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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 16 de Octubre de 2016./ Comunicado.- El Diputado local Willy Ochoa Gallegos, hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que encabeza Ernesto Nemer Álvarez, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que se abra una línea de investigación en torno a la empresa PROACTIVA, que no ha prestado el servicio adecuado en la recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez.
Ochoa Gallegos, dijo que en conjunto con el Gobierno del Estado, PROFECO y PROFEPA, se realizará una alianza que beneficiará a los ciudadanos, pues se realizan las gestiones necesarias para que PROACTIVA no anteponga sus intereses a los de las familias chiapanecas.
“Quiero alzar la voz en mi carácter de legislador para solicitar al procurador Ernesto Nemer Ávarez, así como a la PROFEPA y pedirles que se realice una investigación minuciosa, pues el servicio que presta la empresa PROACTIVA, no es el acordado, y no está a la altura de nuestra capital, por lo que es necesario que se investigue y el caso sea resuelto lo antes posible, por lo que es de suma importancia por el bien de Tuxtla que todos hagamos equipo en ese tema”, enfatizó Ochoa Gallegos.
PROACTIVA tiene un contrato en concesión por 20 años, que inicio en el 2006 con el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el cual no esta siendo respetado, pues el servicio que otorga no es el adecuado para una ciudad que crece día con día, además de que la empresa cayó en la ilegalidad cuando en el 2010 el cabildo tuxtleco aprobó el cobro de 20.74 pesos por kilo de basura, sin la asistencia de dos terceras partes de los regidores.
“Es increíble que PROACTIVA, no cumpla con ofrecer un servicio de vanguardia, es increíble que no se preocupe por el bienestar de la ciudad y que los ciudadanos tengan que sufrir por no contar con un sistema de recolección de basura eficaz, lo cual con el tiempo se vuelve un foco de infección, pues puede convertirse en un problema grave de salud pública”, consideró el legislador chiapaneco.
El diputado priista hizo un llamado a sus compañeros legisladores a revocar el cobro ilegal que en el 2010 se aprobó, lo cual representa un detrimento de 40 millones de pesos, a la administración municipal con esos cobros indebidos.