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TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 25 de Mayo de 2014./Cosme Vázquez/ASICh.- Al contar con nuevas reglas del juego político electoral en México, que imprimirán mejores definiciones sobre las atribuciones, derechos, obligaciones y sanciones dentro del sistema electoral mexicano, nosotros esperaremos los tiempos a que el Instituto Nacional Electoral determine si delegará las funciones de fiscalización y la instrumentación de procedimientos sancionatorios a los órganos locales, sostuvo Erik Alejandro Ocaña Espinosa, presidente de la COFEL.
Entrevistado sobre el destino que depara a la Comisión de Fiscalización Electoral ahora que contamos con leyes secundarias de la Reforma Político Electoral, enfático dijo que el Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad de la fiscalizar y sancionar a quienes no hagan buen uso y aplicación de los recursos económicos en cuestiones electorales y de partidos políticos, pero puede delegarla en órganos locales como la Comisión de Fiscalización Electoral.
Dijo que la reforma electoral trae un cambio de gran envergadura al régimen político electoral en nuestro país, por lo que está previsto que las autoridades que tengamos atribuciones y competencias para conocer de algunos asuntos, como la fiscalización y procedimientos sancionadores, podamos actuar para resolver al 31 de diciembre del 2014, según el proyecto de decreto aprobado.
Inclusive, la misma Ley General de Partidos Políticos establece también la posibilidad que puede ser delegada la función de fiscalización en los órganos electorales locales, como es el caso de la Comisión de Fiscalización Electoral.
Ocaña Espinosa aseguró que la Cofel tiene una razón de ser y trabaja de manera coordinada con los partidos políticos y demás órganos electorales en Chiapas, como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa y la Fiscalía Electoral.
Por último, reconoció de las leyes secundarias de la RPE la relevancia que tienen los criterios de transparencia en las nuevas reglas de aportaciones privadas para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita, el contenido sobre obligaciones de los partidos en cuanto al financiamiento de precampañas y campañas, la equidad y limpieza de los procesos internos de los partidos, entre otros temas. ASICh