CAFÉ PARA TODOS

18 Octubre 2017

ALBERTO CARBOT

* EL GOBIERNO DEBE EXPLICAR DE QUÉ RUBROS SURGIERON LOS OTROS 10 MIL MILLONES DE PESOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

* LA RENUNCIA DE CERVANTES ANDRADE, GENERA ESPECULACIONES; AÚN NO SE HA DESCARTADO DIRECTAMENTE COMO PROBABLE CANDIDATO A LA FISCALÍA GENERAL

¿Alguien pudiera explicar a los mexicanos –ya que al parecer el Presidente Enrique Peña Nieto no lo hizo a detalle el pasado lunes ante periodistas  y empresarios de los medios informativos que fueron convocados a Los Pinos-, de qué rubros surgieron los otros 10 mil millones de pesos que se requieren para el proceso de reconstrucción por los sismos?

Apenas 19 días después de la evaluación de daños inicial, realizada el pasado 27 de septiembre -cuando  Peña Nieto indicó que se requerirían más de 38 mil millones de pesos, para comenzar estas tareas en las entidades afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre-, el gobierno se queda sin explicar cabalmente dónde se aplicará cada peso de los presupuestados y hacia qué sectores se canalizará el monto extra.

Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación, dijo que Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron los estados que más resintieron el impacto de los sismos que afectaron a 12 millones de personas en 400 municipios de 12 entidades del país. Prácticamente habrán de edificarse más de 180 mil nuevas viviendas y edificaciones.

Así también se indicó que el presupuesto federal deberá adecuarse para emprender las tareas de reconstrucción.

Por ello, en estos precisos momentos en que la desconfianza ciudadana ha alcanzado sus máximos niveles, el gobierno federal, sin excusas ni pretextos, debiera comenzar explicar el por qué se requieren los 10 mil millones de pesos extras.

De igual forma, debiera también comenzar a aplicar un extremo proceso de transparencia de los millonarios montos que se destinarán para reducir los efectos del impacto sísmico en miles de viviendas, oficinas, fábricas, talleres y reactivar la economía en las entidades afectadas; con nombres, y direcciones de cada uno de los beneficiados.

Frecuentemente recibo vía Internet todo tipo de mensajes de amigos, y seguidores que se dan el tiempo de leer esta columna, y con esa asiduidad también vía whatsapp, veo cómo pululan los airados reclamos de los internautas en torno a los montos de la reconstrucción y su aplicación, y sobre todo, de las donaciones que se ha recibido, tanto de gobiernos, y organismos privados -nacionales y extranjeros-, e incluso de personajes de la industria del entretenimiento y el mundo deportivo.

¿Y dónde están esas millonarias sumas?, se preguntan con justa razón, ante la gran desconfianza ciudadana hacia las administración gubernamentales de índole federal, estatal y municipal.

Pero como siempre –cuando el gobierno debiese realizar una intensa campaña de publicidad para aclarar el destino de esos montos-, no lo hace. De forma timorata, casi aislada, sin fuerza, con miedo, la administración de Peña Nieto ha intentado explicar que el gobierno no maneja ni un peso de donativos internacionales.

Al comparecer hace pocos días ante el pleno de la Cámara de Diputados, José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, señaló que  los recursos gubernamentales serán ejercidos directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación y que el gobierno habrá de transparentarlos para que los mexicanos estén informados de que el dinero sí llegó a los beneficiarios, para garantizar que se entreguen a las personas que en verdad lo requieran.

Así también informó que 36.9 millones de dólares producto de  donaciones internacionales, provenientes de Samsung, Coca Cola, Apple, Google, Walmart, Facebook, Lady Gaga y Katy Perry, no sería manejadas por el gobierno federal y que cada una de las donatarias que los recibieron deberán hacerse responsables y rendir cuentas de su aplicación, entre ellas instituciones privadas, como el Fideicomiso Fuerza México, encabezado por empresarios.

Meade Kuribreña dijo a los legisladores: “¿se ha preguntado por ejemplo, cuál fue el destino de lo que comprometió Coca Cola, Google, Facebook, Apple, Uber o Samsung? En todos los casos, esos donativos se fueron a la Cruz Roja, y es ella quien habrá de reportar sobre su uso. Walmart, Ford, Pepsico y Grupo Carso hicieron aportaciones a sus propias fundaciones.

“Algunas otras celebridades como Katy Perry o Lady Gaga donaron a organizaciones de la sociedad civil, a la Cruz Roja o a la Unicef. Esto es, el gobierno federal no ha recibido un solo peso de donativos del sector privado; prácticamente en ningún caso se lo dieron directamente al Gobierno federal. Cada peso que se donó se hizo al amparo y en el patrimonio de donatarias autorizadas, y son ellas quienes sobre esos recursos rinden cuentas. La movilización de recursos privados ha sido importante, y queremos desplegarnos en coordinación y sincronía, dijo el todavía secretario de Hacienda.

EL PAPEL DEL FIDEICOMISO PRIVADO FUERZA MÉXICO EN LA RECONSTRUCCIÓN

El patrimonio con el que cuenta el Fideicomiso Fuerza México -encargado de administrar y operar los recursos de las donaciones realizadas por organizaciones empresariales y particulares-, hasta el corte de este martes, es de 132 millones 376 mil 733 y 55 centavos, en moneda nacional, y 2 millones 706 mil 116 dólares y 98 centavos en dólares estadounidenses.

Cuando por lo imperioso de la situación debiera ser un ente activo, a la vista de todo mundo, la página de Internet, http://fideicomisofuerzamexico.com –que en estos momentos por ello debiera ser la más visitada-, prácticamente se enfoca a reseñar los montos recabados.

Al parecer, los fondos mixtos que hasta hoy suman aproximadamente 184 millones 660 mil pesos en donativos, seguirán aumentando, pero ello también indica que ese dinero sigue ahí, inactivo, sin usarse, pese a las urgentes necesidades que implica la reconstrucción.

De manera bastante confusa, el fideicomiso -que en teoría está bajo la supervisión de un Comité Técnico “conformado por representantes de organizaciones empresariales y miembros de organismos de la sociedad civil especializados en la transparencia y lucha contra la corrupción”-, en su exposición de motivos señala que éste “posee características muy concretas que traerán beneficios para el trabajo de reconstrucción”.

“El objeto del Fideicomiso será la reconstrucción. La experiencia, conocimientos y valor agregado de los expertos estará concentrada en este fin, permitiéndole mayor especialización (sic). De esta manera, se garantizará que aquellas personas e instituciones que quieran participar en las tareas de reconstrucción, pero no tengan los medios para hacerlo, encuentren un canal concreto y confiable”.

Luego, subraya que permitirá “potenciar la coordinación y evitar duplicidades. Al coordinar en una sola instancia las aportaciones del sector privado, se va a apoyar de manera estratégica y evitar redundancias en la reconstrucción. La coordinación con el sector público evitará que las mismas necesidades se atiendan dos veces, o que queden áreas descuidadas”.

En su Comité técnico, el fideicomiso ha incorporado a Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; Alejandro Ramírez Magaña, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Marcos Martínez Gavica, Presidente de la Asociación de Bancos de México; y a Vicente Yañez Solloa, Presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Así también a José Méndez Fabre, Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; Frédéric García, Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales; Gustavo Arballo Luján, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Federico López, Presidente del Consejo de la Comunicación; Edna Jaime, Presidenta de México Evalúa; Federico Reyes Heroles, Presidente de Impunidad Cero; Antonio del Valle, Presidente de Bx+, y a Carlos Danel Cendoya, Presidente de Gentera.

El directorio del fideicomiso luce sólido y conformado por personajes de alto nivel,  pero hartos de la rapiña y la depredación de siempre, la gente de la calle, los afectados por los sismos, esperan una mayor acción de los instrumentos gubernamentales o civiles-empresariales creados para atender sus necesidades. Si no es ahora ¿cuándo?

GRANOS DE CAFÉ

Apueste usted que en los próximos 150 días, México tendrá un Fiscal General de la República. La renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República, constituyó de hecho el banderazo de salida para que los candidatos al cargo –y entre ellos podría estar el mismo Cervantes-, conciten a su favor las simpatías de diputados y senadores para que el Congreso elija a uno de ellos, lo que necesariamente ocurrirá desde esta etapa preelectoral.

Es más que evidente que dejar su nombramiento bajo la responsabilidad del próximo gobierno de la República –sea quien sea el que lo encabece-, provocaría un conflicto de intereses igual o mayor al que se gestó con pretendida continuación en el cargo del hoy exprocurador.

Naturalmente la renuncia de Cervantes Andrade, generó un cúmulo de especulaciones, especialmente porque él mismo no se descartó directamente como probable candidato a la Fiscalía General, aunque luego del desgaste a que estuvo sometido en los últimos meses, sería políticamente incorrecto que se presente siquiera, en calidad de aspirante, y ya no se diga en el casi improbable caso de que resultara seleccionado por el Congreso.

Sin embargo dada la efervescencia política preelectoral que priva en el país y el peso de los usos y costumbres que ha implantado el sistema político mexicano, nada podría considerarse verdaderamente descartado. Todo puede pasar.

Si bien el propio presidente Enrique Peña Nieto fue contundente al señalar que la designación del Fiscal General sólo compete al poder legislativo, los movimientos al interior de las bancadas dentro de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se han intensificado en la búsqueda -no de consensos para brindar respaldo a tal o cual aspirante-, sino para hacer sus propias propuestas e incluso marcar el plazo para dicha designación.

Por ahora la moneda está en el aire y el tema ha adquirido la misma relevancia que la propia sucesión presidencial, ya que de esa designación dependerá en mucho la buena marcha del próximo gobierno, y en especial los consensos necesarios para abordar los temas más delicados de la siempre compleja agenda política…

…Más allá de la justificación que quisieran darle a la desaforada propuesta para renovar cada 6 años la cédula profesional, requisito que no existe en la actualidad, la iniciativa presentada por el diputado Ángel García Yáñez de Nueva Alianza -quien por cierto sólo alcanzó a medio concluir sus estudios de preparatoria, hecho que aún no está plenamente comprobado-, es una soberana estulticia que además carece de todo sustento ético.

El docto e ilustrado legislador propone que se modifique el Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para que todos los profesionistas titulados y certificados revaliden conocimientos y la cédula misma o  de lo contrario, no podrán ejercer.

Como tomadura de pelo estaría bien, pero el “representante popular” por el partido creado por la profesora Elba Esther Gordillo, fue más allá en sus pretensiones, ya que en su propuesta -difundida en comunicado oficial-,  asienta que para acreditar la certificación, los interesados deberán presentar una evaluación teórico-práctica, a fin de demostrar que tienen los conocimientos necesarios en la materia.

Según él, esta evaluación “podrá solicitarse en la institución de educación superior donde haya cursado sus últimos estudios o en otra de su elección, la cual deberá expedirle una constancia que contenga los resultados de la evaluación correspondiente”.

Naturalmente el supino legislador ignora totalmente el esfuerzo y sacrificio que conlleva a todo profesionista acreditar conocimientos para obtener un título, y más bien su propuesta es una tontería y la muestra de  que el señor se quedó con algo más que la secundaria, donde basta con los exámenes finales, un acordeón o el “empujoncito” del profesor para obtener el certificado.

Lo más aberrante es que la propuesta sea promovida  precisamente por alguien que no conoce la academia y pese a ello obtiene una sustantiva dieta que pagamos los mexicanos, simplemente porque se dedicó al sustancioso arte de “legislar” para nuestro infortunio. Congruencia, señor diputado de prepa. ¡Congruencia!…Sus comentarios envíelos al correo gentesur@hotmail.com