embargo.mx

El informe reitera que “ante la presencia de corrupción en la construcción de obras, que afecta a la ciudadanía, el Colegio de Arquitectos propone transparencia y actualización en los planes de desarrollo urbano, las licencias de construcción, así como simplificación en los reglamentos”.

Más allá de que la corrupción haya sido la principal pieza que provocó el grave problema que México afronta luego de los pasados sismos, lo cierto es que al parecer también nos hemos aislado de los avances que en materia de edificaciones sismo-resistentes (el adjetivo antisísmicas estaría mal empleado) han alcanzado otros países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Chile.

Estas naciones han endurecido sus normas de construcción, y desarrollado mecanismos que permiten no sólo evitar la pérdida de vidas humanas y el colapso de la actividad productiva, sino costosos procesos de reconstrucción.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA NORMA CHILENA NCH 433, ES LOGRAR QUE SIN IMPORTAR LA MAGNITUD DEL SISMO, UN EDIFICIO NUNCA COLAPSE

Chile, en los últimos 100 años ha registrado  más de 80 sismos que superan los 7 grados en la escala Richter y 5 de ellos de más de 8 grados.

Un trabajo suscrito por María González, que vale la pena consultar en https://www.xataka.com/otros/el-mayor-terremoto-de-la-historia-asi-ha-cambiado-chile-desde-que-temblara-a-magnitud-9-5, indica que el terremoto de magnitud 7.0 que sacudió Haití, el 12 de enero de 2010, provocó 316 mil muertos, pero que el sismo de magnitud 8,8 que azotó Chile mes y medio después, causó únicamente 500 muertos.

De esa cifra, 156 personas fallecieron a causa del tsunami que se produjo luego del sismo. La nota retoma un informe de la BBC de Londres y explica que comparar Haití con Chile no tiene mucho sentido dada la realidad de cada país, pero aun así llama la atención la gran diferencia entre las consecuencias de estos dos terremotos en la población y el número de edificios y casas colapsadas.

¿Por qué estas diferencias? -se pregunta-. La respuesta la tiene la excelente construcción antisísmica que desde hace décadas se ha venido desarrollando en territorio chileno.

El arquitecto Jaime Díaz, profesor de la Universidad de Chile, explicó cómo por normativa se exige el empleo de ciertos materiales específicos que permiten “sobrevivir” a los violentos movimientos sísmicos.

Además de estructuras de hormigón armado y acero -que proporcionan flexibilidad para que un edificio se mueva pero no se caiga-, se incorporan “aisladores” y “disipadores” sísmicos, que evitan que la energía del terremoto se transmita al edificio o, si lo hace, posibilita que ésta fuerza sea absorbida.

Precisamente, durante el terremoto del sábado 27 de febrero de 2010 que golpeó a ese país y alcanzó una magnitud de 8.8 -que lo convirtió en el sexto más intenso del mundo-, fue el apoyo de la ciencia moderna y la calidad de la tecnología empleada en las edificaciones, basados en la teoría lineal-elástica del comportamiento estructural, lo que permitió que sólo el 1 por ciento de las construcciones sufriera daños estructurales.

El doctor Víctor Yepes Piqueras, profesor titular de Ingeniería de la Construcción y director académico del Máster en Ingeniería del Hormigón, en Valencia, España, ha señalado que los edificios chilenos modernos se comportan muy bien frente a los sismos, porque “en estructuras de hasta 18 pisos se utiliza el aislamiento sísmico, que permite interrumpir la estructura en su conexión a nivel del suelo y generar una interfaz para que el movimiento sísmico no se propague hacia la estructura”.

En las construcciones de mayor altura -dice-, se emplea la disipación de energía, que aprovecha el movimiento de la estructura para conectar entre 2 puntos, un sistema que dispersa la fuerza de empuje, producto de la deformación relativa de éstos. De acuerdo a los investigadores, el uso de aisladores sísmicos o disipadores de energía logran reducir el potencial de daños entre 40  y 80 por ciento.

En ese país sudamericano estos mecanismos se combinan con el uso de losas de hormigón armado, que no sobrepasa los 15 cm de espesor y se unen a vigas y pilares que en conjunto forman un sistema que trabaja como un único elemento flexible y resistente a los movimientos ondulatorios.

Un análisis del avance en materia de edificaciones sismo-resistentes fue publicado en la revista chilena “EMB Construcción” y da cuenta del surgimiento -luego de la debacle telúrica de 1960-, de la primera norma moderna NCh 433, corregida en 1972 y 1996, que actualmente rige el proceso de construcción en ese país.

La NCh 433  -que se apoya en las experiencias de Japón y Estados Unidos, más concretamente en el code ACI 318, (código de la Association Concrete Innovation de EU)-, divide el territorio chileno por sectores de alto riesgo sísmico, de 1 al 3. Otra clasificación que hace la norma es en relación al uso de los edificios y, por último, al material de cada edificación. Así, según la zona, se pueden encontrar diversos coeficientes de seguridad para aplicar a cada estructura.

El principal objetivo de la NCh 433 es lograr que sin importar la magnitud del sismo, un edificio nunca deberá colapsar, dando tiempo suficiente a las personas para evacuar el inmueble.

En el apartado Diseño Sísmico de Edificios, en su artículo 5.1.1 la norma técnica estipula que las estructuras que cumplan con el diseño señalado, están orientadas a que resistan sin daños, movimientos sísmicos de intensidad moderada; limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad y aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa.

Luego de los pasados sismos, seguramente existe sumo interés por conocer cuáles son las zonas de menor riesgo en la Ciudad de México. Un análisis realizado por el portal inmobiliario Propiedades.com, con datos de Protección Civil y expertos consultados, señala que las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, la mayor parte de Milpa Alta y Tlalpan, así como ciertas áreas de Miguel Hidalgo, Coyoacán y Xochimilco son las zonas con menor peligro potencial.

Por el contrario, aquellas que se hallan en los depósitos aluviales (donde se encontraban los lagos) son las que presentan un mayor movimiento sísmico, como las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac.

El mapa geológico, destaca que las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa se asentaron sobre el volcán San Miguel, donde el suelo está conformado por derrames de lava o roca volcánica, que reducen la vulnerabilidad ante un sismo, reconoce José Antonio López Meza, vocal de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS)

“Otras delegaciones, como Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco se encuentran sobre conos de escoria (lava porosa) y derrames de lava basálticos que forman parte de la Sierra de Chichinautzin, por lo que también tienen menor riesgo”, indica.

El experto señala que la zona del Centro Histórico, las colonias Roma Norte, Narvarte, Juárez, Doctores, Tabacalera y Tlatelolco tuvieron un mal comportamiento durante los sismos de 1985.

El portal refiere que en la capital del país existen 3 tipos de suelo en cuanto a sismos se refiere: “blando”, “de transición” y “firme”. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en cada uno de ellos los temblores se sienten con diferente intensidad y el movimiento de las construcciones es diferente.

En el suelo “blando”, por ejemplo, se percibe un mayor movimiento y los edificios suelen balancearse fuertemente, debido a la amplificación de las ondas. En contraste, en el suelo “firme” la percepción del sismo es menor y las construcciones se mantienen más estables.

El experto consultado por la agencia inmobiliaria, señaló que los diferentes componentes de una onda sísmica se amplifican o atenúan dependiendo del tipo de suelo que se encuentren en su camino. En la Ciudad de México, la zona que fue de lago, amplifica la onda sísmica, caso contrario a la zona de lomas o suelo rocoso, donde la energía del sismo se atenúa y reduce de manera importante. Así, algunas colonias dentro de las zonas de menor intensidad son Ajusco, Ciudad Universitaria y Pedregal de San Francisco en Coyoacán. Lomas de Chapultepec y las secciones I, II y II de Polanco en Miguel Hidalgo.

A pesar de que algunas regiones sean más seguras que otras, ello no significa que estén totalmente exentas de riesgo o que los temblores no se sientan en absoluto, señala por su parte Víctor Espíndola, jefe de Análisis e Interpretación de Datos Sísmicos del Servicio Sismológico Nacional. Aunque la zona sur es mucho más firme, puede verse afectada por sismos más profundos, reconoció el especialista.

“No son sismos que provengan de la zona de subducción directamente, como lo fue el sismo del 85, sino son más bien movimientos telúricos que provienen de la placa de Cocos, que ya está bajo la norteamericana. Esa placa de todos modos se sigue fracturando y ocurren sismos a profundidades de 70, 65 kilómetros, que pueden estar bajo ciudades del estado de Puebla, la parte norte de Guerrero, al norte, y un poco en Michoacán”, dijo Espíndola al portal inmobiliario.

Hoy -ante las evidentes consecuencias catastróficas del sismo del pasado 19 de septiembre-, el desafío es impedir a toda costa el colapso de las edificaciones y los daños entre la población, que ha ocasionado la muerte

de 369 en 6 entidades, como lo informó Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De este total, 228 personas corresponden a la Ciudad de México; 74 a Morelos; 45 a Puebla; 15 al Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.

Por ello, desde este momento resulta imprescindible establecer mecanismos idóneos para construir casas o edificios bajo normas similares a la NCh 433 chilena, y recurrir a la tecnología de avanzada de esa nación sudamericana, ejemplo mundial en edificaciones sismo-resistentes.

Como siempre, no faltarán quienes se opongan a tal medida, argumentando que estos sistemas incrementarán el costo de las nuevas edificaciones. Sin embargo, habrá que señalar con toda energía que, a la postre, el supuesto encarecimiento en el proceso de construcción de los inmuebles resulta infinitamente menor a los daños a la economía nacional -que en México ya superan los 38 mil millones de pesos-, y el número de víctimas se reduciría de manera drástica o sería prácticamente inexistente.

Es una cuestión de lógica numérica de gran peso y alto impacto social, que debiera ser impuesta de inmediato, más allá de la infame disputa mediática por el poder y el reparto del dinero de la reconstrucción.

GRANOS DE CAFÉ

Se habrán ya dado cuenta en Los Pinos que nadie del gabinete o de las áreas encargadas del proceso de “reconstrucción” ha salido al paso para aclarar públicamente y de forma categórica que el dinero que se ha donado -y el apoyo de personajes, empresas y organizaciones privadas o gubernamentales, nacionales y extranjeras y ciudadanos mexicanos que radican en el exterior-, no ingresa directamente a las arcas de gobierno, sino queda a resguardo y a discreción de las instituciones a donde la ayuda fue canalizada, la cual originalmente se destinaría a las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes y luego para la resarcir los daños materiales causados por el sismo.

Circula a través de todos los medios -principalmente de las redes sociales de Internet-, la exigencia de que el gobierno “no se robe” estos donativos, estimados por el periódico El Economista en 36.9 millones de dólares en efectivo. “La cifra representa 2.64 por ciento del cálculo más conservador de lo que se necesita para la reconstrucción”, indicó.

Las aportaciones del sector corporativo suman aproximadamente 26 millones de dólares. Solamente Google, Apple Facebook, Samsung-; Grupo Financiero BBVA Bancomer y Grupo BBVA anunciaron una aportación conjunta de 10 millones de dólares, para ayudar a la reconstrucción de escuelas. Los apoyos de estrellas y deportistas, según el diario, son de casi 7,5 millones de dólares y destacan significativamente los 2 millones de dólares que presuntamente aportó la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga.

El diario, que hizo un desglose de los aportantes, señaló que las comunidades de mexicanos en Bélgica, y el Reino Unido, lograron reunir  17 mil 800 dólares. “El Banco Interamericano de Desarrollo y la Unicef entregaron donativos por 4.6 millones de dólares y 400 mil dólares respectivamente. El gobierno de China anunció una ayuda solidaria por un millón de dólares, y El Vaticano envió un anticipo de 150 mil dólares, de un donativo total cuyo monto aún se desconoce…

…. La corrupción es el mayor problema nacional y es urgente erradicarlo del ámbito oficial con medidas extremas. Por ello la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México propuso una “Ley de Muerte Política” para funcionarios venales, algo parecido a la “Ley de Muerte Civil” que ya se promulgó en Perú.

La propuesta se aplicaría exclusivamente a  aquellos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados, con lo que se evitaría estigmatizar a inocentes.

El proyecto pudiera concitar la aprobación popular, ya que de acuerdo con Forbes, la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) En México podría resultar en algo más que un bálsamo ciudadano…Sus comentarios envíelos al correo gentesur@hotmail.com