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CIUDAD DE MÉXICO, a 15 de octubre de 2019.- El Grupo Parlamentario del PRI bajo ninguna circunstancia está por defender a los defraudadores fiscales; sin embargo, las reformas para combatir las empresas fantasmas y la facturación falsa abren la puerta al terrorismo fiscal.
En ese sentido, los diputados priistas emplazaron al Gobierno federal a iniciar cuanto antes, el debate para hacer una reforma fiscal integral que realmente le proporcione al Estado más ingresos, sin abusar de los derechos de los contribuyentes.
En tribuna, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán señaló que la ocurrencia del Gobierno federal de catalogar a la defraudación y evasión fiscal con la delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, establece un Estado autoritario, policiaco y represor.
Agregó que, a través de estos cambios en la ley, se perseguirá a inversionistas y contribuyentes, al considerarlos delincuentes potenciales; se les llevará a la cárcel y desde ahí tendrán que demostrar su inocencia, mientras con la ley en la mano, se les van a decomisar sus bienes. Las empresas pasarían a ser propiedad del Estado, “con el riesgo latente de que el Gobierno se apodere de empresas acusadas de defraudación fiscal, para después rematarlas al mejor postor” precisó la secretaria de la Comisión de Justicia.
La diputada Claudia Pastor Badilla, propuso una moción suspensiva para no legislar al vapor y hacerlo de manera razonada e inclusiva, a fin de tomar en cuenta las propuestas presentadas, la semana pasada mediante el Parlamento Abierto.
Asimismo, acusó a la mayoría parlamentaria de solo obedecer al Ejecutivo Federal y renunciar a su obligación de elaborar leyes útiles para la sociedad. “Ustedes legislan para instaurar el populismo penal y el estado policial”, el cual pretende castigar a quienes invierten en este país y a la burocracia, que son los principales grupos de recaudación, pero que hoy quedan en la incertidumbre.
En su intervención, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, argumentó que los cambios a leyes como la Federal contra la Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, primero amenazan y luego catalogan a los contribuyentes como enemigos de Estado.
Estos cambios carecen de certeza jurídica y el partido en el poder, está obligado a explicar jurídicamente qué relación existe entre las conductas ilícitas pues comparan la defraudación fiscal, con genocidio, homicidio o violación, la realidad dijo, es que el gobierno parte de premisas equivocadas y todos los inversionistas son considerados delincuentes potenciales.
En este mismo sentido, la diputada Dulce María Sauri Riancho, lamentó que para combatir la emisión de facturas falsas y la defraudación fiscal, los legisladores priistas estén de acuerdo en el fondo pero de ninguna manera en la forma, sólo porque la actual administración federal no ha aclarado, qué motivación tuvo el fisco para poner una pistola en la sien de los contribuyentes, ¿por qué meter a todos a la cárcel y “después viriguar”? preguntó.
La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, recordó que en abril pasado se aprobó por unanimidad la reforma, al artículo 13 bis del Código Fiscal, para castigar con particular rigor a quienes expiden y venden facturas falsas, “acaso no calcularon bien y peor aún ¿por qué si saben quienes son los defraudadores no van por ellos? “indicó.
Enrique Ochoa Reza, integrante de la Comisión Justicia, alertó que esta ley de terrorismo fiscal, es prima hermana de la Ley de Extinción de Dominio y su engendro será el desplome económico, el desempleo y la caída en la recaudación.
Mientras la ley criminaliza la vida empresarial, la Secretaría de Hacienda no informa en cuánto aumentará la recaudación fiscal, “sino tiene más ingresos no se pueden comprar más ambulancias, más medicinas o más camas de hospital; se tienen que corregir los abusos, porque si no lo hacen, van con el terrorismo fiscal, a matar a la gallina de los huevos de oro, van a afectar al crecimiento económico, la inversión, la recaudación y van a lastimar al país” sentenció.
Por su parte, Soraya Pérez Munguía, retomó la falta de investigación de la autoridad ministerial, ya que sí se tienen identificados a 8 mil millones de pesos en facturas falsas y 9 mil empresas que las emitieron, por qué no actúan en consecuencia, pues en el Código Fiscal vigente, hay sanciones para ello.
Insistió, hay que atender las causas del fenómeno de la facturación falsa, y no minar el ambiente de Estado de Derecho y de presunción de inocencia, especialmente de quienes proporcionan más del 90 ciento de los empleos de este país “porque los empleos no los produce el gobierno, ni los programas sociales, ni los beneficiarios. Los empleos que se generan son gracias a las empresas pequeñas, medianas o grandes de este país” concluyó.