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+ Por cierre de gasera, pobladores de Milpa Alta acusan incongruencia, inconsistencia y discriminación de SEMARNAT
+ Creen que se coludió con el delegado Jorge Alvarado Galicia para realizar el cierre de una gasera que les expende cantidades pequeñas de gas para ayudarles en su deteriorada economía, donde el 25 por ciento de la población percibe un salario mínimo o menos al mes, mientras Pacchiano cobra 86 veces ese salario mínimo mensual
CIUDAD DE MEXICO, 23 de Enero de 2017.- Un grupo de aproximadamente 300 habitantes de varios pueblos de Milpa Alta acudieron este mediodía a las oficinas de la SEMARNAT para exigir la renuncia de su titular Rafael Pacchiano Alamán porque afirman que el funcionario mandó clausurarles una gasera por ellos consentida mediante el método de Usos y Costumbres.
La gasera les permite adquirir pequeñas cantidades del combustible como ayuda a su deteriorada economía en una delegación donde 25 por ciento de sus pobladores gana un salario mínimo o menos, mientras el funcionario goza de unas percepciones brutas que ascienden a $205,122.05, es decir, 86 veces el salario mínimo vigente.
Gerardo Moreno, portavoz de los habitantes de Tláhuac, destacó que también exigen la renuncia del Jefe Delegacional Jorge Alvarado Galicia, quien no sólo ha consentido que exista una mayor violencia y penetración de la delincuencia en Milpa Alta, sino que gobierna no para los pobladores en general, sino para sus intereses particulares y de grupo, afectando la economía de la delegación, ya que permite y tolera la existencia de pipas que expenden el gas LP en el camino a Villa Milpa Alta.
Los milpaltenses dieron a conocer que hace 10 años, en 2007 también la delegación clausuró la misma gasera y que por el método de Usos y Costumbres porque son un pueblo originario, el 19 de febrero de ese año se realizó una asamblea de comuneros y comuneras entre los que se llegó a los siguientes acuerdos: 1) “La Asamblea manifiesta su descontento con la clausura de la gasera”; 2) “La Asamblea se manifiesta a favor de que siga dando el servicio de manera permanente en favor de la economía del pueblo, ya que las otras empresas que dan el mismo servicio tienen precios muy altos que repercuten en la economía familiar”; 3) “que la empresa brinde un buen servicio y seguridad del suministro”.
“Así, sin mayores conflictos retóricos es como se arreglan las cosas en nuestros pueblos. Y así se arregló aquella ocasión. Sin embargo, hoy consideramos que también existe alguna injerencia del Jefe Delegacional en Milpa Alta, Jorge Alvarado Galicia, en la clausura de esta gasera porque sabemos de personas bien informadas, incluso de la propia delegación, está tomando dinero de otras más”.
Moreno recordó que Milpa Alta “es la delegación con mayor marginación y menor desarrollo humano en la Ciudad de México, además de registrar el mayor porcentaje de población analfabeta, así como también de viviendas sin energía eléctrica, la mayor tasa de mortalidad infantil, el mayor porcentaje en pobreza alimentaria. El 93% de la población es jornalero o peón”
Una comisión de 8 personas, entre ellas la gerente de la gasera Oztogas, Argelia Zamora, vecinos de la demarcación, y algunos líderes comunitarios como Abel Meza, del grupo sociopolítico “Plan de Ayala”, manifestaron a los funcionarios que los recibieron que “es una necedad cerrarles la gasera a los dueños porque es el único combustible al que puede acceder la gente más pobre de San Pablo Oxtotepec.
A ellos no les importa si los dueños pagaron sus impuestos o “están derechos”, lo que necesitan es poder tener sus 50 pesos de gas para poder hacerles el desayuno a sus hijos. Cuando llegaron las inspectoras, un grupo ya quería sonar las campanas y llamar a la gente a detenerlas, pero hubo cordura para evitar cualquier problema que no se pueda controlar. La gente está enojada. No queremos que la gente se encrespe, queremos soluciones prácticas y sensibles”, destacó el vocero.
Atentamente y con formalidad los funcionarios escucharon las molestias de los representantes de los pobladores, en las instalaciones de la SEMARNAT, ubicadas en la avenida Ejército Nacional de la Ciudad de México. Javier Govea Soria, Director general de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como Fernando Xicóntencatl Camacho Álvarez, Director General de lo Contencioso de la misma dependencia (ambos funcionarios cuyo salario neto es de $79,818.27), explicaron que la gasera debe cumplir con requisitos que marca la Ley y que, para comenzar, hay requisitos que todavía no existen en la normatividad.
En un acto de “buena voluntad”, aún sin existir una norma, los funcionarios adujeron que los propietarios de la gasera deben enviar un expediente en el que se documente todos los beneficios de compensación que a través de la instalación de dicha gasera ha llevado a sus comunidades; los beneficios a la atmósfera, por ser impulsores de la creación de espacios boscosos en terrenos baldíos; el retorno de vida silvestre, el aumento del manto acuífero y las manifestaciones de proceso en que esté aquella normatividad inexistente con la que no puedan cumplir para revisar si es factible que se vuelva a abrir la gasera.
En tanto, no es su responsabilidad no poder cumplir con una norma que aún no existe y que si hay irregularidades, los pobladores pidieron que se pondere el beneficio a una comunidad depauperada, con el acceso al combustible.
“Primero no nos dejan cocinar ni calentarnos con leña, porque es ataque ecológico, andar cortando los árboles. Y está bien, tienen razón. Luego a llenar esa necesidad llega la gasera, que nosotros pedimos para darnos la oportunidad de comprar gas de a poquito, como nos va alcanzando ¡Y ahora nos la cierran!”, dijo un líder comunitario en Milpa Alta.
“Hay que ver que es el bien del pueblo, y el pueblo no está interesado en sí hay leyes, o no las hay, las que hay deben satisfacer la necesidad del pueblo, no llenar expedientes”, agregó Gerardo Moreno.
No hubo compromiso de abrir la gasera y quitar los sellos inmediatamente, como solicitaban los manifestantes, en la minuta resultante de la reunión. La autoridad dio plazo de 3 días para que los dueños presenten documentos que testifiquen que han recibido autorizaciones, permisos o consentimiento de otras autoridades para operar en la zona.
Gerardo Moreno manifestó que no estaba conforme, que es incongruente solicitarles algo que no existe y que, sin embargo, “si se hacen de la vista gorda en otras violaciones más riesgosas, como la pipa que vacía gas al pie de la carretera”.
“No estamos contentos. Lo que nos piden es pura burocracia. Los hechos que resuelven problemas son primero que leyes de gente que las escribió detrás de un escritorio. No saben lo que es la necesidad cotidiana, ni la urgencia de la gente. ¿A ver qué voy a decirles ahorita? ¿Cómo van a calentar sus cocinas las señoras que no tienen gas desde el viernes y ni para comprar un cilindro de 20 kilos? Es mucha insensibilidad en el afán de ser legaloides. Nosotros vamos a seguir insistiendo y si no nos resuelven, aquí vamos a asentarnos con 8,000 personas hasta que nos resuelvan. O cerramos una carretera. El chiste es que no nos vamos a dejar».
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