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MÉXICO, DF., 28 de Febrero de 2014.- Viudas e hijos de ex braceros mexicanos denunciaron que el gobierno federal ha utilizado «todos los mecanismo burocráticos y políticos para encubrir un fraude multimillonarios» contra miles de trabajadores que laboraron en territorio estadunidenses, y a quienes se les retuvo 10 por ciento de su salario para un fondo de ahorro.
En conferencia de prensa, representantes y familiares de los ex braceros, señalaron que el presidente Enrique Peña Nieto debe dar a conocer dónde están los recursos que retuvieron a 2.5 millones de connacionales que participaron en el programa bracero de 1942 a 1964, a quienes «se les descontó cantidades considerables de sus ingresos en dólares».
Señalaron que desde el pasado 18 de febrero, el juez tercero de Distrito, Rodrigo Mauricio Zeron de Quevedo, concedió el amparo y la protección de la justicia a 2 mil 559 ex braceros, viudas e hijos, a quienes el gobierno federal debe «entregar los recursos que le fueron retenidos a los trabajadores, pues el artículo quinto constitucional estable claramente que no se puede retener el salario a quien ya lo ha devengado, a menos que sea por la orden de un juez», afirmó Porfirio Martínez, abogado de los quejosos.
Informaron que el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, debe cumplir la sentencia de un juez que obliga a dar a conocer el paradero de los fondos y su entrega a los ex braceros, pues el plazo para que solicite el recurso de revisión contra el amparo otorgado vence el próximo martes.
Rosa Martha Zárate, representante de la organización de ex braceros, informó que se trata de monto «multimillonarios que por décadas el gobierno mexicano se ha negado a pagar, y que en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se pretendió dar por saldado con el pago de un apoyo social por 38 mil pesos».
Aseguró que 150 mil ex braceros recibieron estos recursos, pero «se les exigió que copiaran un texto en el que renuncia de una vez y para siempre al cobro de su fondo de ahorro». Se trata, dijo, de personas que «con dificultad saben leer y escribir, y no comprendemos cómo el gobierno mexicano incurre en este tipo de engaños, cuando lo que se está denunciado es una página de nuestra historia que ha querido ser silenciada».