Dos capitanes del Ejército quedan a disposición de la FGE de Chiapas por el crimen de Brenda Orquídea Matus Chacón

Esclarece Fiscalía de Chiapas homicidio de Brenda Matus./ Comunicado Oficial de la FGE.

• Agustín “N” y Juan Antonio “N” son investigados por el homicidio calificado en agravio de Brenda Orquídea Matus Chacón.
• La causa de muerte se debió a fractura luxación de vértebras cervicales, provocada por acción violenta en la cabeza.

Por Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 15 de abril de 2019./Isaín Mandujano/(apro)./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2019.- José Antonio “N” y Agustín “N”, capitanes del Ejército mexicano, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del estado (FGE) como presuntos responsables del crimen de la soldado Brenda Orquídea Matuz Chacón, desaparecida el pasado jueves 4 y hallada muerta 48 horas después.

Ambos militares y otros dos soldados fueron arrestados desde el domingo 7 en la base militar de Chicoasén, tras del hallazgo del cadáver de la joven de 26 años, originaria de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa.

El viernes 5, Brenda Orquídea y dos compañeros de su mismo rango militar, un hombre y una mujer, tomaron su día franco y convivieron en un bar de esta capital junto con los dos capitanes.

La víctima no amaneció el sábado en el dormitorio que tenía asignado y tampoco respondió a las llamadas telefónicas que le hicieron sus padres, por lo que fueron a buscarla a la base militar ubicada a la orilla de la presa hidroeléctrica de Chicoasén. Ahí hablaron con las cuatro personas con quienes su hija había salido a divertirse, y tres de ellos refirieron que la última vez que la vieron estaba con el capitán Agustín “N”, propietario y conductor del vehículo Seat Ibiza en el que se trasladaron al bar.

De acuerdo con los deudos, en todo momento el coronel Constantino Ramírez Sánchez intentó obstaculizar las investigaciones que ellos mismos hacían entre los compañeros de su hija, e incluso tenían planeado trasladarlos al cuartel de Rancho Nuevo, pero esa medida no se concretó porque hicieron público en los medios de comunicación el crimen de Brenda Orquídea y la FGE intervino de inmediato.

Los cuatro militares fueron arrestados en la propia base militar, mientras la FGE investigaba los hechos. El pasado sábado 13 el Ejército Mexicano entregó a la justicia local a Agustín “N” y José Antonio “N”.

Según la causa penal 139/2009, ambos elementos, acusados del delito de homicidio calificado, fueron puestos a disposición del juez Juan Carlos Alfaro Cruz, para que determine su situación legal. Por ahora se encuentran presos en el penal Número 14 de El Amate, en Cintalapa.

Jesús Matuz Montesinos, padre de la víctima, exigió que no quede impune el crimen de Brenda Orquídea, quien hace apenas ocho meses había ingresado a las fuerzas armadas y quería hacer carrera militar.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles del crimen, sin embargo, el examen médico legista realizado durante la autopsia encontró fractura de cuello./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2019

Esclarece Fiscalía de Chiapas homicidio de Brenda Orquídea Matus Chacón

• Agustín “N” y Juan Antonio “N” son investigados por el homicidio calificado en agravio de Brenda Orquídea Matus Chacón.
• La causa de muerte se debió a fractura luxación de vértebras cervicales, provocada por acción violenta en la cabeza.

Comunicado Oficial de la FGE

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 15 de abril de 2019./Comunicado Oficial de la FGE.- La Fiscalía General del Estado informa que policías ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Agustín “N” y Juan Antonio “N”, quienes son investigados en la Carpeta de Investigación 012-079-0405-2019 iniciada por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de quien respondiera al nombre de Brenda Orquídea Matus Chacón, de 28 años.

Ese mandato de captura fue previamente estudiado y concedido por un Juez de Control con residencia en penal “El Amate”, dentro de la causa penal  136/2019, estableciendo que estaban reunidos todos los requisitos que establece la Constitución Federal para detener a estas personas y presentarlas ante la autoridad jurisdiccional para que se les formule la imputación y respondan por los hechos.

Tan pronto como fueron presentados ante el Juez de Control, de inmediato se abrió audiencia inicial, en la que la Fiscalía sustentó imputación por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, señalándolos como probables autores de la privación de la vida ocurrida el día 6 de abril del presente año, a las 03:00 horas aproximadamente, en el embarcadero de la presa Chicoasén en el municipio de Osumacinta, según lo establecen las primeras investigaciones, ya que de las entrevistas realizadas a testigos y pruebas periciales, ha quedado  en claro que la víctima fue vista por última vez con los inculpados, con quienes estuvo por espacio de 30 minutos en ese lugar, con quienes se encontraba en estado de ebriedad, dado que empezaron a ingerir bebidas alcohólicas desde el día anterior a las  15:00 horas.

Clínicamente la causa de la muerte se debió a fractura luxación de vértebras cervicales, provocada según el experto en medicina forense, por acción violenta en la cabeza; dos días después de haber sido vista con vida por última vez, es decir, el 8 del actual, a las 07:00 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida flotando en las márgenes del embarcadero; y, sólo presentó un golpe en frontal parietal derecho, producido por objeto liso y duro, esto concatenado a que en la cajuela de un vehículo relacionado con los ahora ya detenidos, se encontraron pertenencias personales y otros indicios que establecen que el cadáver fue ocultado y después arrojado al río; el vehículo presenta un pequeño hundimiento en la cajuela el cual corresponde al golpe de la parte frontal de la víctima.

Por otra parte, de acuerdo con la necropsia de ley, el cadáver no presenta agua en pulmones y estómago, lo que permitió que flotara, siendo estos datos científicos de que la víctima no falleció por ahogamiento.

Tras formular la imputación en la audiencia y solicitar la vinculación a proceso, los imputados se acogieron al término constitucional de 144 horas, por lo que se señaló las 10:00 horas del 19 del actual para que el Juez de Control determine la situación jurídica de los inculpados y establezca en su caso una medida cautelar y el plazo de investigación que en ningún caso puede ser superior a seis meses.

Durante todo el proceso legal Agustín “N” y Juan Antonio “N” han estado legalmente asistidos de abogados y se ha respetado el debido proceso con la intención de proteger los derechos humanos de los señalados como autores, pero al mismo tiempo, con la finalidad de cuidar la legalidad de la investigación para esclarecer los hechos, que no exista impunidad, que se condene al pago de la reparación integral del daño y que los responsables sean sancionados.