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Opinión de Carlos Ramírez • Debate
CIUDAD DE MEXICO.
07 de octubre 2024.
Abandonada por aquellos que la promocionaron en aquella marcha de 2023 bajo el grito de que “la Corte no se toca”, la ministra presidenta Norma Piña Hernández ya se quedó sola en su guerra judicial —lawfare— contra decisiones de la mayoría legislativa calificada que modificó la Constitución para impulsar una reforma estructural en el Poder Judicial federal.
El sábado la columna Templo Mayor de Reforma, donde se impulsó con entusiasmo el papel combativo de la ministra presidenta, mandó un mensaje muy claro sobre la decisión de movilizar a ocho de los once ministros para bloquear la constitucionalidad de la reforma pero con el ánimo de abrogarla.
La argumentación de ese espacio editorial dice que es muy complicado el asunto, que inclusive será inaplicable si se decreta la inconstitucionalidad y explica lo que los asesores políticos de la ministra presidenta le han ocultado: dos cámaras con mayoría calificada legal, la mayoría de Morena, la mayoría calificada de congresos estatales, el INE que ya está operando la aplicación de la elección de los jueces, la Fiscalía de la República y todo el Poder Ejecutivo están detrás de la reforma y será prácticamente imposible que la Corte declare en desacato a toda esta estructura, a menos de que lo haga y destituya a los titulares de estas instituciones de gobierno.
El mismo sábado, el constitucionalista institucional Diego Valadés, uno de los principales teóricos constitucionalistas del régimen priista, dio en redes una opinión también contundente: “el contenido de una reforma constitucional no es impugnable”.
La ministra presidenta de la Corte había logrado el apoyo de ocho ministros como mayoría calificada de dos terceras partes para ordenar la revisión de la constitucionalidad de la reforma a partir del criterio también constitucional de la autonomía del Poder Judicial, pero la reforma fue muy cuidadosa en eludir un pronunciamiento en ese sentido y solo está buscando que el voto popular designe a jueces, magistrados y ministros, en tanto que en la actualidad esos cargos derivan de la designación de ministros de la Corte a propuesta del presidente de la República y con la autorización de la mayoría calificada de dos terceras partes del Senado.
López Obrador impuso cinco ministros de la Corte, de los cuales tres se han mantenido fieles a los criterios presidenciales y dos cambiaron bandera hacia la oposición conservadora judicial, ambos posicionamientos dentro de sus facultades de autonomía. En caso de que triunfe la guerra judicial de la ministra presidenta y se evite el cumplimiento de la reforma constitucional en el legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá facultades para designar en su sexenio a seis nuevos ministros –uno en 2024, uno en 2026, dos en 2027 y dos en 2030– y entonces regresar con una mayoría calificada de nueve ministros en 2030 a consolidar la reforma judicial.
La argumentación opositora a la reforma judicial se ha posicionado del ambiente político por la facilidad de su planteamiento: el presidente López Obrador, dicen, se emberrinchó porque la Corte le tumbó como cuatro asuntos de su interés, entre ellos la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo, en política no hay berrinches sino estrategias inflexibles. La mayoría de Morena se iba a enfrentar aún falso equilibrio político: la actual Suprema Corte tiene solo ocho ministros vinculados al viejo régimen del derecho constitucional conservador priista-panista, en tanto que Morena tiene una presidenta de la República con el 60% de los votos, la mayoría calificada en las dos cámaras, el 72% de los gobiernos estatales, la abrumadora y más que cómoda mayoría calificada en los congresos locales y aún así estaría condenada a someterse el desatino de ocho guardianes de la ideología constitucional del PRI-PAN.
En este contexto, la decisión del presidente López Obrador de confrontar el bloque político judicial de la Suprema Corte y la determinación de la nueva presidenta Sheinbaum Pardo de encarar también la guerra judicial de la ministra Piña Hernández contra una decisión de la mayoría calificada constitucional de las dos cámaras refleja que la Suprema Corte se iba a convertir en el último reducto conservador de una minoría político-partidista y con el voto de ocho ministros estaba abriendo su juego de poder: bloquear toda iniciativa de la mayoría política nacional que afectara los intereses económicos, laborales y políticos del Poder Judicial.
Esta semana será decisiva para el futuro de la reforma judicial: o la Corte acepta el mandato del legislativo o sea convierte en un poder por encima del Ejecutivo y el Legislativo.
Política para dummies: el poder, dijo alguna vez el presidente Echeverría, no es poder hacer lo que uno quiera.
carlosramirezh@elindependiente.com.mx
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