+ Los legisladores aprobaron el juicio de procedencia contra el gobernador Francisco Cabeza de Vaca.
Carina García/Expansión
CIUDAD DE MEXICO, 29 de abril de 2021./Carina García/Expansión.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados no pudo acreditar a plenitud que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, incurrió en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el juicio de desafuero en su contra será sólo por defraudación fiscal con un perjuicio al fisco por 6 millones 511,000 pesos. Las pruebas presentadas por la autoridad permitieron “parcialmente tener por acreditado indiciariamente” los demás delitos, pero se decidió dejar su comprobación “a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el proceso correspondiente”, se establece en el dictamen.
El documento será discutido y votado este viernes por el pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, en una sesión que podría tener una duración de cuando menos 4 horas, según el formato aprobado este jueves con 342 votos en favor y 103 de la oposición, en contra. Incluso, el formato se llevó más de una hora de discusión, pues la oposición se quejó de que contrario a los seis juicios de desafuero recientes en esta ocasión no se permitirá a las bancadas fijar posicionamientos generales, y sólo habrá oradores en pro y en contra.
Lo mismo para el caso del senador Cruz Pérez, de Morena cuyo dictamen resultó en que no ha lugar a desafuero por el caso de la supuesta recepción de recursos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. En el dictamen que será votado se concluye que la diferencia entre los ingresos declarados en 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria por el mandatario de Tamaulipas y los realmente obtenidos fue de 36 millones 935,000 pesos. En su defensa el acusado señaló –según el expediente– que la única autoridad facultada para determinar impuestos, derechos, contribuciones etcétera, es el SAT y no la Procuraduría Fiscal.
El texto retoma las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos que valiéndose de cargos públicos el panista amasó una fortuna con una treintena de propiedades ocultas en Texas y en Tamaulipas, “a través de bienes ocultos con prestanombres de su círculo familiar, principalmente su madre, esposa y hermanos, cuyo valor aproximado asciende a más de 951 millones a valor actual”. Con ese fin el mandatario usó una empresa fantasma y además benefició con licitaciones y contratos por 55.6 millones de pesos a diversas personas morales, según la Fiscalía.
En su recuento estableció, además, que el indiciado compró propiedades por 70 millones de pesos y que en ninguna de ellas estaba asentada su empresa.
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Además su firma “carece de registros ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social ni el Servicio de Administración Tributaria y que no se tiene constancia de su acta o escritura pública constitutiva, puede realizar operaciones’ por lo que se trataría de una empresa fachada, usada para ocultar el origen real de los recursos. El objetivo era “incorporarlos a la economía nacional, lo que considera ocurrió con los 36 millones 861,000 pesos” que le fueron depositados También se relata la operación de adquisición de un inmueble –junto con su esposa– por 14 millones, su venta en 42 millones de pesos y ganancia de 27.8 millones de pesos, lo que denotaría irregularidades.
Descongelan casos pendientes de desafuero La Junta de Coordinación Política (Jucopo ) de la Cámara de Diputados acordó que la Sección Instructora no entrará en receso, por lo que una vez que se dictaminen las solicitudes de desafuero pendientes se convocará a periodo extraordinario de sesiones para erigirse en jurado de procedencia.
Con la decisión, se descongelaron y aún podrían concretarse los juicios de desafuero solicitados contra el diputado morenista Saúl Huerta , acusado de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de dos personas; el diputado Mauricio Toledo, del PT, y el exfiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. La noche del miércoles la Sección Instructora arribó a la interpretación jurídica de que una vez que la Cámara entrara en receso este 30 de abril al cerrarse el periodo ordinario de sesiones, también se suspenderían los plazos de los procesos ya abiertos.
Por ello la Cámara se erigiría en jurado de procedencia este viernes 30 de abril sólo para desahogar por separado los casos del gobernador Cabeza de Vaca y del senador de Morena Cruz Pérez. Todos los demás asuntos quedarían pendientes, probablemente hasta la 65 Legislatura. Pero casi a la media noche, la Jucopo dio a conocer al pleno de la Cámara el acuerdo de todos los líderes parlamentarios de no dejar en suspenso la tramitación de los pendientes y en caso de ser necesario autorizar un periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia y los concluya.
“Una vez que la Sección Instructora emita los dictámenes correspondientes a las solicitudes de declaración de procedencia, con base en los plazos que establece la ley de responsabilidades, solicitarán a la Comisión Permanente pueda autorizar un periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados pueda erigirse en Jurado de Procedencia para resolver si ha lugar o no a proceder penalmente contra servidores públicos, período en el que además se podrían abordar, discutir y votar los temas legislativos que acuerden los grupos parlamentarios” dice el documento.