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+ En muchos casos de alto perfil mediático, como el «Michoacanazo», se pretendía difundir una imagen de que en el gobierno federal no prevalecería la impunidad.
+ Revelan las conclusiones de un informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ayer en el Senado de la República sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.
MEXICO, D. F., 11 de Marzo del 2014.- El ex presidente Felipe Calderón ejerció “fuertes presiones” contra jueces que analizaban casos de “alto perfil mediático”, con la intención de demostrar que durante su gobierno no prevalecería la impunidad.
Lo anterior forma parte de las conclusiones de un informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el lunes en el Senado de la República sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.
En el documento, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, se advierte que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) se ejerció una fuerte persecución, como medida de presión, hacia aquellos jueces que adoptaron decisiones contrarias a en los procesos que llevaban, presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, como el «Michoacanazo».
En este sentido se advierte que entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012, la PGR detuvo a 9 mil 233 personas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Estas “presiones” causaron que hoy México albergue en sus 419 centros penitenciarios una población penal de aproximadamente 242 mil personas, de las cuales más del 40% -es decir, poco más de 100 mil presos- no han recibido una condena.
Entre las causas de este alto porcentaje de presos sin condena destaca la mora judicial y la amplia persecución de delitos menores, sobre todo patrimoniales, en los que el objeto es de poca cuantía.
Con estas cifras México se ubica como tercer país de América -luego de Estados Unidos y Brasil- con la mayor cantidad de personas privadas de libertad. Y dada la capacidad instalada de 188 mil plazas, el país registra un nivel general de hacinamiento del 26%.
Durante la presentación del informe Uso de la Prevención Preventiva en las Américas, el relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la CIDH, James L. Cavallaro, aseguró que derivado de este hacinamiento se han incrementado los niveles de violencia entre internos.
Además, advirtió el ombudsman, impera un ambiente en el que las condiciones de salubridad e higiene son deplorables, se propicia la corrupción y, en definitiva, “genera serios problemas en la gestión misma de los establecimientos penitenciarios”.
Esto ha generado que durante los últimos cinco años, más de mil internos se hayan fugado de las prisiones mexicanas y alrededor de 600 perdieran la vida.
De acuerdo con el relator de la CIDH, además de que se ha incrementado el número de violaciones a presuntos responsables de un delito y se ha generado una crisis en el sistema penitenciario del país, la gran carga fiscal es otro factor que deriva por el uso excesivo de la prisión preventiva.
De acuerdo con los datos aportados por Cavallaro, el último reporte de la CIDH correspondiente a 2006, cuando en el país había 92 mil presos preventivos, se reportó un gasto total de casi 6 mil millones de pesos, solo para mantener a estas personas.
Al entregar información relativa al uso de la prisión preventiva en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emitió una serie de recomendaciones en las que se incluyeron “principios generales”, a fin de que el proceso penal se aborde bajo un enfoque integral.
Se pugnó por que los procesos penales sean más agiles y se tramiten en un plazo razonable, bajo una política criminal en la que se garanticen los derechos fundamentales.
En materia del hacinamiento, el informe advierte textualmente que “se requiere la adopción de políticas y estrategias que incluyan, entre otros elementos, las reformas legislativas e institucionales necesarias para asegurar un uso más racional de la prisión preventiva, y que realmente se recurra a esta medida de forma excepcional”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, aseguró que la presión del Poder Ejecutivo hacia los órganos de justicia “es un problema común que ha generado en una serie de atropellos”.
Entrevistada por 24 HORAS en relación al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acusa al ex presidente Felipe Calderón de ejercer presión a jueces para perseguir a presuntos delincuentes, la legisladora aseguró que “no es un problema nuevo ni de un solo sexenio”.
“Los agentes del estado ejercen presiones de diferentes maneras a otros poderes y lo que tenemos que hacer es vigilar y tratar de que la ley sea muy clara para que ese tipo de cuestiones no sigan sucediendo”.
De la Peña Gómez aseguró que uno de los retos del Estado en ese sentido es transitar de un sistema inquisitivo a un sistema garantista, que realmente fije directrices de respeto a las garantías de quienes pudieran enfrentar un proceso penal.
“Falta mucho todavía, falta mucho por hacer para tener un sistema de justicia distinto en México, es un proceso largo que va a ir gradualmente cambiando y por supuesto todo lo que estamos haciendo desde las leyes va a permitir que eso se logre. Pero no se logrará ni en dos, tres o cuatro años; es un proceso gradual en el que tenemos que trabajar”, manifestó.