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- Es una alternativa frente al comercio convencional, donde hasta 95% de ganancias va a las empresas
- En café se logra duplicar precios internacionales de las bolsas de valores
- Con compras públicas los gobierno de AL podrían impulsar este sistema de comercio que genera ingreso y desarrollo local y regional
CDMX, 3 de diciembre 2019.- El comercio convencional de productos agroalimentarios ha llevado a situaciones donde hasta el 95% de las ganancias se queda en las empresas y sólo 5% con los agricultores, por lo que el Comercio Justo (CJ) significa una oportunidad para los pequeños productores de América Latina, incluido México, donde entre el 10 y 13% termina quedando en manos de los pequeños productores; debido a esto, entre otros factores, se observa una tendencia creciente y hoy representa ventas globales por 9.8 millones de euros, donde participan alrededor de mil 70 organizaciones y 1.7 millones de agricultores, manifestaron expertos durante el 1er Encuentro de Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo.
En este foro internacional, realizado en el Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), donde participaron representantes de universidades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana y México, los especialistas destacaron que este esquema no sólo incluye la rentabilidad económica sino también rentabilidades sociales y ambientales. Por ello, el Estado y las instituciones deben incentivarlo, por ejemplo, a través de compras públicas de productos, donde brinden preferencia a pequeños productores de CJ y pensar en mecanismos para compensar los beneficios ambientales que se generan alrededor cultivos como el café o la producción de miel.
El Comercio Justo con sello de garantía conocido como Fairtrade “representa escapar de los precios fríos establecidos por las bolsas de valores que poco saben del trabajo del productor”. Por ejemplo, si el café en el mercado mundial está alrededor de 100 dólares por quintal (100 libras), el precio Fairtrade es de 190 dólares –donde 140 corresponden al precio mínimo, 20 al premio social y 30 en caso de ser producto orgánico–, expuso la coordinadora de la Campaña Chapingo-Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo, Laura Gómez Tovar.
Como parte del encuentro se realizó el Conversatorio: Hablemos de Comercio Justo. Inicios, desarrollo y futuro, donde el fundador del Movimiento de comercio justo con sello de garantía, Frans VanderHoff, manifestó que hoy en el mundo “es urgente y necesario el comercio justo”, que se sustenta en la oferta productos de pequeños productores organizados en el mercado bajo criterios no netamente capitalistas, donde se tiene que solventar el costo social de la producción y sufragar los gastos de organización productiva. Por ello, se establece un precio mínimo, un precio social y un sobreprecio cuando hay un certificado orgánico.
También refirió que con organización y calidad de los productos los pequeños productores pueden hacer competencia a las grandes compañías y mejorar su calidad de vida. “Nuestra propuesta es otra forma de comercio que incluye solidaridad, fraternidad y ser responsable con el medio ambiente”.
El presidente del consejo directivo de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), Miguel Ángel Munguía, que integra a 24 países y 916 organizaciones, expresó que esta forma de comercio ha crecido a lo largo de los años, es un proceso que empezó con organizaciones de pequeños productores, “es una relación más justa y ética”, ya que implica combate a la pobreza mejoría de condiciones de vida, acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda.
El especialista hizo hincapié en que el Estado tendría que acoger las propuestas de este sistema y empezar a establecer una relación en pro de los pequeños productores organizados a través de las compras públicas; si quiere activar la economía comunidades de la sierra de Oaxaca, la Península de Yucatán o la sierra de Veracruz, ¿por qué no se promueve que los productos para hospitales, comedores o tiendas de abasto provengan de organizaciones de pequeños productores?
Hay que construir –subrayó– oportunidades desde una articulación en la cadena de valor, que sea más justa y equitativa y el gobierno puede tomar una decisión de trabajar con organizaciones productivas, donde los dirigentes son nombrados de manera democrática.
Marike de Peña, ex presidente de CLAC y productora de banano Fairtrade en República Dominicana, remarcó que el CJ “más allá de un mejor precio es un movimiento que trabaja con los pequeños productores como actores de cambio, que trabaja la colectividad en el comercio y en la vida de nuestros pueblos y que incide en los gobiernos para que productores y ciudadanos no seamos dependientes de ningún tipo de caridad.
Los participantes destacaron que un aspecto fundamental en este sistema es que reconoce el valor de las organizaciones sociales –mide indicadores como transparencia administrativa, democracia–, cuida que no haya mano de obra infantil ni uso de plaguicidas muy peligrosos y considera otras normas ambientales y sociales.
Retos
El director de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores del Comercio Justo, Luis Martínez Villanueva, que representa a 65 organizaciones de pequeños productores de café, miel, cítricos, aguacate y otros productos certificados bajo el esquema del CJ, consideró que uno de los principales retos es la intromisión de las transnacionales dentro del movimiento, porque el sistema no está preparado para controlarlas; no estamos diciendo que no estén, sino cómo están y hay que cuidar que no lleve este movimiento a “lavarles la cara nada más”, sino que debe haber una transformación real de los conceptos que éstas manejan.
Un aspecto fundamental, añadió, es cuidar que se transmitan los beneficios económicos a los pequeños productores y que no se quede en grandes empresas, exportadores, importadores, procesadores y supermercados, “donde se queda más del 90% del valor que paga el consumidor final, mientras que al productor final le llega, si bien le va, el 10% y eso no es justo”.
Al respecto, Miguel Ángel Munguía llamó a analizar “los beneficios” de la incursión de grandes empresas, porque está el riesgo de desvirtuar el sistema al simplemente autodenominarse como de comercio justo “con la idea de aumentar ventas y marketing y llegar a ese consumidor socialmente sensible”.
Frans VanderHoff fue contundente al señalar que “las grandes empresas debería sacarlas del registro de Fairtrade, no deben de estar, pero están”; y por otro lado, hay desconfianza en las organizaciones de que no son capaces de hacer todos los procesos: de acopio, procesamiento, dar valor agregado y exportación; pero sí lo hemos hecho.
Los participantes en el encuentro coincidieron en señalar que hay grandes retos, porque no es fácil lograr que el comercio justo y ético se posicione frente al otro tipo de comercio que busca la ganancia, que está en contra del medio ambiente; pero hay muchas posibilidades en la medida que ese vínculo entre productores y consumidores se vaya desarrollando.
El encuentro –que se realizó del 26-28 de noviembre– forma parte de la campaña de sensibilización e incidencia que tiene como objetivo crear una red de universidades latinoamericanas y caribeñas que apoyen el comercio justo a través de varias actividades académicas, de extensión social y de vinculación directa con las organizaciones de pequeños productores de comercio justo. Ahí se presentaron experiencias de diversas universidades de América Latina. La inauguración estuvo a cargo del rector de la UACh, el Dr. José Solís Ramírez.