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+ Denuncian que de mil 70 acciones expropiatorias desde 1950, 535 de las cuales corresponden a la SCT, sólo tres han “cumplido” los requisitos de decreto expropiatorio y se ignora si realmente fueron pagadas
MAZATLÁN, Sinaloa, 29 de Septiembre de 2013.- Los campesinos de los 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit determinaron hoy en Asamblea General celebrada en este puerto, que el lunes 30 aceptarían iniciar el proceso de indemnización por la ocupación de sus tierras –para la construcción de la autopista Durango-Mazatlán– bajo el esquema de expropiación, sólo si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se apega a la Ley Agraria reformada en enero de 2012.
Ernesto Pérez Virgen, representante de los campesinos que conforman el Movimiento por la Justicia Agraria, afirmó que esta mañana, después de realizar un análisis de la Ley de Expropiación, de la Ley Agraria y de las normas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los campesinos llegaron a ese acuerdo y que, en caso contrario, el martes determinarán las acciones a seguir para hacer cumplir el amparo que impide continuar con las obras, porque la autopista está sin concluir.
En su demanda de pago, los ejidatarios insisten en que se les pague bajo la modalidad de dominio pleno para hacer una transacción de carácter privado, como lo afirma la propia Procuraduría Agraria: “Los ejidatarios pueden también adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir, podrán adquirir la propiedad sobre sus parcelas, las cuales ya no estarán sujetas al régimen ejidal sino al régimen de la propiedad privada, regida por el derecho común”.
El caso es que la SCT a través del Subsecretario de Infraestructura Raúl Murrieta Cummings insiste en que la operación debe realizarse mediante el procedimiento de expropiación, por lo que, a decir de Pérez Virgen, los campesinos se manifestaron por aceptar sólo si se cumple lo siguiente, como dice la Ley Agraria:
a) Que una vez pactado el precio se tiene que pagar en 45 días; b) Que los avalúos los pueden hacer el Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), los bancos, corredores inmobiliarios y/o profesionales con posgrado, autorizados para ello; c) Que se abran periodos de discusión del precio de 15 hasta 30 días; y d) Que en los avalúos se integren no sólo el valor de la tierra, sino también los daños y perjuicios ocasionados.
Durante el análisis de esta mañana, los campesinos recordaron el rescate carretero: “Ernesto Zedillo y Vicente Fox destinaron 146 mil millones de pesos para rescatar la quiebra de las carreteras concesionadas en nuestro país; carreteras que fueron construidas en terrenos ejidales y comunales distribuidos en 535 comunidades agrarias y, que al día de hoy no se han pagado sus daños y derechos agrarios”.
Los campesinos se niegan a someterse a la expropiación si no se cumplen los cuatro puntos anteriores debido a los antecedentes como consta en la “Memoria Documental Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales 2006-2012”, de la ex secretaria de la Reforma Agraria donde existen mil 70 acciones expropiatorias desde 1950 y de esa cantidad, el 50% le corresponden a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
De estos 535 expedientes sólo tres han “cumplido” con los requisitos de decreto expropiatorio, publicándose, “pero no sabemos si a los tres expedientes ya resueltos les pagaron sus derechos agrarios. Nosotros lo que sí sabemos es que al ejido Las Lumbres del municipio de Acaponeta, Nayarit, le fueron expropiadas 45 hectáreas en noviembre de 2004 a favor de la SCT y, el gobierno aún no les ha pagado sus tierras y derechos dañados”.