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• El secretario de Hacienda y el consejero jurídico del Gobernador aseguraron que el único objetivo del Decreto, expedido el pasado 7 de julio, es velar por la estabilidad económica de la clase trabajadora
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas; 25 de agosto de 2020.- Ante la expedición del Decreto por el que se cancela y prohíbe la práctica de colocación de créditos a las y los trabajadores de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, el secretario de Hacienda del estado de Chiapas, Javier Jiménez Jiménez y el consejero jurídico del Gobernador, César Amín Aguilar Tejada, dejaron en claro que el único objetivo es velar por la estabilidad económica de la clase trabajadora.
En un pronunciamiento conjunto, los funcionarios estatales precisaron que los términos de este decreto están enfocados exclusivamente a los préstamos o créditos con entidades financieras, intermediarios, prestadores de bienes, productos o servicios y en general con empresas no gubernamentales, bajo la modalidad de retenciones, deducciones o descuentos salariales vía nómina, por lo que en ningún momento se afectará la caja de ahorros o los capitales generados que corresponden a su esfuerzo laboral.
El secretario de Hacienda señaló que el Gobierno de Chiapas ha sido muy cuidadoso de no lastimar los derechos laborales con la adopción de estas medidas jurídicas, mismas que son indispensables para suprimir esta práctica administrativa adoptada en pasadas administraciones, por lo que, tal y como se realiza de manera permanente, en lo que se refiere al presente decreto se fortalecerá el acompañamiento en todo lo que sea necesario a los gremios sindicales y a las instancias gubernamentales que así lo requieran.
“Siempre desde una instancia institucional vamos a privilegiar la certeza y la seguridad del salario hacia las y los trabajadores y, por supuesto, el ahorro, que representa una suma de dineros que a través del tiempo se usará para circunstancias que el propio trabajador tenga que decidir”, apuntó Jiménez Jiménez.
A su vez, el consejero jurídico del Gobernador indicó que este decreto tiene un espíritu protector del salario y el patrimonio de la base trabajadora, ya que las prácticas de colocación de créditos con organismos privados van en contra de lo que establecen las leyes laborales y causan un grave deterioro a la economía familiar. Asimismo, sostuvo que esta iniciativa no afecta el derecho del personal para seguir ahorrando bajo el esquema que más les convenga.
“Los fondos que se generan a través de los ahorros van a seguir realizándose, ya sea a través de las dependencias en la que laboran o a través de sus líderes sindicales, quienes tendrán en su caso las vías alternas para poder seguir manejando, si es que así lo consideran, la colocación de créditos, pero ya no mediante el Gobierno del Estado”, agregó.