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Por Melissa Galván/SinEmbargo/ febrero 5, 2017.
+ Si algo caracterizó al gobierno de Rafael Moreno Valle fue la opacidad. Para académicos, periodistas, activistas y organizaciones sociales, el ex Gobernador de Puebla representa la represión y la tiranía de la clase política mexicana. Moreno Valle no sólo dejó una entidad altamente endeudada (entre 23 mil y 40 mil millones de pesos), también lastimada por una serie de violaciones a derechos humanos (como el caso Chalchihuapan), por una ola de feminicidios (80 el año pasado) y de homicidios dolosos (590 en 2016).
+ Moreno Valle tiene aspiraciones presidenciales desde que asumió la gubernatura y, sin importar si violaba la ley electoral, inició su campaña con una ventaja de seis años sobre sus contrincantes. No tiene miedo de un posible juicio del que tanto hablan sus opositores, y mucho menos de las investigaciones en las finanzas públicas del estado, pues antes de dejar el cargo logró crear una especie de blindaje.
CIUDAD DE MÉXICO, 05 de Enero DE 2017./(SinEmbargo).- Rafael Moreno Valle Rosas, “el nuevo presidenciable”, concluyó su mandato el pasado miércoles sin dar explicaciones sobre la deuda millonaria que deja en Puebla, tampoco por el alza en los índices delictivos y de pobreza y, mucho menos, por las violaciones a derechos humanos cometidas contra manifestantes, activistas y reporteros.
Moreno Valle llegó a la gubernatura de Puebla el 1 de febrero de 2011 como abanderado de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (entonces Convergencia). Su principal promesa de campaña fue ser un Gobernador transparente, que rendiría cuentas y al que los poblanos pudieran “mirar de frente y exigirle resultados”.
La deuda del estado se mantuvo en la opacidad hasta un par de días antes de que el panista concluyera su mandato. Bajó la presión social y por orden de la Ley de Disciplina Financiera, el gobierno de Moreno Valle reconoció públicamente un adeudo de 23 mil 97 millones de pesos, monto que para el ahora ex Gobernador es erróneo, pero que para el nuevo mandatario, Antonio Gali Fayad, es “manejable”.
La deuda total de Puebla sigue siendo incierta. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el monto real supera los 40 mil millones de pesos: los 24 mil millones reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al menos 22 mil millones más que se destinaron en Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), los cuales no se contemplan en el informe de la deuda 2016, publicado recientemente en el portal de Transparencia del estado. De ser así, el endeudamiento de Puebla supera los 37 mil millones de pesos que dejó el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y el que heredó César Duarte Jáquez en Chihuahua (42 mil 453 millones).
Moreno Valle presumió hasta el final de su sexenio que la deuda estaba bajo control y que su administración “no pidió ni un peso prestado” para “la transformación de Puebla”. Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el panista reportó una deuda de apenas 8 mil 362 millones de pesos. El monto que él heredó del priista Mario Marín Torres fue de 8 mil 400 millones de pesos.
La deuda que reportó Rafael Moreno Valle fue aprobada por el Congreso local, pues esta, según los legisladores, no superaba los 8 mil 400 millones de pesos. Ahora, diputados de todas las fracciones y académicos exigieron que el ex Gobernador explique el incremento del 174 por ciento en la deuda y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que intervenga en caso de que existan anomalías.
En el último año del gobierno de Moreno Valle, la ASF realizó 21 auditorías a la Cuenta Pública por irregularidades en diversos rubros, especialmente en Seguridad Pública, Servicios de Salud, Aportaciones Múltiples, Fondos Federales, el programa Escuelas de Tiempo Completo y obras públicas, de acuerdo con el informe de resultados de fiscalización de duda publica 2014.
El organismo ubicó un total de 666.6 millones de pesos que la administración morenovallista tiene que aclarar por observaciones y requerimientos de comprobación. De ese monto, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial, mientras que el uso de otros 32.6 millones, que serían destinados para programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, es desconocido.
OPACIDAD
Moreno Valle prometió ser un Gobernador transparente, sin embargo, una de sus características fue la opacidad.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) acusó que en seis años, la administración del panista firmó más de 100 acuerdos de reserva de información –más de uno por mes–, con lo que bloqueó el escrutinio ciudadano en el caso de expedientes de adjudicación y ejecución de obra pública, así comonde los Proyectos de Prestación de Servicios, entre otros.
Desde que inició su gubernatura, Rafael Moreno Valle emprendió varias giras por todo el país y realizó gastos propagandísticos con miras a las elecciones presidenciales de 2018, los cuales fueron más evidentes y comunes en su último año de gobierno.
El panista no sólo desafió la ley electoral, también se negó a regular su gasto en publicidad oficial, el cual habría sumado alrededor de 900 millones de pesos en esos seis años, monto que tampoco ha sido reconocido oficialmente.
La Amedi destacó que la administración morenovallista instrumentó estrategias para bloquear el acceso a la información, como la reserva generalizada, el arbitrario cambio en la modalidad de entrega de la información y la negación del gobierno a eliminar la ratificación del recurso de revisión, todo a través de la Comisión de Acceso a la Información (Caip), controlada por él mismo con la aprobación del Congreso local.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBREZA
Rafael Moreno Valle no sólo se alardeaba de tener bajo control la deuda, también del “alto crecimiento económico” de Puebla gracias a las nuevas inversiones que él llevó, como los 200 millones de pesos del Grupo Chedraui, o la instalación de una planta Audi en el municipio de San José Chiapa que generaría “19 mil 800 empleos bien pagados”.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento económico de Puebla se mantuvo casi siempre por debajo de lo observado a nivel a nacional, particularmente en los últimos tres años, colocándose en el lugar 23 en este rubro.
En 2014, el crecimiento del estado fue de apenas 1.1 por ciento, lejano al 2.1 por ciento a nivel nacional y de entidades como Guanajuato o Querétaro, que registraron un crecimiento por arriba de 6 y 7 por ciento, respectivamente.
En estos últimos años, Puebla logró pasar del tercero al cuarto lugar nacional en población en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo, el número de pobres aumentó de 3 millones 878 mil personas en 2012 a 3 millones 958 mil en 2014.
A esto se suma que en Puebla, el quinto estado más poblado del país con 5.7 millones de habitantes, el 64.5 por ciento de la ciudadanía carece de cuando menos un servicio básico.
REPRESIÓN, “LEY BALA’ Y CHALCHIHUAPAN
La polémica “Ley Bala”, instruida y luego abrogada por Rafael Moreno Valle, ocasionó la muerte de José Luis Tehuatle, de 13 años de edad, durante un enfrentamiento entre policías y pobladores del municipio de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.
El 7 de mayo de 2014, Moreno Valle, “el Gobernador Bala”, como lo calificaron manifestantes en Nueva York, envió al Congreso local una iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, la cual establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales, en esta se permitía la aplicación de armas letales como último recurso. Doce días después, la “Ley Bala” fue aprobada y puesta en práctica dos meses después.
El 9 de julio de 2014, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco para exigir la restauración del Registro Civil en las juntas auxiliares (autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos).
Facundo Rosas Rosas, entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado, envió elementos policiacos para dispersas con gas lacrimógeno a los manifestantes, ocasionando un violento enfrentamiento que cobró la vida de un menor, quien recibió un impacto de bala que le perforó el cráneo, y que dejó también decenas de heridos, tanto civiles como uniformados, según una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por estos hechos, civiles, activistas y académicos exigieron un juicio político en contra de Moreno Valle por ordenar el “uso excesivo de la fuerza y negligencia” en su corporación policiaca. La CNDH envió al gobierno del panista 11 recomendaciones, de las cuales sólo fueron cumplidas seis.
Casi dos semanas después del enfrentamiento, el panista envió al Congreso una inciativa para abrogar la “Ley Bala”, pero no por lo ocurrido, sino porque la legislación “fue estigmatizada”. El ex mandatario guardó silencio sobre estos hechos hasta enero de 2015, cuando durante su Cuarto Informe de Gobierno justificó la actuación de la policía contra la manifestación de los pobladores de Chalchihuapan:
“Un grupo transgredió la ley y alteró la tranquilidad pública al bloquear la carretera Puebla–Atlixco afectando derechos de terceros, la obligación legal del gobierno es garantizar que impere el estado de derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz social”. Lamentó las consecuencias del “uso de la fuerza”, pero no pidió disculpas ni se dijo arrepentido por haber implementado la “Ley Bala”.
Activistas y políticos han calificado a Moreno Valle como un “tirano intolerante a la crítica y a la movilización social”, “represor” y “persecutor” de estudiantes, maestros, habitantes de juntas auxiliares, comerciantes, ambientalistas, amas de casa y de todo aquel que cuestionaba su gestión, violando los derechos humanos de los poblanos.
Hasta marzo de 2015 sumaban 134 personas encarceladas durante la administración de Moreno Valle por encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, reportó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.
INSEGURIDAD Y FEMINICIDIOS
El gobierno de Moreno Valle tampoco logró reducir la incidencia delictiva. Durante su sexenio se cometieron al menos 2 mil 999 homicidios dolosos, 590 ocurridos en 2016, siendo el año más violento durante su administración, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El año pasado también fue el más peligroso para las mujeres poblanas. Las autoridades locales reconocen que fueron asesinadas unas 76 mujeres y sólo 45 se catalogaron como feminicidios. Mientras que medios locales dan cuenta de 80 casos, 30 más que los registrados en 2015. En lo que va de este año, ocho mujeres han sido brutalmente asesinadas en Puebla.
Además, en el último año Puebla se ha convertido en el centro de una lucha entre bandas de ladrones de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La Fiscalía estatal advierte que el grupo delictivo de Los Zetas está detrás de estas disputas, que se incrementaron desde el 1 de enero, cuando entró en vigor el llamado gasolinazo.
EL BLINDAJE Y LA ASPIRACIÓN
Moreno Valle no ha ocultado sus intenciones de competir por la candidatura del PAN para las elecciones de 2018. Sin embargo, todas las irregularidades administrativas y las violaciones a derechos humanos detectadas durante su administración podrían valerle sus aspiraciones presidenciales.
Los opositores de Rafael Moreno Valle le reclaman haberse blindado institucionalmente, como intentaron hacerlo los ex gobernadores César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo). Con la finalidad de evitar investigaciones en su contra, el panista consiguió que en diciembre de 2015 se nombrara como nuevo Fiscal a Víctor Carrancá Bourget, un funcionario que fue su colaborador y que asumirá el cargo por siete años.
Del mismo modo, advierten los opositores de Moreno Valle, el Gobernador saliente logró que otros tres ex colabradores suyos fueran nombrados en el Instituto de Transparencia local. Entre ellos está la propia presidenta del organismo, Gabriela Sierra, esposa de Héctor Alcudia, ex director del organismo descentralizado Puebla Comunicaciones.
A esta estrategia de blindaje se suma el nuevo Gobernador, Antonio Gali Fayad, otro panista que ha manifestado públicamente su respaldo a Moreno Valle, al grado de minimizar el gran escándalo económico.
Bajo el eslogan “el cambio es posible”, el panista concluyó su administración con miras a la silla presidencial, sin miedo de un posible juicio del que tanto hablan sus opositores, tampoco de las investigaciones en las finanzas públicas del estado y mucho menos involucrarse en un enfrentamiento con la ex Primera Dama, Margarita Zavala, y hasta con el dirigente del Blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés.
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