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- Aseveró que este ejercicio fundamentado en los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, es una obligación legal y moral para erradicar la corrupción y la impunidad en Chiapas, principal demanda ciudadana
- Destacó que la Declaración Patrimonial se realizará únicamente en mayo, de lo contrario ésta será calificada de extemporánea y la o el servidor público responsable se convertirá en sujeto de investigación
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 06 de mayo de 2020.- El fiscal general Jorge Llaven Abarca exhortó a las y los 3 mil 762 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar en mayo su Declaración Patrimonial de Modificación y de Intereses, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
El responsable de la procuración de justicia en la entidad aseveró que esta nueva administración se ha caracterizado por consolidar un modelo de transparencia democrática y de verdadera rendición de cuentas y honestidad, pilares fundamentales de la Cuarta Transformación que encabezan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
“Con fundamento en los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, llamo a todas y todos los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado para que en los términos de ley cumplan con esta responsabilidad, no sólo por ser obligación legal sino moral para erradicar la corrupción y la impunidad en Chiapas, demanda principal ciudadana”, aseveró.
En ese sentido, destacó que este ejercicio de transparencia y honestidad al que deben someterse todas y todos los servidores públicos de la institución se realizará únicamente en mayo, de lo contrario será calificado de extemporáneo y la o el trabajador responsable se convertirá en sujeto de investigación.
Finalmente, Jorge Llaven Abarca refrendó el compromiso de la Fiscalía General del Estado para cumplir y hacer cumplir la demanda ciudadana de honestidad y transparencia, y de garantizar el uso correcto de los recursos públicos en la procuración de justicia.