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+ Acusan a diputados y candidatos de portación de identidad indígena falsa; políticos mestizos aparentan ser indígenas para usurpar las candidaturas reservadas a miembros de comunidades originarias; al menos una comunidad advierte que impedirá que se instalen casillas electorales el 6 de junio próximo, como una forma de protesta; el INE ha detectado al menos 132 aspirantes a candidatos simulando vínculos con esos grupos.
Diego Badillo
Ciudad de México, 09 MAY./Diego Badillo/EL ECONOMISTA./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2021.- México es un país donde se reservan distritos electorales para indígenas, pero políticos mestizos se hacen pasar por ellos y los desplazan de esos espacios.
Las autoridades las promueven ampliamente como acciones afirmativas para lograr que haya más indígenas en el Congreso de la Unión; sin embargo, integrantes de grupos aborígenes las consideran como una burla, pues actualmente hay hasta menos indígenas en la Cámara de Diputados, que cuando no había este tipo de instrumentos. En tanto, la autoridad electoral, en lugar de ser rigurosa para que los partidos y candidatos cumplan con la ley, les amplía la posibilidad para calificar como indígenas cuando evidentemente no lo son.
Organizaciones como la Red Nacional Indígena, han levantado la voz y exigen a los políticos, partidos y autoridades, que respeten la ley y no usurpen los espacios que no les corresponden.
Juan Gabriel Méndez López, indígena tzeltal de Oxchuc, Chiapas, abogado comunitario y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas expuso que esa entidad, donde 28.2% de su población de tres años o más es hablante de lengua indígena, es una muestra de lo que ocurre en el país.
Entrevistado vía telefónica, dijo que uno de los casos más escandalosos y considerado como una burla por los indígenas, es el de la actual diputada federal con licencia Manuela del Carmen Obrador Narváez, a quien el pasado 23 de abril, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó su candidatura a la reelección en el distrito uno con cabecera municipal en Palenque, Chiapas.
La legisladora, es postulada por la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su candidatura había sido impugnada por indígenas de la etnia chol, por no formar parte de alguna comunidad indígena.
El TEPJF decidió validar su candidatura con el argumento de que ella se autoadscribió como indígena; porque presentó un acta de nacimiento que dice que nació en el distrito, así como un oficio expedido por el secretario del ayuntamiento de Palenque, en el que le “reconoce” su autoadscripción. Además, el Tribunal consideró relevante que en las elecciones de 2018 tuvo mucha simpatía, relató Méndez López.
Pero ese es sólo uno de los casos de usurpación de identidad indígena por parte de políticos mestizos, con el objetivo de despojarlos de las candidaturas, en teoría reservados para ellos.
Según el activista, en Chiapas, donde hay cinco distritos electorales federales reservados para indígenas (que son el uno, dos, tres, cinco y 11), únicamente un candidato en campaña es reconocido como miembro de alguna de las comunidades del estado. Se trata de Alfredo Vázquez Vázquez, un indígena tzeltal originario de Ocosingo, quien en 2018 fue postulado por Morena como candidato a diputado federal por el distrito tres y ganó y ahora busca la reelección.
Las otras personas que, en 2018 ganaron una diputación federal en los distritos electorales reservados para indígenas en Chiapas, son Manuela del Carmen Obrador Narváez en el uno; Alfredo Antonio Gordillo Moreno, quien antes era secretario técnico del gobierno de Chiapas, en el dos; Clementina Marta Dekker Gómez, en el cinco y Roberto Antonio Rubio Montejo, quien era asesor legislativo en el Congreso de Chiapas y delegado nacional del PVEM en Chiapas, en el distrito 11.
El activista Méndez López dijo que las autoridades comunitarias de Oxchuc tomaron la decisión de no permitir la instalación de casillas el próximo 6 de julio, como forma de protesta, a lo que consideró un fraude a la ley que hacen los partidos que permiten que sus candidatos suplanten a indígenas con el respaldo de las autoridades electorales.
Denunció que en el distrito dos, con cabecera en Bochil, la alianza integrada por PRI, PAN y PRD postularon como candidato a Roberto Aquiles Aguilar Hernández, quien no es indígena, pero sí un cacique de la región, que, de 2003 a 2006, fue diputado federal por el distrito seis de Chiapa de Corzo.
Lleva como compañera de fórmula a su hija, Adriana Aguilar Pavón, que tampoco es indígena tzotzil (que es la comunidad indígena de la región) y actualmente es diputada local con licencia.
Asimismo, recordó que el TEPJF le quitó la candidatura a diputada federal por Morena, en el distrito dos, a la exdiputada local Patricia Mass Lazos, pues se trata de una persona nacida en Monterrey, que no es indígena, además de que vive en San Cristóbal de las Casas y no en Bochil, que quería representar y que está como a 90 kilómetros de distancia de su domicilio.
Dijo que en el distrito cinco, de San Cristóbal de las Casas, todo mundo sabe que la actual diputada federal Mara Dekker Gómez, que busca la reelección, no es indígena, aunque hace tres años la autoridad le avaló el supuesto vínculo comunitario.
El activista dijo que en el distrito 11, que corresponde a Las Margaritas, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, quien hace tres años fue postulado por el PVEM y trata de reelegirse, tampoco es indígena.
La ley da márgenes para despojar a indígenas de candidaturas
Araceli Burguete de Cal y Mayor, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) unidad Sureste expuso por qué, aspirantes a diputados federales que no son indígenas logran que las autoridades electorales avalen sus candidaturas.
Recordó que en la sentencia del TEPJF SUP-RAP-726/17 establece que los partidos pueden acreditar el vínculo al momento del registro mediante la presentación de constancias como haber prestado “en algún momento” servicios comunitarios, desempeñado cargos tradicionales “en la comunidad, población o distrito” por el que pretenda ser postulada, “haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar dichas instituciones” o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulada, o ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.
La sala superior determinó que el propósito de estas medidas era que los ciudadanos en dichas circunscripciones votaran efectivamente por candidatos indígenas, garantizando que representaran los intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de la acción afirmativa.
Sin embargo, destacó que lo documentado en Chiapas demuestra que la realidad no ha sido así, porque tanto en el proceso electoral de 2018 como en el actual, fueron postuladas por los partidos políticos, como indígenas a personas que no son aceptadas como tales.
Recalcó que el problema de toda la usurpación estriba en que, tal como está acreditado, el vínculo favorece a reclutar candidaturas de personas que tienen una práctica indigenista.
Los hechos demuestran que la acción de demostrar el vínculo mediante elementos objetivos tales como constancias expedidas por “autoridades” de la comunidad han contribuido a configurar dos problemas: Uno, al tener que probar los medios de prueba “idóneos”, solicitados por la legislación electoral, mediante constancia de, por ejemplo, haber participado en reuniones, de haber estado interviniendo, el resultado es que, al objetivar el vínculo que se estableció en la sentencia del TEPJF, se premia la intervención de personas ajenas a la vida comunitaria, alejando perfiles de las personas indígenas que viven en la comunidad que son sustituidas por personas que intervienen en la comunidad.
Dos, al privilegiar el vínculo mediante pruebas objetivas, las instituciones electorales ignoran lo que plantea al artículo 2 constitucional (que dice que son pueblos indígenas “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella”) que no deja duda quién es indígena, con el que se podría cumplir la acción afirmativa a cabalidad, sin andar inventando tales vínculos.
Dijo que, desafortunadamente, las instituciones electorales abonan al crecimiento de este problema. Recordó que el INE incorporó un cuarto criterio como vínculo efectivo que refiere ser originario o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario (INECG24/2021 de enero de 2021).
El problema estriba en las demostraciones de los vínculos con las comunidades.
La aplicación de los criterios ha dado como resultado la emergencia de un fenómeno generalizado de usurpación de identidad indígena en un contexto más amplio de racialización de la acción afirmativa indígena, abundó.
El INE ha señalado simulaciones
Edith Matías Juan, indígena de la etnia zapoteca de Oaxaca, originaria de la comunidad Villa Díaz Ordaz, promotora de los derechos lingüísticos de los indígenas, opinó que la implementación de las cuotas indígenas ha generado una serie de problemáticas y controversias que los órganos deben resolver.
Recordó que en el actual proceso electoral el INE ha detectado al menos 132 candidaturas a diputados federales que los aspirantes no acreditaron realmente pertenecer a comunidades indígenas.
Además, agregó, hay candidatos que ya están compitiendo y no son reconocidos por las comunidades que pretenden representar.
En el caso concreto de Oaxaca, indicó, ha habido una serie de impugnaciones promovidas por mujeres indígenas y afromexicanas, con el fin de lograr que los partidos políticos cumplan con la obligación de las diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
La también integrante de la Asociación Nacional Política de Mujeres Indígenas, mencionó que, al menos en Oaxaca, los pueblos indígenas padecen un distanciamiento del proceso de selección de candidatos a diputados federales incluso en los distritos de representación indígena.
“Nos están obligando a jugar con las reglas externas y no con las de la comunidad. Eso inhibe que los pueblos indígenas se organicen y decidan quienes los van a representar. No hay un conocimiento pleno de los mecanismos de participación y prevalece la desconfianza hacia los partidos políticos”, apuntó.
Los indígenas siempre han estado subrepresentados
Carla Humphrey, consejera del INE destacó que, en México, los indígenas han estado históricamente subrepresentados políticamente, a pesar de que 21.5% de la población se autoadscribe como indígena.
Indicó que se han implementado acciones afirmativas para promover la inclusión de estas comunidades, por ejemplo, en 2005 ocurrió la primera distritación electoral federal, en la que se identificaron 28 distritos indígenas, lo que representa 9.33% del total de los 300 distritos federales en que se divide el país.
Posteriormente, antes de la elección de 2018, se estableció una acción afirmativa para personas indígenas, a fin de que en 13 distritos federales los partidos debieron postular candidaturas indígenas.
Luego, para el proceso electoral actual, se estableció una acción afirmativa consistente en la postulación paritaria de personas indígenas en 21 distritos de mayoría relativa y nueve candidaturas de representación proporcional, en las cinco listas de representación proporcional, mediante una fórmula en las listas de la primera, segunda y quinta circunscripciones; dos fórmulas en la lista de la cuarta circunscripción, y cuatro en la tercera.
Hay menos diputados federales indígenas que en 2006
De acuerdo con el investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Willibald Sonnleitner, actualmente hay menos diputados federales indígenas que en las legislaturas integradas en 2006, cuando fueron 18; 2009 donde hubo 17; 2012 con 10, y 2015 con 10, pues actualmente, a pesar de que en las elecciones de 2018 se reservaron 13 distritos para candidatos indígenas, en realidad sólo hay siete.
En el proceso electoral de hace tres años se consideraron distritos indígenas los uno, dos, tres, cinco y 11 de Chiapas; el cinco de Guerrero; el uno de Hidalgo; el dos y cuatro de Oaxaca; el siete de San Luis Potosí; el dos de Veracruz y el uno y cinco de Yucatán.
En el análisis denominado “Participación, representación e inclusión política: ¿Existe un voto indígena en México?”, plantea que las tensiones en torno a la postulación de candidaturas en los trece distritos con mayor porcentaje de población indígena pusieron de manifiesto las dificultades de definir cuáles de ellas podían ser consideradas como “indígenas”.
Señala que, en una perspectiva garantista, el INE adoptó criterios flexibles, privilegió la autoadscripción y permitió acreditar los vínculos comunitarios de formas múltiples; por ejemplo, mediante constancias de haber trabajado para el beneficio de alguna comunidad.
El investigador logró recopilar información sobre las trayectorias de 85 de las 105 candidaturas que se registraron para los comicios de 2018 en los 28 distritos con más de 40% de población originaria.
Según el académico, en los trece distritos donde los partidos políticos tenían la obligación formal de presentar indígenas, se registraron 44 candidaturas (48% de mujeres y 52% de hombres), de las cuales 10 fueron de identidad indígena (22.7%) y 26 fueron de identidad mestiza (para las ocho restantes aún no se consiguió información).
Refiere que en julio de 2018 fueron electos cuatro diputados y tres diputadas federales indígenas. Cinco de ellos compitieron con éxito en alguno de los doce mayoritariamente (42%), mientras que los dos restantes lo lograron en alguno de los otros dieciséis distritos con más de 40% de población indígena (13 por ciento).
Destaca que persiste un claro rezago en materia de representación indígena, que se extiende hacia la paridad de género, particularmente en los trece distritos con más de 60% de población en hogares indígenas, donde sólo cuatro mujeres fueron electas diputadas (31%) contra nueve legisladores varones (69.2 por ciento).
Según esa investigación, los diputados federales electos en 2018 de origen indígena son Clementina Marta Dekker Gómez, de madre Tzeltal y padre holandés. Se trata de una empresaria y deportista que inició su vida política en el PT, pero que, algunos indígenas no la consideran integrante de comunidades originarias.
Luego, el académico identifica a la diputada Irma Juan Carlos, de origen chinanteco, postulada por Morena y sus aliados, originaria de la cuenca del Papaloapan y representante popular del distrito dos con cabecera en Teotitlán, Oaxaca.
La tercera mujer indígena identificada por el académico es la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del distrito seis de Tlaxiaco, Oaxaca, postulada por Morena y sus aliados. Es hija de Juan Domingo Pérez Castillo a quien refiere como un conocido cacique de la región triqui, señalado de asesinatos.
Los cuatro hombres son el diputado Marcelino Rivera Hernández de Tamazunchale, San Luis Potosí en el distrito siete, que es un líder panista de origen huasteco; Juan José Canul Pérez del distrito cinco con cabecera en Ticul, Yucatán, de origen maya, con trayectoria priista; Bonifacio Aguilar Linda, del distrito 18 en Zongolica, Veracruz, líder del PRD, de origen náhuatl, que fue alcalde de Soledad Atzompa, así como a Cipriano Charrez Pedraza del distrito dos de Ixmiquilpan, Hidalgo, de origen otomí, postulado por Morena, pero que fue desaforado y está en prisión por su presunta responsabilidad en un accidente automovilístico.
Diputados indígenas tienen baja asertividad legislativa
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados la legisladora Clementina Marta Dekker Gómez ha presentado 11 iniciativas, de las cuales le han aprobado una; Irma Juan Carlos ha presentado 24 de las cuales han sido aprobadas cinco; Marcelino Rivera Hernández, cuatro, de las que ha sido aprobada una; Juan José Canul Pérez dos y ninguna aprobada; Cipriano Charrez Pedraza alcanzó a presentar dos, pero ninguna prosperó; Beatriz Dominga Pérez López ocho, de las cuales una ha sido aprobada y Bonifacio Aguilar Linda dos pero ninguna ha sido aprobada.
En el plano estatal la situación de suplantación de identidad indígena es similar, Felicitas Martínez Solano, la indígena tlapaneca guerrerense que en 2017 recibió en Nueva York el premio Liderazgo FIMI del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, buscó la candidatura de Morena a diputada local, sin embargo, ese partido no la seleccionó.
La dirigente impugnó la decisión y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones, la incluya en la lista de candidatos, lo cual fue ratificado por el Tribunal Electoral de Guerrero, pero, hasta el cierre de esta edición, el partido no lo había acatado.
Aclaró que ella no es militante de Morena, pero acudió a ese partido ya que cumplía con lo establecido en sus estatutos para ser candidata, pero ha tenido que pelear la candidatura ante los tribunales.
Destacó que es muy importante que los pueblos indígenas tengan una voz en el congreso federal y los estatales.
Afirmó que, independientemente de que obtenga o no la candidatura lo importante es abrir camino para las personas que vienen detrás y buscarán hacer valer las llamadas acciones afirmativas que permiten a los indígenas competir por un cargo de elección popular.
Dijo que es lamentable que personas que no son indígenas se hagan pasar como tales para ocupar candidaturas reservadas para los integrantes de miembros de las comunidades originarias. Ahora sí todos quieren ser indígenas”, pero sólo es para obtener las candidaturas, remarcó.
Edith Matías Juan expuso que es necesario trascender esta perspectiva de democracia en la que se decide mayoriteando las cosas. Recordó que en el zapoteco no existe un término para definir la democracia.
Llamó la atención en que habría que reflexionar sobre el alcance de estas medidas ya que, con estos procesos de reconocimiento y estas cuotas indígenas, al final terminan por tener un impacto negativo en las comunidades indígenas, que se refleja en la erosión de los propios sistemas electorales, normativos y formas de organización comunitaria.
Mientras esa discusión se multiplica, más de 60 candidatos de diversos partidos buscan el voto ciudadano en los 21 distritos reservados para miembros de comunidades originarias, algunos dando la lucha por lograr tener voz en el congreso, pero muchos usurpando espacios que no les tocan, haciendo como que son indígenas y otros ni siquiera eso, por lo que los califican como caslanes abusivos. Con información de EL ECONOMISTA
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