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Arturo Angel/Animal Político
CIUDAD DE MEXICO, 27 de agosto de 2020./Arturo Angel/Animal Político.- Un juez federal programó para el próximo 26 de octubre la audiencia intermedia del proceso abierto en contra de Rosario Robles, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) presentará oralmente la acusación en contra de la exsecretaria de Sedesol y Sedatu y las pruebas con las que pretende que sea declarada culpable y se le condene a 21 años de cárcel.
Se trata de una audiencia clave pues es la última que se llevará a cabo previo a que el caso sea enviado ante un nuevo tribunal para la fase de juicio oral. Pero también es la última oportunidad para que Robles acepte una vía alterna: declararse culpable y aceptar ahí mismo un proceso exprés en el que el juez le impondría una pena reducida, como ya ha sucedido en otros casos como el de Javier Duarte.
La FGR acusa a Rosario Robles de dos cargos por el delito de ejercicio indebido del servicio público derivado de presuntas omisiones en las que habría incurrido y que permitieron que las dependencias que encabezaba firmaran convenios con universidades públicas por servicios que nunca se llevaron a cabo. Se trata del esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con la acusación que ya fue presentada por escrito, y que sería expuesta oralmente en la audiencia intermedia, la firma de estos convenios derivó en un daño al erario que supera los 5 mil millones de pesos.
Los fiscales han señalado que cuentan con un cúmulo de evidencia, entre dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), seguimiento de operaciones bancarias y mas de 50 testigos que confirmarían las presuntas omisiones que se imputan a Rosario Robles. Por ello, además de la pena de prisión, solicitarían al juez que se imponga una inhabilitación de mas de dos décadas a la exfuncionaria federal y una multa superior a los 2.5 millones de pesos
Por su parte la defensa de Robles, liderada por el abogado Epigmenio Mendieta, ha sostenido hasta ahora que la exsecretaria de Estado es totalmente inocente dado que no estaba en sus facultades legales como secretaria de Estado el impedir la firma de convenios que sí tenían un sustento legal.
Mendieta comentó a Animal Político que la pena solicitada por la FGR es totalmente desproporcionada por un delito de omisión en el que no se le imputa siquiera haberse apoderado de un peso de los recursos presuntamente desviados, y dijo que cuentan con la evidencia suficiente para probar la inocencia de su representada.
Cabe señalar que la defensa cuenta desde hoy con un periodo de diez días hábiles para presentar por escrito la respuesta a la acusación de FGR, y en la audiencia intermedia también lo hará oralmente. A su vez ambas partes presentarán las pruebas y el juez definirá cuales se quedan para ser enviadas a la eventual audiencia de juicio oral.
Esta audiencia intermedia se ha programado para las 10 de la mañana del 26 de octubre en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Por definición es una audiencia pública, aunque el ingreso del público dependerá de las restricciones sanitarias que hasta ahora se han impuesto por la pandemia de COVID-19.
FGR abierta a condena reducida: de 21 a 4 años
Autoridades federales con pleno conocimiento del caso indicaron a Animal Político que la FGR estaría dispuesta a negociar con la defensa de Robles una salida alterna a su caso: un juicio exprés que se lleve a cabo en la misma audiencia intermedia, y en el que la exfuncionaria federal se declararía culpable a cambio de una pena reducida. Es lo que técnicamente se denomina “proceso abreviado”.
El impacto en la condena sería significativo pues esta se podría reducir de los 21 años que es lo que actualmente solicitan los fiscales a solo 4 años de prisión, de los cuales Robles ya cumplió mas de uno en una cárcel femenil de Ciudad de México.
La condición de la FGR sería que se cubra la multa pagada y que de alguna forma se garantice una reparación del daño por desvíos que, según su indagatoria, ascienden a más de cinco mil millones de pesos.
La eventual condena a Robles disminuiría de forma tan significativa por lo siguiente: en un proceso abreviado uno de los beneficios que obtiene el imputado a cambio de renunciar a defenderse y declararse culpable, es que se le imponga la pena mínima que contempla la ley por el delito que se le impute además una reducción de un tercio de esta.
En el caso de Robles la pena mínima por el delito de ejercicio indebido del servicio público es de dos años de cárcel, pero como son dos cargos los que se le imputan, la misma ascendería a 4 años. A ello se sumarian una mitad mas de esa pena (o sea otros dos años) por la agravante que los fiscales señalan en su caso al haber cometido la supuesta negligencia de manera persistente (delito continuado).
Ello llevaría la condena de Robles a un máximo de seis años de prisión, pero como procedería la reducción de un tercio ya referida, dicha condena quedaría en cuatro años de cárcel.
En el proceso abreviado el juez está obligado a aceptar esta condena reducida y su labor se limita a cuestionar con claridad al imputado si está dispuesto a renunciar a la fase de juicio oral donde podría defenderse y buscar su absolución, y a revisar que se cumplan los requisitos del procedimiento de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Un ejemplo real de como un juez lleva este tipo de procedimientos se puede consultar en esta nota relacionada con el procedimiento abreviado en el que Duarte renunció a su juicio a cambio de declararse culpable.
Por razones obvias esta salida alterna también requiere que la persona imputada, en este cas Rosario Robles, acepte dicho procedimiento. Hasta ahora su defensa se ha mantenido firme en defender la absoluta inocencia de su representada.
La audiencia intermedia es la ultima oportunidad de llevar a cabo esta salida alterna. Si la misma prosigue como está previsto y se decreta al final de esta que el caso está listo para irse a juicio oral, ya no habrá marcha atrás al procedimiento penal.