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“Caso de Robles no se trata de venganza”: Santiago Nieto Castillo

Rossi Sotelo/el Universal

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CIUDAD DE MEXICO, 15 de agosto de 2019./Rossi Sotelo/El  Universal/nacion@eluniversal.com.mx.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que el hecho de que Rosario Robles Berlanga esté en estos momentos en prisión, en razón de sus actos, no es una persecución política ni una venganza.

En entrevista con EL UNIVERSAL, enfatiza que presentará nuevas denuncias para que ningún caso de corrupción quede impune, y refuerza: «Las cosas han cambiado y el mensaje es muy claro: no vamos a tolerar la corrupción ni la impunidad, eso incluye nombres [y situaciones] como que Lozoya comparezca ante los tribunales y que se resuelva conforme a derecho.

«El hecho de que una exsecretaria de Estado [Rosario Robles] se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus actos, no es una persecución política ni venganza, lo que se busca es el cumplimiento de las normas del Estado constitucional de derecho y que los tribunales resuelvan, como en cualquier sociedad democrática. Presentaremos nuevas denuncias para que ningún caso de corrupción quede sin castigo, lo que no se puede tolerar es la impunidad».

Sostuvo que en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador «hay un enorme cambio» en el país y hace hincapié en que durante la administración de Enrique Peña Nieto «no pasó absolutamente nada» en materia de combate a la corrupción.

Recuerda: «Nombres como el de Emilio Lozoya, [caso en el que] la Secretaria de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años y la UIF mantiene congeladas sus cuentas, la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra él teniendo una orden de aprehensión».

En la plática con El Gran Diario de México, Santiago Nieto subraya la importancia de señalar que el gran problema de corrupción que tiene el país inicia en los procesos electorales. «Empresarios terminan financiando campañas electorales para obtener beneficios con administraciones futuras.

«[Se da también] el desvío de recursos públicos para fines electorales. También grupos delincuenciales aportan dinero a campañas electorales para efecto de que sus candidatos ganen y se les beneficie, particularmente en el ámbito municipal con controles territoriales. Para mí es muy importante que las instituciones en general, como la FEPADE y ahora la UIF, funcionen para lo que han sido diseñadas», indica.

El académico que desde hace más de 15 años no deja de dar clases y que dentro de sus posibilidades participa en actos de corte académico difundiendo las estrategias de prevención de lavado de dinero, comenta los cinco ejes centrales de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de combate a la corrupción e impunidad.

Primero, la orden que ha recibido del Presidente del República en el combate al robo de hidrocarburos generó un trabajo coordinado con otras instancias del Estado mexicano, para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República y solicitarle a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que quitara los permisos de ciertas estaciones de servicio para no comercializar huachicol; también para finalmente bloquear las cuentas de grupos de gasolineros o estaciones de servicio en donde se encontraban irregularidades.

«El Presidente me instruyó a que en cualquier caso en el que se detecte corrupción se denuncie ante la Fiscalía General de la República o se le dé aviso a la Secretaría de la Función Pública. Necesitamos generar una política pública de combate a la impunidad en los casos de corrupción y nuevamente la UIF tiene que servir para lo que fue diseñada, esto nos obliga a ir sobre los grandes casos de lavado de dinero vinculados con la corrupción», señala.

Sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes, detalla que la instrucción es ir diseñando modelos de riesgos que permitan detectar casos. «Hemos detectado, hasta este momento, cuatro denuncias sobre trata de personas, lo que ha permitido incluso la localización y el encarcelamiento de uno de los líderes más importantes de un portal de prostitución forzada en internet.

«Tenemos 26 casos ya trabajados de migrantes que nos han permitido bloquear las cuentas de personas que han generado operaciones que por mucho difieren de la actividad del perfil de estos usuarios, relacionados con dinero que viene de jurisdicciones de riesgo a Chiapas, o dinero que se traslada de este estado hacia el norte de la República, de la ruta de las caravanas migrantes o simplemente organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero de fuentes ilícitas para mantener el tráfico de personas».

Castillo Nieto agrega que en materia de combate al crimen organizado, uno de los grandes problemas tiene que ver con los grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico, que además han proliferado en sus acciones o se han expandido a delitos como secuestro, extorsión e incluso el robo de hidrocarburos.

«En este punto específico del [combate al] narcotráfico, trabajamos muy de cerca con Estados Unidos, particularmente con OFAC y con la DEA para tener elementos que se puedan llevar ante tribunales o que la Policía Federal pudiera utilizar».

El funcionario señala que inician el combate a las empresas fachada y las factureras para la localización de compañías vinculadas con los casos de corrupción y lavado de dinero.

Nieto Castillo deja claro cómo será el trabajo de la UIF en el tema de migrantes, ante los acuerdos llevados a cabo entre México y Estados Unidos: «Lo que nosotros tenemos es recepción de información, tanto del sistema financiero como de los sujetos obligados por actividades vulnerables, incluyendo los transmisores de dinero y una base de datos que nos permite recibir, analizar y diseminar información para la toma de decisiones.

«Nuestra labor, por un lado, es la expedición de inteligencia, del congelamiento de cuentas, tanto de personas físicas como morales, y, finalmente, las denuncias ante las instancias competentes, que pueden ser de responsabilidad administrativa, penal o alguna actividad vinculada con el tráfico de personas.

«Estamos en contacto directo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está desarrollando la coordinación de estos trabajos para efecto de poder dar resultados rápido a la sociedad mexicana. Pero también hay que entender que el ataque a los grupos ilegales del tráfico de migrantes tiene que ir acompañado de un proceso de desarrollo social en los países de origen, que permita generar condiciones de vida dignas para las personas».

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