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TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 30 de Agosto de 2016./ASICh.- La desaparición forzada forma parte de la estrategia utilizada por el Estado mexicano para infundir terror a la sociedad y aniquilar experiencias de organización. Constituye una violación grave, continuada, a derechos humanos porque atenta contra la dignidad humana y afecta una diversidad de derechos como: a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. En México su práctica sistemática e histórica significa un crimen de lesa humanidad, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
A principios de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, después de realizar su visita in loco en nuestro país, afirmando que las desapariciones forzadas se han extendido a cualquier persona, sin alguna militancia política. Diversos organismos nacionales de derechos humanos han registrado más de 28 mil 161 personas desaparecidas en México.
Indica que en Chiapas los casos de desaparición forzada, en el contexto del conflicto armado interno, a consecuencia de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, cometida por agentes estatales y de grupos paramilitares que operaron con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano, se mantienen en la impunidad permitiendo condiciones para su repetición. Esta política contrainsurgente para acabar con la lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, ha provocado también ejecuciones extrajudiciales, masacres y el desplazamiento forzado en la entidad.
En la zona norte de Chiapas, entre los años de 1995 a 1999, el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia es responsable de 37 desapariciones forzadas; el 13 de noviembre de 2006 durante la Masacre de Viejo Velasco ejecutada por agentes policiacos y personas civiles, en presencia de Ministerios Públicos, fueron desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López; el 4 de diciembre de 2011, Alonso López Luna fue desaparecido de su comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, mientras su familia fue desplazada forzadamente.
En los casos anteriormente señalados no hay avances en justicia, la información proporcionada por el Estado es incompleta e ineficaz protegiendo a los perpetradores.
El Estado mexicano ha faltado a su obligación de realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas de manera forzada, impidiendo el derecho a la verdad como garantía negada a las y los familiares de saber qué ocurrió con sus seres queridos y proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita encontrarlos, lo cual constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares, la comunidad y la sociedad en general.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este Centro de Derechos Humanos se suma a la persistente lucha de las familias y los pueblos que han sufrido esta estrategia, caminando La Otra Justicia para avanzar el derecho a la verdad, permitiendo a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido. ASICh.