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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas, 12 de Enero de 2018.
El 10 de enero, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se agruparon en la entrada de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en el sureste de la ciudad para realizar la clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en la zona de los humedales de montaña María Eugenia.
Los habitantes habían sido testigos el día anterior de la entrada de una maquinaria pesada en un terreno ubicado dentro de esta zona de 115 hectáreas del cual proviene el 70% del agua potable de la ciudad a través del sistema de bombeo del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas. «Vemos con mucha preocupación que solo en este humedal de María Eugenia existen más de 15 lugares que han sido alterados, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas», denuncia León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta.
En el 2008 la zona fue declarada «Área Natural Protegida con el carácter Zona Sujeta a Conservación Ecológica» por el estado de Chiapas (Decreto Número 138). El objetivo oficial de este decreto era «preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas de la zona, sus recursos naturales, biodiversidad y procesos evolutivos, así como inducir y orientar un aprovechamiento ordenado de los componentes naturales que permita su permanencia para las generaciones futuras». Además, en el 2012, fue incorporada a la lista de los 142 sitios RAMSAR que cuenta México, es decir a la lista de los humedales mexicanos considerados de importancia internacional. Ese reconocimiento obliga al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a garantizar su conservación en virtud del Convenio de Ramsar (Irán) al cual México se adhirió en el 1986.
«Estamos preocupados por el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos, pero el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, en lugar de hacer su labor y evitar que este espacio se deteriore, da permisos para destruirlo», se indigna el León Ávila, también profesor en Desarrollo Sustentable en la UNICH.
Los humedales María Eugenia no solo abastecen la ciudad en agua limpia a los más de 250.000 habitantes de San Cristóbal de las Casas, sino que son esenciales para captar las aguas pluviales y evitar inundaciones. Son también el hábitat de numerosas especies de peces, reptiles y anfibios, incluyendo 10 especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi), y el chipe cabeza plateada (Ergaticus versicolor), ambos en peligro de extinción.
Desgraciadamente, no todos los habitantes ven a los humedales Maria Eugenia como un tesoro ecológico que deben cuidar. Para algunos, la declaratoria del 2008 y el reconocimiento del 2012 son un estorbo que les impide sacar provecho de estas tierras. Se trata de los dueños de los terrenos que se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP), que el Estado de Chiapas, por falta de presupuesto y de voluntad política, no expropió al momento de publicar el decreto.
En la ley mexicana, rellenar un humedal es un delito, pero en San Cristóbal de las Casas, el poder del dinero y los vínculos políticos sirven de inmunidad. Los que pretenden actualmente construir los locales comerciales en frente de la UNICH son de la familia Rovelo, dentro de la cual Héctor Rovelo funge como secretario adjunto del PRI estatal. En otro sitio de los humedales, hubo en el 2015 un intento de construir un fraccionamiento de lujo con 60 casas por parte de Ricardo Díaz Ochoa, familiar del diputado local del Partido Verde Mariano Díaz Ochoa quien había recibido permisos ilegales de la cual afortunadamente los habitantes lograron obtener una suspensión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La lucha por la defensa de los humedales María Eugenia no ha sido fácil. En el 2015, los que se opusieron al fraccionamiento de Díaz Ochoa sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos por proteger este bien común natural. Las mujeres fueron agredidas y amenazadas por los constructores, y varios inconformes recibieron demandas por parte de los constructores.
A pesar la criminalización de su lucha, los habitantes siguen resistiendo y exigiendo el respeto de la ley que obliga al Estado proteger los humedales. Interpusieron una demanda ante la PROFEPA contra los constructores de los locales comerciales que se pretenden en frente de la UNICH. «El gobierno federal tiene la obligación de garantizar para todos los Mexicanos un medio ambiente sano, es una obligación constitucional y es lo que queremos», concluyó León Ávila, quien a nombre de los representantes de las 20 colonias que participaron en la acción del 10 de enero exige la clausura de los 15 proyectos de construcción que existen actualmente en la zona de los humedales María Eugenia.
Fotos: Clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en los humedales María Eugenia el 10 de enero (León Ávila)
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