CAFÉ PARA TODOS

03 Diciembre 2014.

ALBERTO CARBOT

* ENRIQUE PEÑA, DOS AÑOS EN EL PODER, EN MEDIO DE UNA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA PREFABRICADA

* LA IMPUNIDAD EN MÉXICO ESTÁ DISFRAZADA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

 El presidente Enrique Peña Nieto había llegado al poder sin gozar de la mayoría en ambas cámaras del Congreso y en medio del temor de que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras una pausa de 12 años, implicara la restauración del viejo autoritarismo.

Sin embargo, en pocos meses consiguió remontar el descrédito y mediante un pacto con las principales fuerzas políticas, logró lo que varios de sus antecesores no pudieron: sacar adelante audaces reformas que le hubiesen envidiado cualquier jefe de Estado en el mundo, en materias tan delicadas y cruciales como energía, telecomunicaciones, educación y hacendaria, entre otras.

Apenas el 24 de febrero la revista estadounidense Time había publicado en su portada la imagen de Peña bajo el título “Salvar a México” y un artículo donde escribió que los líderes estadounidenses deberían aprender “una o dos lecciones del emergente vecino del sur”.

Incluso, se habló del “Memo” (Mexican Moment) y Peña se ganó los aplausos de la comunidad internacional por su ímpetu reformador e incluso se le auguró un promisorio futuro como guía de una potencia emergente.

Extraña circunstancia, pero después de que logró sacar adelante estas reformas, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, comenzó a vivir su anticlímax con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, aunque también por esos días el país había ya sido sacudido por el tema de la matanza de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio, cuando 15 hombres -que custodiaban un cargamento de droga-, fueron abatidos por efectivos militares, en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, estado de México.

Según revelaron la revista Esquire y la agencia estadounidense AP, dos mujeres sobrevivientes -quienes habían sido contratadas para prestar sus servicios sexuales a los capos-, señalaron que estos habían sido asesinados después de que se habían rendido.

En cuanto al asunto de Ayotzinapa, fue mediáticamente aprovechado por sus opositores y especialmente por el mesías que mueve la cuna, para irrumpir con la campaña de “Que renuncie Peña” e inducir a sus huestes a la violencia.

Resulta increíble que aunque el gobierno a su cargo no estuvo directamente involucrado en este episodio -pues ya se sabe que el cerebro de esta operación fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien temía que los jóvenes estropearan el informe que rendía su esposa María de los Ángeles Pineda, como titular del DIF municipal-, de todos modos el gobierno de Enrique Peña tuvo que cargar con el paquete.

Y digo que se trata de una extraña circunstancia, porque todas las protestas por los desaparecidos se le han cargado a su administración, pero nunca se ha responsabilizado directamente al Partido de la Revolución Democrática (PRD),  que postuló a Abarca e hizo consejera estatal a su esposa, ni al crimen organizado -que es el que habría asesinado a los normalistas, si fuese cierta la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR)-, quizá porque acusar al mandatario va más a tono con la idea de los extremistas y anarcos que están detrás de las protestas.

Luego, cuando la tormenta sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, se cernía sobre el gobierno de Peña Nieto, los propietarios de MVS -quienes desean cobrarle facturas al gobierno de Enrique Peña por desacuerdos en la adjudicación de las concesiones-, promovieron a través de Carmen Aristegui el escándalo de la “Casa Blanca”, la mansión de 7 millones de dólares que el Grupo Higa supuestamente le vendió a su esposa Angélica Rivera.

El siguiente ingrediente que se agregó a esta peligrosa mezcla fue la caída de los precios del petróleo, que como se sabe están a punto de llegar a los 60 dólares, cuando hace apenas unos meses habían rebasado los 100, y por supuesto la “ralentización” -como también los especialistas llaman a la desaceleración, de la economía-, que obligó al gobierno a reducir la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.9 por ciento originalmente al inicio del año a un 2.6 por ciento según el último ajuste de la secretaría de Hacienda.

Peña Nieto enfrenta casi a diario un escenario que no esperaba, con protestas callejeras cotidianas, que suelen ir acompañadas de actos de violencia que el gobierno federal y las administraciones estatales, no quieren contener, porque sería “políticamente incorrecto”.

Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que todos estos casos han “evidenciado la debilidad de las instituciones y el hartazgo social, pero también la pobreza de liderazgo” y según la analista,  la respuesta del gobierno ante la desaparición de los estudiantes, fue “tardía, tibia e insensible”

El pasado jueves, al iniciar su tercer año de gobierno, el presidente quiso dar un golpe de timón y anunció un plan de seguridad, justicia y anticorrupción, acogido con escepticismo y fuertes críticas por la oposición y otros sectores. El problema es que quizá esto no sea suficiente para cortar la cauda de problemas que se han acumulado como una bola de nieve.

El efecto negativo ya tuvo su reflejo en al menos un par de encuestas sobre su desempeño, difundidas este lunes. El periódico Reforma publicó un sondeo que demuestra que los niveles de aprobación del presidente se ubicaron en 39 por ciento, por debajo del 40 por ciento que ha sido el más bajo registrado por un mandatario mexicano en las 2 últimas décadas. El Universal ubica esa medición en un 40 por ciento, que es algo similar.

¿Qué hacer para salir del bache? La renuncia del presidente -como mañosamente lo esgrimieron en los últimos días los acólitos del mesías tropical-, no está ya a discusión, porque recién concluyó el término constitucional para satisfacer sus apetitos y esto ya no les sirve.

Algunos expertos piensan que es necesario hacer cambios en el gabinete; otros más, aseguran que a Enrique Peña no le debe temblar la mano para aplicar la ley, cueste lo que cueste, sin importarle el efecto electoral para su partido o las consecuencias históricas. ¿Cuál es la mejor receta que sus asesores le pueden recomendar? ¿Por cuál optará el presidente en estos momentos álgidos de su gobierno?

GRANOS DE CAFÉ

 

La impunidad en México está disfrazada de violación a los derechos humanos. Desde hace meses los mexicanos hemos sido testigos de la barbarie, el vandalismo y la violencia desmedida de quienes se hacen llamar “anarcos” o anarquistas que rompen cristales, queman edificios públicos, destruyen vehículos oficiales,  saquean tiendas,  destrozan mobiliario urbano y agreden con saña a los cuerpos de seguridad, amparados en un torcido principio de garantías individuales.

Para colmo esos delincuentes cuentan no sólo con la protección de diputados locales -títeres de sus dirigencias partidistas que les ordena cambiar las leyes a su antojo para garantizar la impunidad de estos pandilleros-, sino que ahora son convertidos en mártires por múltiples organizaciones “sociales” que exigen justicia al tiempo que quebrantan toda norma.

Lo mismo en la capital de la nación, que en otras regiones del país, estos delincuentes se dedican a crear el caos con pretensiones de desestabilización al gobierno federal y, de paso, a otros que se suponen sus aliados, como es el caso del del Distrito Federal.

Sin embargo, parece que ya colmaron la paciencia de las autoridades capitalinas y su titular, Miguel Ángel Mancera, ya instruyó al secretario de gobierno, Héctor Serrano, para que documente con videos y fotografías el accionar de los vándalos en actos violentos -como los sucedidos la noche del lunes luego de una marcha más de los padres de los normalistas desaparecidos-, quienes constituyen la mejor carnada de los grupos de interés que se valen de su tragedia para lograr sus propios fines.

Por si ese caótico escenario de violencia que a diario vivimos los mexicanos no fuera suficientemente preocupante, se le debe sumar la mustia actuación de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez, quien es defensora a priori de la violencia y trata de justificarse con una torcida idea de justicia.

Personajes como ella -que ya se confrontó con Miguel Ángel Mancera en una ocasión cuando la señora Perla Gómez permitió que un grupo subversivo lo atacara en un acto  efectuado en la sede de la CDHDF- son directamente responsables de fomentar el clima de violencia y terror que a diario debemos soportar los capitalinos por parte de estas organizaciones financiadas con dinero de los mexicanos.

Y quienes se asombran de estas afirmaciones, los invito a leer la nota aparecida en “La Razón” (http://razon.com.mx/spip.php?article238253), el diario que da cuenta del contubernio del exsecretario de Desarrollo Social del DF,  Martí Batres -hoy dirigente nacional de Morena-, quien ilegalmente cobijaba a Leonardo Bucio Montemayor, padre de Sandino Bucio, vándalo que participó el pasado 20 de noviembre, arrojando bombas molotov en la más reciente incursión de los anarcos y que fue puesto en libertad por “errores” en su detención, obviamente protegido por la CDHDF y hábiles abogados al servicio de las organizaciones a las que sirve… María Cristina del Carmen Dovalí Calderón, la madre de la “criaturita”, laboraba como Coordinadora de Proyectos A en Iztapalapa, con sueldo bruto de 17 mil 406 pesos mensuales, más 11 mil 535 pesos de percepciones adicionales. Su jefa inmediata era la hoy secretaria de Bienestar de Morena, Clara Brugada…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección gentesur@hotmail.com