DE BUENA FUENTE

06 Diciembre 2017

Erisel Hernández Moreno

eriselhm63@gmail.com

Confusa y oscura

LEY

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en contra de la Ley de Seguridad Interior un día antes de que el PRI y sus aliados aprobaran en comisiones de la Cámara de Diputados dicha iniciativa que otorgaría facultades extraordinarias en materia de seguridad pública.

«La falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno, las ha relegado a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las Fuerzas Armadas. La omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías, han hecho evidente el abandono por parte del Estado de las mismas», señaló la Comisión en un comunicado.

La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantea contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base en una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional».

Entre otros problemas, la CNDH plantea que la ley plantea confusiones y límites ambiguos entre los conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, misma que facilitaría mantener oculta información clave para documentar los abusos de las fuerzas armadas.

«Permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.», señala la CNDH.

El organismo también advierte que los términos en que está redactada la ley provocará problemas de interpretación legal que incluso transgrede fundamentos esenciales establecidos en la Constitución.

«La propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública», añade.

«La necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la misma, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas», advierte la CNDH.

POSTURA

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República dejó clara su postura sobre la polémica Ley de Seguridad Interior, en la que algunos han manifestado su abierto rechazo, mientras que otros la consideran necesaria.

Como se recordará, la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves esta ley que regula la actuación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Área) en tareas de seguridad en el país. Falta su aval en el Senado y eso es lo que se discutirá en las siguientes horas.

La principal polémica sobre esta iniciativa es que abre las puertas a que el Ejército tenga mayor injerencia en asuntos sociales como protestas o espionaje.

El líder de Morena dejó clara su postura de rechazo sobre la necesidad de esta Ley.

«Se puede integrar una Guardia Nacional para que todos, de manera coordinada, enfrenten el grave problema de la seguridad y la violencia, ya está en la Constitución, es cosa de aplicarlo», comentó en una gira en Guerrero el pasado primero de diciembre.

Andrés Manuel aseguró que lo que se necesita es una coordinación y un mando único, cuya responsabilidad recae en el presidente Enrique Peña Nieto. «Que tenga todos los días una reunión con el gabinete de seguridad», planteó López Obrador.

Apenas este domingo, AMLO confió en que, independientemente de que se apruebe, si él gana en 2018 evaluará la posibilidad de mejorar o cancelar esa legislación y prometió que devolverá la seguridad al país.

Cabe destacar que López Obrador, jamás dijo que daría amnistía a los delincuentes o narcos, textualmente afirmó: «Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo en ese país: hay mucha pobreza, se abandonó a los productores y se está optando, se está decidiendo por el narcotráfico, todo eso lo vamos a plantear para que se serene el país», dijo López Obrador durante su mensaje.

La mafia del poder desconfiguró el discurso para culpar al tabasqueño de semejante aberración que están difundiendo en las redes sociales. Lejos de crear un aspecto negativo al dirigente de MORENA, los mexicanos ya conocen las artimañas de los priistas por lo que están subiendo las preferencias en su favor.

PRUEBA

La Procuraduría General de la República (PGR) se ha quedado sin pretextos para concluir las investigaciones sobre los sobornos que Emilio Lozoya Austin recibió por parte de la empresa Odebrecht, para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, aseguró Beatriz Mojica Morga, Secretaria General del PRD.

«La salida de los videos en donde Luis Alberto Meneses, ex Director de Odebrecht en México, acepta haber hecho transferencias millonarias para la campaña de Peña Nieto y detalla los acuerdos pactados, corroboran la red de complicidades entre la empresa brasileña, Lozoya, Pemex y el PRI y deja sin pretextos a la PGR para que realice una investigación a fondo y, por primera vez en nuestro país, se castiguen las prácticas corruptas del priismo», aseveró.

Mojica Morga recordó que el pasado mes de agosto, el PRD interpuso una demanda sobre este caso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a la que añadirán como pruebas supervenientes los videos que se han hecho públicos: «Los documentos y el testimonio de Luis Alberto Meneses ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, debe ser retomado por la FEPADE en sus pesquisas, por lo que en días próximos el PRD acudirá para adminicularlos a la demanda que ya se presentó», dijo.

Advirtió que sería sumamente grave que la autoridad federal obstaculice o demore la resolución a la demanda que presentó el PRD y quedó asentada en el expediente FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2917, cuando en otros países ya se ha encarcelado a los involucrados en estos esquemas de sobornos.

«El precedente que deje el desenlace de esta denuncia será fundamental para dar o no, certeza de legalidad al proceso electoral de 2018, mismo que ya inició», concluyó la guerrerense.

RETAZOS

EN pleno, los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad los nombramientos de los ciudadanos José Ramón Cancino Ibarra, Víctor Marcelo Ruiz Reyna y Armando Aroshi Narváez Tovar, como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, también les tomaron protesta. El mismo Congreso se declaró enterado del nombramiento realizado por Raciel López Salazar, fiscal General del Estado de Chiapas a favor de los ciudadanos Horacio Reyes Pérez y Hugo Gómez Estrada, para ocupar los cargos de fiscal del Combate a la Corrupción y Fiscal de Delitos Electorales, ambos de la Fiscalía General del Estado. También se turnó a comisiones la propuesta que realizó el gobernador Manuel Velasco Coello en la persona de Erick Ocaña Espinosa para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del estado… EN acciones concretas para erradicar actos de corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, el titular de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la sanción de 30 policías en el penúltimo mes del año. Con base en el programa “Cero Corrupción”, fueron recibidas a la Unidad de Asuntos Internos, 77 denuncias de las cuales 46 fueron por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, 22 por faltas a su servicio, tres por abandonar su servicio, desacato de una orden y extravío de un bien. Llaven Abarca, detalló que cada denuncia fue corroborada por el cuerpo de abogados de la Unidad y por el área jurídica, teniendo como resultado a través del Consejo de Honor y Justicia, determinando la destitución de nueve elementos, la suspensión de 12, ocho con amonestación privada, una renuncia voluntaria y tres absueltos por no encontrarse responsabilidad… www.debuenafuente.com ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!