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Nos dieron «atole con el dedo» en negociación de Ley de Factureras: Coparmex/Milenio
Concanaco exige inhabilitar a funcionarios relacionados con factureros/La Jornada
Arturo Ordaz Díaz/Forbes México
CIUDAD DE MEXICO, 15 de octubre de 2019./Arturo Ordaz Díaz/Forbes México.- Con 318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que endurece el castigo a la defraudación fiscal, como la emisión de facturas falsas, para que ésta sea tipificada como “delincuencia organizada” y amerite prisión preventiva.
En días pasados, tanto las comisiones de Hacienda y Justicia de la cámara baja, como el Senado de la República aprobaron el dictamen.
Dicha iniciativa contempla cambios en las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacional, así como en los códigos Nacional de Procedimientos penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, con el objetivo de considerar la operación de empresas como una amenaza de seguridad nacional.
Tales cambios prevén sanciones de dos a nueve años de prisión a toda persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, ameritará prisión preventiva cuando al menos participen tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a 7 millones 804,230 pesos.
Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a pesar de estar a favor de una mayor recaudación y el castigo de ilegalidades, se manifestaron en contra del dictamen, al cual calificaron como injusto para los contribuyentes, ya que atenta contra el principio de presunción de inocencia.
Nos dieron «atole con el dedo» en negociación de Ley de Factureras: Coparmex
Karen Guzmán/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 15 de octubre de 2019./Karen Guzmán/Milenio.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que a los empresarios les dieron “atole con el dedo” luego de ser aprobada sin cambios la reforma contra las factureras, a pesar de buscar un acuerdo con el gobierno federal, por lo que ahora interpondrán los amparos necesarios desde las vías institucionales.
“Con esta reforma los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada… finalmente fuimos presa de la bebida preferida que ahora será de los mexicanos, que ahora será el atole con el dedo”, sentenció Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex.
En conferencia con medios, Reginaldo señaló que las comisiones de la Cámara de Diputados no hizo caso alguno sobre las propuestas para modificar esta iniciativa contra la Ley de Empresas Factureraspor parte de los organismos empresariales, civiles y sociales, quienes, afirmó están de acuerdo con que se castiguen a estas firmas; sin embargo, esta vulnera los derechos humanos de la contribuyentes.
“Hoy nos reunimos con tristeza, pues a pesar de todo el esfuerzo desplegado para convencer al gobierno federal, a nuestros senadores y diputados no fue posible hacerles cambiar de parecer y modificar su propuesta de iniciativa por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal contra la delincuencia organizada…De nada sirvió nuestra participación contra el grave daño que estas reformas provocan”.
Por su parte, Arturo Pueblita, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal afirmó que está reforma estaría utilizando un recurso penal para incrementar la recaudación fiscal, “si queremos incrementar la recaudación tenemos que generar un crecimiento económico y no en sentido contrario”.
En este sentido, Reguinaldo Esquer señaló que se trata de políticas fiscales que se han arrastrado de administraciones anteriores y que ponen en riesgo la inversión. “Las inversiones no se dan de la noche a la mañana. Somos un país destinado a crecer a cero por ciento”.
Concanaco exige inhabilitar a funcionarios relacionados con factureros
Susana González G./La Jornada
CIUDAD DE MEXICO, 15 de octubre de 2019./Susana González G./La Jornada.- El paquete de reformas fiscales propuestas por el gobierno federal debe hacer distinciones entre quienes venden facturas falsas y los que las compran o son sorprendidos por los primeros, aseveró Octavio de la Torre de Stéffano, quien es vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servidios y Turismo (Concanaco – Servytur).
La propuesta, indicó, tampoco establece umbrales sobre los montos económicos a sancionarse por las autoridades fiscales, por lo que la Cámara de Diputados debe minimizar riesgos para evitar que empresas incurran en defraudación fiscal.
El especialista fiscal planteó además que también deben ser sancionados los funcionarios que participan en los actos relacionados con los “factureros” e incurran en excesos o abusos de autoridad. “Deben tener una inhabilitación de por vida por esas conductas y por abonar a la defraudación fiscal con operaciones simuladas”, destacó.
Frente a una indebida apreciación de los hechos que derive en la pérdida de la libertad y patrimonio del empresario, también es indispensable que la autoridad sufra una pena y sanción en la misma proporción o mayor, sentenció De la Torre, quien también es coordinador de Síndicos del Contribuyente ante Autoridades Fiscales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de Baja California (Fecanaco).
Desorden tributario con 900 reglas de impuestos internos y 500 en comercio exterior
Aseguró que la esencia del paquete económico 2020 es de política tributaria y mencionó que la distorsión del sistema tributario nacional comenzó en los años noventa con la publicación de 30 reglas de resolución miscelánea fiscal.
A la fecha hay más de 900 reglas para impuestos internos y 500 en comercio exterior, “lo que demuestra que en nuestro sistema jurídico fiscal no prevalece el imperio de la ley”, dijo De la Torre.
Ponderó que una forma de combatir la defraudación fiscal es disminuyendo la informalidad. A los negocios sin registro fiscal, los ambulantes y los que son parte de concesiones estatales o municipales, se les permite operar solo con pagar cuotas a personas que “protegen”, lo cual fomenta que dichos negocios no cumplan con sus obligaciones fiscales.
Aclaró que los organismos empresariales están de acuerdo con el combate a las organizaciones dedicadas a la venta, enajenación o que publicitan esquemas de emisión de facturas que avalan operaciones inexistentes y quebrantan las finanzas públicas. Incluso no se oponen a que sean consideradas como organizaciones de la delincuencia organizada.
Sin embargo, insistió en que su aplicación no sebe generalizarse y se deben establecer “acciones de debido control para que el sector productivo minimice los riesgos de caer en defraudación fiscal”.
“En la propuesta solicitamos que en principio se respete la garantía de audiencia y previo a la afectación irreversible que sufre el empresario se le permita aclarar en 10 días hábiles el supuesto por el que se le pretende bloquear el sello digital. De otra manera, la medida colapsaría las empresas que son el motor de México”, enfatizó.