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Historia de Martín Álvarez, Agencia Reforma • EL IMPARCIAL
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre de 2024./ Historia de Martín Álvarez, Agencia Reforma • EL IMPARCIAL.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), máximo órgano encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial en México, decidió en una controvertida votación ignorar los amparos emitidos por jueces de distrito que ordenaban detener temporalmente la implementación de la reforma judicial promovida por la Cuarta Transformación (4T). Esta decisión se tomó en una sesión extensa, donde el CJF resolvió por mayoría (4 votos contra 3) no acatar las medidas cautelares dictadas en más de 70 suspensiones provisionales contra la reforma judicial, aprobada el 11 de septiembre de 2023.
División interna en el CJF
La votación mostró una clara división dentro del CJF. La Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), votó en contra de ignorar los amparos, junto con los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez. Sin embargo, fueron derrotados por la mayoría de los consejeros: Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García, quienes están alineados con Morena.
Además de ignorar los amparos, el CJF acordó entregar al Senado los listados de jueces y magistrados, con el objetivo de convocar a elecciones para estos cargos en 2025, un paso en la implementación de la reforma judicial.
Amparos contra la reforma
Las suspensiones provisionales que intentaban frenar la reforma judicial buscaban detener actos específicos que el CJF debía llevar a cabo como parte de la implementación de esta reforma. Sin embargo, los consejeros decidieron continuar con el proceso, a pesar de estas órdenes judiciales. La reforma judicial impulsada por la 4T busca modificar aspectos del sistema judicial, incluyendo la elección de jueces y magistrados, y ha generado polémica por las implicaciones que podría tener en la independencia del Poder Judicial.
Concesiones a los jueces en paro
En la misma sesión, el CJF aprobó por unanimidad 26 solicitudes presentadas por las asociaciones de jueces y sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que han mantenido un paro de labores desde el 19 de agosto de 2023. El paro, el más largo en la historia del PJF, se ha extendido durante dos meses debido al descontento por las disposiciones de la reforma judicial.
Entre las concesiones aprobadas se encuentra el pago de salarios y prestaciones para el resto de 2024, sin aplicar de inmediato la disposición de que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, algo que afectaría a los jueces y magistrados, cuyos salarios actuales superan ese límite. También se acordó realizar un estudio para un programa de retiros voluntarios, y analizar el acceso a pensiones complementarias para jueces que aún no han sido ratificados en sus cargos.
Además, el CJF se comprometió a no iniciar acciones disciplinarias contra los servidores públicos que han participado en el paro y a reducir gradualmente las cargas de trabajo acumuladas durante los dos meses de interrupción de actividades.
Críticas desde la oposición
La reforma judicial y las decisiones del CJF han generado fuertes críticas desde la oposición, principalmente por la percepción de que Morena busca controlar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Legisladores del PAN y del PRI han advertido que la reforma permite a Morena influir directamente en la elección de estos funcionarios, lo que consideran un golpe a la independencia judicial.
El senador Ricardo Anaya, del PAN, calificó como una “tomadura de pelo” la reforma al artículo 500 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que los poderes Legislativo y Judicial pueden aprobar o vetar las candidaturas propuestas por los Comités de Evaluación, lo que, según Anaya, le da a Morena el poder de decidir quiénes aparecen en las boletas electorales.
Por su parte, el diputado Rubén Moreira, del PRI, acusó que la reforma no es democrática y que permitirá a Morena seleccionar a jueces que favorezcan sus intereses.
Respuesta de Claudia Sheinbaum
En respuesta a las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma judicial incluya un “veto” para imponer jueces, magistrados o ministros. En una conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que se debe respetar lo establecido en la Constitución y rechazó estar de acuerdo con cualquier cambio que busque otorgar un veto a los poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes a cargos judiciales.
Aunque la propuesta de veto causó controversia, Sheinbaum aseguró que no era parte de su gobierno y que no fue impulsada por su administración, insistiendo en que lo que debe prevalecer es lo que está en la Constitución.