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César Arellano García/La Jornada
CIUDAD DE MEXICO, 12 de Agosto de 2019/César Arellano García/La Jornada.- Desde las seis de la mañana de este lunes representantes de los medios de comunicación realizan guardia afuera del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde a las 18 horas continúa la audiencia inicial en la cual el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará si decide o no vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de la desaparecida Secretaría de Desarollo Social (Sedesol), por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Al tratarse de un delito que no se considera grave, en caso de que la ex funcionaria sea vinculada a proceso lo seguirá en libertad, eventualmente con medidas cautelares.
Reporteros y fotógrafos de medios nacionales y agencias internacionales se aglomeraban en torno al lugar de la audiencia.
Se espera que la exfuncionaria arribe acompañada de su abogado Julio Hernández Barros, quien presentará argumentos de que no existió ninguna ilegalidad en la actuación de Robles en los convenios entre las instituciones a su cargo con universidades públicas, que firmaron algunos de sus colaboradores entre 2014 y 2018.
En la diligencia del jueves pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Robles de actuar de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa con las acciones de sus subalternos, principalmente de su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, y causar presunto quebranto a la hacienda pública por 5 mil 73 millones de pesos.
Entre los datos de prueba que el Ministerio Público Federal expuso contra la ex funcionaria se mencionaron las declaraciones de tres ex colaboradores de la ex secretaria: José Antolino Orozco, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante.
También mencionaron los 27 contratos y convenios donde sus subalternos, particularmente desde la Oficialía Mayor de Sedatu y Sedesol, ambas a cargo de Emilio Zebadúa, realizaron acciones de falsificación de firmas, suplantación de convenios y otros delitos a través de los cuales se desviaron recursos que se transferían a empresas inexistentes o que no cumplieron con los términos acordados.
Para las autoridades la mayoría fueron contratos indebidos, ya que las condiciones eran que las universidades no podían subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero. Además, las casas de estudios no contaban con la capacidad técnica, material ni humana para la realización de los servicios convenidos.