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• El gobernador recibió estos acuerdos de las localidades de San Cristobalito, Larráinzar y El Naranjal, Chanal
• Junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este proyecto a favor de las mujeres indígenas se fortalece en la entidad
• En la comunidad de Chuchiltón, Larráinzar, pionera en este acuerdo, el PNUD realiza el proyecto Resiliencia de las Mujeres Indígenas ante los impactos de COVID-19
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas; 21 de septiembre de de la Violencia hacia las Mujeres, por parte de las localidades de San Cristobalito, Larráinzar y El Naranjal, Chanal que se suman a este proyecto a favor de las mujeres indígenas, el cual ha sido fortalecido con la alianza entre el Gobierno de Chiapas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Al respecto, el mandatario expresó su satisfacción al ver que más comunidades son parte de estos acuerdos en los que la localidad pionera fue Chuchiltón, Larráinzar, con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en un plano de igualdad, respeto a sus derechos, convivencia pacífica y bienestar, estrechando las diferencias entre mujeres y hombres que por siglos se han dado.
“Seguiremos trabajando en este renglón porque dicho proyecto promueve la cultura de la paz. Reconozco y felicito a quienes hacen posible esta gran unión, suma de fraternidad entre las mujeres y los hombres que tienen conciencia, que avanzamos y evolucionamos hacia la constitución de una vida con mayor equidad y bienestar, sin ninguna condición ni distinción, donde debemos estar incluidos todas y todos”, acotó.
A su vez, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, destacó que este conjunto de acciones colectivas con perspectiva intercultural, impulsan las políticas a favor de los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas, y son un pacto indispensable para la construcción de un Chiapas más justo e igualitario.
El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, resaltó el compromiso de este gobierno de no sólo llevar obras y bienestar en las comunidades indígenas, sino de seguir construyendo acuerdos de igualdad que permitan defender los derechos de todas y todos, sin discriminación alguna.
Por su parte, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, resaltó que este acto es histórico y se recordará en futuras generaciones, pues representa una lucha a favor de la igualdad y la transformación de las conciencias al garantizar a las mujeres una vida libre de cualquier expresión de violencia.
Tras exponer que actualmente el 70.1 por ciento de las mujeres en México sufren algún tipo de violencia, la oficial del PNUD, Sol Sánchez Rabanales, subrayó el interés de las autoridades de proteger a las mujeres e impulsar redes de participación para fortalecer la sororidad, la inclusión económica y productiva, y el respeto de sus derechos, así como aumentar la resiliencia y salud financiera de las mujeres indígenas.
Precisó que, mediante el proyecto Resiliencia de las Mujeres Indígenas ante los impactos de COVID-19, 106 mujeres de Chuchiltón, Larráinzar, han constituido la red de sororidad que acompaña a las víctimas de violencia; se cuenta con mujeres que ocupan una posición de toma de decisiones, fomentan ahorros y representan el canal de acceso a la justicia. Agregó que se creó un proceso de sensibilización y capacitación a hombres hacia el desafío de una masculinidad responsable.
En tanto, las representantes de autoridades tradicionales de San Cristobalito y El Naranjal, Clara Sánchez y Marcela Gómez López, respectivamente, reconocieron al Gobierno del Estado por incluirlas para ser parte de una comunidad sin violencia; coincidieron en la importancia de desterrar viejas costumbres en las que las mujeres eran maltratadas y relegadas, y cambiarlas por una cultura de vivir en igualdad de oportunidades y entornos sin violencia.
Asistieron: por parte del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Yamil Melgar Bravo; la presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta; los alcaldes de Larráinzar, Ignacio López Gómez y de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez.
