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+ Dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y perfeccionar la democracia
MÉXICO, d. f., 04 de mayo de 2015.- Al promulgar la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que con ello se da un paso más para cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la gestión pública. Destacó que su gobierno alienta el ejercicio de un gobierno abierto en donde haya una política proactiva para que exista a disposición de la sociedad información de los recursos públicos y el desempeño de sus servidores.
En Palacio Nacional, acompañado de representantes de los tres poderes de la Unión, Peña Nieto confió en que con esta nueva legislación, todas las instituciones públicas adopten las políticas de transparencia y acceso a la información que se desprenden de ese marco legal. Subrayó que la transparencia favorece la honestidad e integridad en los funcionarios públicos, al tiempo que permite un mayor combate a la corrupción y empodera la sociedad en la vigilancia de la gestión pública.
Peña Nieto dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y perfeccionar la democracia. La sociedad tiene derecho a saber cómo y en qué se invierten los recursos públicos; qué hacen los funcionarios. Subrayó la participación fundamental de la sociedad en la construcción de este nuevo marco legal para impulsar las coincidencias y que permitirá que ahora, las disposiciones de transparencia, serán ahora de aplicación nacional.
“La transparencia sin duda fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, y ayuda a prevenir y combatir la corrupción; la transparencia promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, la transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas. Sin embargo, con todo y sus beneficios sociales, la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma más amplio, el gobierno abierto”.
Dijo que los gobiernos abiertos “es el nuevo paradigma de la democracia porque fija la forma en que interactuan sociedad y gobierno, porque requiere sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que contribuyan a este propósito. Es un paradigma de autoridades proactivas que publican la información en formatos útiles y amigables, antes de que les sea solicitado.”
Durante su intervención, Peña Nieto desglosó los principales avances que se alcanzarán con esta nueva legislación entre las que destacó la ampliación a 50 obligaciones mínimas de transparencia que todas las instituciones públicas están obligadas a desplegar en sus portales de transparencia, que deberá actualizarse periódicamente y para garantizar su cumplimiento, los organismos garantes estarán obligados a realizar verificaciones virtuales.
De igual forma, dijo que se amplían los sujetos obligados a los poderes judicial y legislativo, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como los sindicatos. Con ello se comprometen a responder a una de las mayores de la sociedad que es la transparencia, con lo cual deberán poner a disposición de la sociedad toda la información pública que posean.
El Presidente destacó que esta ley redobla mecanismos de transparencia en materia energética, las autoridades y empresas productivas del estado estarán sujetos a la disposición de la máxima transparencia
Subrayó la importancia de la creación del Sistema Nacional de Transparencia y la homologación de los marco legales estatales para que las disposiciones de ley general tengan aplicación en todo el país.
Asimismo, mencionó que se elevan los requisitos para poder reservar la información al tiempo que establece que no podrá reservarse información relacionada con delitos graves o delitos de lesa humanidad. De igual forma se incorporan 15 nuevas causas a las personas que nieguen o inutilicen la información pública.
Destacó que la participación ciudadana será una nueva garantía para el acceso a la información porque habrá consejos consultivos conformados por representantes de la sociedad civil y de la academia en todos los órganos garantes.