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CIUDAD DE MEXICO, 17 de Abril de 2017./ Excelsior.- A María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el recuento de la situación legal de 11 exgobernadores, luego de la captura de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, le revela que “son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y que hay una parte del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico”.
Los delitos por los que los 11 exmandatarios tienen que rendir cuentas ante la justicia son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Los órganos de inteligencia tendrían que estar muy ocupados haciendo un mapeo de todos los gobernadores y ver realmente hasta dónde están penetrados por la delincuencia”, planteó.
Con ejemplos como los del exfiscal de Nayarit no queda para dónde hacerse, “está claro que hay un vínculo con la delincuencia”, señaló.
Y no se trata de una persona, se trata de redes completas; una corre por el crimen organizado y otra, que también es crimen, corre por el lado de empresas fantasma, desvío de recursos, cohecho, peculado, etcétera”, sostuvo.
Crimen seduce a gobiernos estatales
Siete exgobernadores mexicanos están ahora en la cárcel. Otro estuvo en prisión pocas horas y sigue el proceso en su contra. Un mandatario estatal está prófugo de la justicia. La Drug Enforcement Administration (DEA) busca a otro de estos políticos. Y uno más está relacionado con al menos dos delitos. Indistintamente, en estos 11 casos están relacionados cientos de millones de pesos de dinero público y relaciones con el narcotráfico.
A María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el recuento de la situación legal de 11 exgobernadores, actualizado a partir de la captura en Guatemala de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, le “revela que son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y que hay una parte del poder político del país vinculado con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico”.
Los delitos por los que 11 exgobernadores tienen que rendir cuentas ante la justicia son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
A partir del hecho judicial en el que están 11 exmandatarios estatales, es que Casar sostuvo a Excélsior “que los órganos de inteligencia de este país tendrían que estar muy ocupados haciendo un mapeo de todos los gobernadores y ver realmente hasta dónde están penetrados por la delincuencia”.
La presidenta de MCCI mencionó que siempre se ha hablado de que los presidentes municipales y algunas otras autoridades designadas podrían estar vinculados con la delincuencia, “pero con los recientes casos, como ejemplos, los del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia y el de Yarrington, no queda para dónde hacerse, está claro que hay un vínculo con la delincuencia”.
Y no se trata de una persona, se trata de redes completas, una corre por el crimen organizado y otra, que también es crimen organizado, corre por el lado de empresas fantasmas, desvío de recursos, cohecho, peculado, etcétera”.
Después de estar dos años prófugo, Mario Villanueva Madrid, quien gobernó Quintana Roo, entre 1999 y 2005, fue arrestado el 24 de mayo de 2001, en Cancún, durante el sexenio del presidente Vicente Fox. Se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
En la administración de Enrique Peña Nieto han sido encarcelados los otros seis exgobernadores: Andrés Granier, de Tabasco (2007-2011), entró a la cárcel 25 de junio de 2013, acusado de defraudación fiscal. Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, de abril a octubre de 2013, está preso desde el 5 de abril de 2014, por delincuencia organizada.
El exmandatario de Sonora (2009-2015), Guillermo Padrés entró a prisión el 11 de noviembre de 2016, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Flavino Ríos, quien estuvo 49 días como gobernador interino de Veracruz, fue encarcelado el 12 de marzo de este año, con los cargos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005, fue arrestado el pasado 10 de abril en Florencia, Italia, al tamaulipeco lo acusan de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
El sábado pasado por la noche, en un hotel del municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, Guatemala, Javier Duarte, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, fue capturado. Duarte era buscado por la justicia en todo el mundo y estaba a 210 kilómetros de Tapachula, Chiapas. Está acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y delitos electorales
Por lo que hace a los otros cuatro exgobernadores con problemas con la justicia, están Rodrigo Medina, que gobernó Nuevo León, entre 2009 y 2015, y que pisó la cárcel el 26 de enero, por unas horas y gracias a un amparo sigue el proceso en libertad, es acusado de desvío de recursos.
El exmandatario prófugo es el exgobernador de Chihuahua (2010-2016), César Duarte, a quien el actual mandatario, Javier Corral ya dio como fugado de la justicia el 29 de marzo pasado y dijo que su antecesor está relacionado con delincuencia organizada para el enriquecimiento personal.
Eugenio Hernández (2005-2010), exgobernador de Tamaulipas, es buscado por la DEA dese el 18 de junio de 2015; él se presentó a votar en las elecciones del 5 de junio de 2016, en Ciudad Victoria.
En esta lista está el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (2011-2016). A este político aún no le giran orden de aprensión, pero el gobernador Carlos Joaquín González lo vincula con la venta ilegal de terrenos que eran patrimonio del estado, así como por manejos irregulares de recursos públicos.
El hecho claro es que a pesar de que exgobernadores han llegado a la cárcel, hay casos como el de Nuevo León, Rodrigo Medina, en donde pisa la cárcel, pero con un amparo sale de inmediato. Probablemente sea inocente, pero si el proceso de justicia no empieza a tomar cartas en el asunto, lo que va a pasar es que vamos a estar llenos de lo de siempre: la impunidad. Esta mancuerna, corrupción-impunidad, es la que tiene a México como lo tiene. Son muchos casos de gobernadores que han pisado la cárcel, pero que en poco tiempo, incluso en pocas horas están fuera”, comentó María Amparo Casar.
En la segunda edición del documento México: Anatomía de la Corrupción, presentado por Casar a finales de 2016, se establece que “ejemplo ilustrativo son las denuncias, averiguaciones y consignaciones relacionadas a los presuntos actos de corrupción protagonizados por los gobernadores y exhibidos por el periodismo de investigación. Entre 2000 y 2013, periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores. De estos, sólo 16 casos fueron investigados y únicamente cinco gobernadores fueron procesados y encontrados culpables”.
Con este contexto, a Casar se le consultó sobre si los actos de corrupción entre los gobernadores comenzaron en la primera transición política, en el 2000 cuando el PAN obtuvo la presidencia, a lo que respondió:
Sí, ocurrió a partir del año 2000, aunque lo situamos mal, en realidad comenzó a partir de 1997, pero sí se pisó el acelerador en el año 2000. En 1997, con el presidente Zedillo, justo fue el año del primer gobierno sin la mayoría, y ahí empieza el crecimiento del dinero que se otorga a los estados, se acelera de manera muy fuerte con Fox y luego sigue con Calderón.
El problema –sigue Casar–, fue que esas cantidades mayores de dinero que se entregaron a través, tanto de participación, como de aportaciones, se empezó a dar sin pedir a cambio, digamos, vigilancia sobre el mismo, sin cuidar que los recursos fueran etiquetados, para que llegaran al destino que debían llegar”.
La Doctora por la Universidad de Cambridge se refirió a que la Auditoría Superior de la Federación muestra año con año cómo suben los recursos para los estados y no hay nada de vigilancia al respecto.
Este conjunto de dar dinero a los estados sin ningún tipo de exigencia y por otra parte la costumbre que han tomado varios estados, que diría, encuentran fórmulas para endeudar a sus respectivas entidades, haciendo pasar como si no fuera deuda el dinero que piden prestado, a través de fideicomisos u otras fórmulas legales, son cada vez más comunes”, dijo Casar.
Todo eso hay que vigilarlo, y sí, no sabemos si antes los gobernadores robaban lo mismo o más, lo que vemos hoy es un cinismo, nuevos mecanismos, unos muy ingeniosos, otros muy burdos, algunos como las empresas fantasma, el outsourcing, en fin todo lo que hemos ido investigando, sobre estas formas; ahora hay una sociedad civil más alerta y periodismo de investigación que están descubriendo estas formas que han adoptado.
Pero ya tocamos fondo y como escribí en mi artículo del miércoles pasado en Excélsior, los gobernadores apuestan a la impunidad, a que no vaya a ocurrir nada o apuestan a que, el que sigue en el cargo los va a tapar, afortunadamente, empezamos a ver avances como el de Yarrington, aunque muchos años después”.