Chiapas en Contacto Las Noticias de Chiapas
Zedryk Raziel/Animal Político
CIUDAD DE MEXICO, 28 de abril de 2020./Zedryk Raziel/Animal Político.- Con el aval de dos cercanos colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó un proyecto para comprar ocho nuevos automóviles blindados para uso de los magistrados con un presupuesto de 22 millones de pesos; cada vehículo nuevo costaría 2 millones 750 mil pesos.
El plan de adquisición fue autorizado por la Comisión de Administración del tribunal en una sesión ordinaria celebrada de manera “virtual” el pasado 19 de marzo, un día después de que en México había muerto la primera persona infectada por el nuevo coronavirus y cuando ya había 164 casos confirmados de contagio.
Ese día, también, el Consejo de Salubridad General declaró al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria.
El presidente López Obrador ha informado que, para contener el golpe económico de la pandemia de coronavirus, su gobierno dispondrá de recursos que resultarán de apretar la política de austeridad, que implica recortar el gasto corriente, reducir sueldos a altos funcionarios, congelar nuevas contrataciones y eliminar 10 subsecretarías.
La compra de vehículos en el TEPJF forma parte de la Priorización de la Cartera de Proyectos para el Ejercicio Fiscal 2020, que fue avalada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera, presidente de la Sala Superior y de la Comisión de Administración, y José Luis Vargas Valdez, así como por el secretario administrativo del tribunal, Arturo Camacho Contreras, de acuerdo con el acta de la sesión, a la que tuvo acceso Animal Político.
También aprobaron el proyecto de compra los consejeros de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos, quienes igualmente forman parte de la comisión que autoriza y supervisa el uso de los recursos públicos del TEPJF.
Bátiz, exprocurador de Justicia en la administración de López Obrador en la Ciudad de México, fue designado directamente por el ahora Mandatario federal como miembro del CJF en noviembre de 2019.
Casi al mismo tiempo, Loretta Ortiz, ex diputada federal y esposa del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, se unió al órgano vigilante del Poder Judicial con el aval de la mayoría morenista en el Senado.
Ambos consejeros de la Judicatura se unieron a la Comisión de Administración del TEPJF desde diciembre.
La Comisión de Administración aprobó la adquisición de ocho vehículos nuevos mediante una ampliación del presupuesto del TEPJF para el ejercicio 2020 con los “ingresos excedentes” derivados de rendimientos financieros obtenidos durante este año.
La Cámara de Diputados le autorizó un gasto de 2 mil 648.6 millones de pesos para 2020; el tribunal estima generar un excedente de 17.3 millones de pesos que serán integrados a su presupuesto para aplicarlos a la ejecución de programas y proyectos institucionales.
El documento avalado señala que es prioritario sustituir el parque vehicular de seguridad institucional porque “ha concluido su vida útil”, debido a la antigüedad y kilometraje de las unidades y al desgaste de sus materiales de protección (blindaje).
El proyecto, que fue elaborado por la Dirección General de Protección Institucional del tribunal, no especifica el kilometraje ni el modelo de las unidades que serán desechadas, pero asienta que ya “no brindan el mismo nivel de seguridad” para los traslados de los funcionarios que las utilicen.
Los vehículos blindados son para uso exclusivo de los magistrados electorales, aunque también pueden acceder a ellos el secretario general de acuerdos, el secretario administrativo y el coordinador general de asesores de la presidencia del TEPJF.
“Se tiene que los modelos de fabricación de las unidades que actualmente integran el parque vehicular de seguridad institucional sobrepasan los parámetros relativos a la garantía de los materiales de protección y estimación de vida útil del automotor; asimismo, están los resultados de la verificación (desperfecto, falla o problemática) del estado físico, operativo y e los materiales de protección de cada automotor, y los costos asociados a los servicios de mantenimiento preventivo correctivo, que en su conjunto son condiciones que permiten advertir que los vehículos no otorgan el nivel de seguridad para el que fueron diseñados. Por lo que resulta inconveniente continuar utilizándolos, puesto que representa un riesgo a la seguridad de los servidores públicos que dispongan de tales vehículos”, plantean los Anexos del proyecto aprobado.
Esos documentos prevén que el proceso de adjudicación para la compra de las unidades concluiría en septiembre y que los vehículos serían recibidos en diciembre.
Actualmente, el TEPJF cuenta con 69 camionetas –entre ellas Pick-Ups y Suburbans- y 160 automóviles tipo sedán, de acuerdo con el más reciente inventario de bienes muebles disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El valor de todo ese parque vehicular es de 45 millones 947 mil 675 pesos.
Además de la compra de los vehículos blindados, la Comisión de Administración autorizó la ejecución de otros tres proyectos: actualizar el sistema de registro contable y financiero del TEPJF; rehabilitar la infraestructura física de inmuebles y organizar seminarios de la Escuela Judicial Electoral.
La comisión estableció en el acta de la sesión que los cuatro proyectos podrían “replantearse” por “razones justificadas, como es el caso de la contingencia en materia de salud en relación al COVID-19”; las áreas involucradas deberán informar a la secretaría administrativa si deciden avanzar o cancelar los mismos.
Justifican compra de autos blindados
La Dirección de Comunicación Social del TEPJF comunicó a Animal Político que la compra de los vehículos blindados se planteó como necesaria para salvaguardar la integridad de los magistrados electorales debido a la situación de inseguridad que existe en el país.
Detalló que las unidades se adquirirían sólo si hubiera ingresos excedentes durante el actual ejercicio fiscal, pero adelantó que la compra se cancelará para contribuir a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
“La adquisición de los vehículos se planteó como prevención al tomar en cuenta que en los comicios del próximo año habrá actividad electoral en regiones con condiciones críticas de inseguridad, y se estimó necesario tenerlos para salvaguardar la seguridad e integridad de la magistratura electoral.
“Se proyectó esa compra sólo en caso de que se generaran los recursos excedentes, mismos que no se han obtenido hasta esta fecha. Por tanto, se replanteará esa necesidad debido a la crisis sanitaria, para dar prioridad, en una próxima evaluación, a acciones que refuercen la emergencia sanitaria por el COVID-19 por la que atraviesa el país”, indicó el TEPJF en una ficha informativa.