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+ Evidencian que para agilizar el registro ante el Tribunal Burocrático se “compró el registro”, el cual se pactó con un alto funcionario y los trabajadores tendrían que dar una aportación que inicialmente superaba los doce o trece mil pesos, situación que generó divisiones y rupturas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 08 de Agosto de 2014./Eleazar Domínguez Torres.- María Teresa Campos Flores solicitó públicamente el cese de hostilidades en su contra provenientes del Secretario General de la Unión Sindical de Trabajadores del Gobierno del Estado de Chiapas (USTRAGECH) de reciente creación, toda vez que de manera dolosa se le vienen imputando acusaciones dolosas, posterior a la creación de un ala disidente al interior de dicho sindicato.
Campos Flores denunció, que a partir del mes de octubre del año pasado los empleados de confianza del gobierno del estado empezaron a reunirse con la intención de formar un sindicato, basados específicamente en la idea de proteger su empleo porque cada año como empleados de confianza ven amenazada su fuente de empleo la cual necesariamente va acompañada de un documento de “renuncia voluntaria” pero que a la sazón no es otra cosa más que un despido injustificado.
Y que en ese sentido se empezaron a organizar y que en el mes de noviembre del año pasado ella resultó electa por votación directa de sus compañeros para presidir la cartera de promociones políticas y culturales, la cual aceptó con mucho gusto porque consideró que desde ahí haría muchas cosas de beneficio para sus compañeros.
“Y seguimos teniendo las reuniones de tal suerte que el día 30 de noviembre de 2013 fue una fecha histórica porque ahí tuvimos nuestra primera asamblea general en la que firmamos el acta constitutiva, y la presencia de todos quienes integramos el Comité Ejecutivo Central, así como la asistencia de los mil quinientos trabajadores de confianza del gobierno del estado inscritos a esta unión sindical y con toda esa cantidad de compañeros empezamos a trabajar para la integración de los expedientes para entregarlos al Tribunal del Trabajo Burocrático y con ello la solicitud de nuestro registro”.
Pero que lamentablemente en el trascurso de dichas acciones el 15 de enero de 2014 fueron cesados varios trabajadores y varios de ellos integrantes del Comité Ejecutivo Central y el propio Secretario General de nombre Marco Antonio López López y además varios trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, por lo que se hizo lo que se consideraba pertinente como las denuncias ante derechos humanos, así como denuncias públicas y buscando los amparos correspondientes como la interposición de demandas laborales y que todo iba en el buen camino de la legalidad, pero en la segunda reunión general celebrada en el mes de Febrero, Marco Antonio López López presentó la propuesta de que habían estado viendo en las negociaciones de las demandas a gentes de alto nivel del gobierno del estado y que un funcionario público del cual nunca se manejó su nombre, ofreció allanar el camino para llegar al registro de manera más rápida a cambio de cierta cantidad de dinero.
“Inmediatamente fui la primera que brincó y dije que no, que yo no estaba de acuerdo en que se comprara el registro y seguir la línea de la legalidad y los principios de llevarlo a través del derecho ya que hay un tiempo para todo y él me dijo que aquí lo que importaba era alcanzar el registro lo más pronto posible porque solo así le íbamos a demostrar a la Secretaría de Hacienda que este grupito como decían, teníamos mucho poder, eso a mí me pareció un acto bastante soberbio porque el principio era proteger nuestras plazas mediante la legalidad”.
Campos Flores explicó que a raíz de esa situación, porque aun siendo parte del Comité Ejecutivo Central, hicieron oídos sordos a su oposición a comprar el registro, lo que motivó que el Secretario Jurídico José Luis Albores Zavaleta interviniera para mediar el asunto, pero que él mismo fue quien le sostuvo que el fin justificaba los medios y que por lo tanto era necesario pagar el dinero que sumaba menos de un millón de pesos, la cual sería pagada en dos exhibiciones y la primera debería ser entregada el 15 de marzo y la segunda cuando saliera el registro, lo que a la postre sumaba una aportación por trabajador que inicialmente fue sugerida por trece mil pesos y posteriormente reducida a cinco mil pesos, por lo que ella sugirió que en una asamblea general se sometiera a votación a lo que los promotores del pago arguyeron que no porque se les iba a caer el negocio, lo que a ella le generó más suspicacias.
La denunciante refiere que ha sido acusada de presionar a funcionarios del tribunal del Trabajo Burocrático, cuando ella y otro grupo lo único que realizaron con la personería jurídica que les correspondía, la de solicitar ante dichas instancias un informe del estatus que guardaba su pedimento de solicitud de registro, y que además la hicieron responsable de diversas publicaciones en algunos medios de comunicación, a los cuales ella asegura que nada tuvo que ver y que por ello considera necesario el cese de hostilidades en su contra, ya que podrían utilizar su influencia para perjudicarla, finalizó./Noticias/Tribuna Chiapas.