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TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 29 de Junio de 2017./Gloria Ramírez/ASICh.- Integrantes del FNLS de otros estados de la República fueron detenidos en Chiapas en el momento en que encabezaban sus actividades propias de información de desapariciones forzadas y de falta de justicia en el caso del menor de edad Humberto Morales Sántiz y otros casos, por lo que recurrieron a traer a forenses de Argentina.
En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, dirigentes del Frente dieron a conocer que a eso de las ocho de la mañana las policías federal y estatal detuvieron a sus compañeros en la caseta de cobro de la carretera de cuota, en Chiapa de Corzo.
Aseguran que al lugar llegaron varias patrullas del mando único y sin mediar palabra les aventaron gases lacrimógenos, los golpearon con amenazas y prepotencia detuvieron de manera arbitraria a sus compañeros Roberto Mendoza, Francisco Hernández del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental; Adriana Flores de Veracruz; Ollin Amaro de Puebla; Angelina López Gómez, Leticia Gómez López, Hermelindo López Gómez, David Francisco García Mota, Sergio Mar Pérez Santiago y Gumersindo Bustos de Michoacán; Jacob Hernández; Manuel Gómez, Sergio Rodríguez y Mercedes Pérez Pérez, quienes los subieron a golpes a las patrullas y se los llevaron.
Dado que en estos momentos avanzan los trabajos de investigación que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para conocer sobre la muerte de Humberto Morales Sántiz, consideran que esta es la respuesta del gobierno federal y estatal en contra nuestra organización.
Señalan que la protesta es un derecho del pueblo, establecido en tratados internacionales que México firmó y ratificó, además de estar reconocido en nuestra Carta Magna en su artículo 1º.
Con estos hechos represivos nos queda claro que el respeto de los derechos humanos para el gobierno federal y estatal de Chiapas son los golpes, la represión y las graves violaciones a los derechos humanos.
Denunciar los crímenes de Estado no es un delito es un derecho que tienen los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y las organizaciones populares, este derecho no está sujeto a negociación, por lo tanto, reprimir y detener a luchadores sociales de manera arbitraria es violar derechos y libertades políticas de pueblo.
Exigen la libertad inmediata e incondicional de sus compañeros, porque la actividad política de denuncia que hacían no es un delito es un derecho. ASICh