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+ Por expropiación ilegal y desacato a 7 mandatos judiciales que protegen a la comunidad indígena otomí de Huixquilucan.
+ La SCJN debe resolver pronto la queja administrativa por desacato y para que se cumplan las sentencias
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de Noviembre de 2020.- Además de solicitar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se cumplan las sentencias de siete mandatos judiciales a su favor en contra de la expropiación de 750 mil metros cuadrados, la comunidad indígena otomí de Huixquilucan dio a conocer esta mañana que han solicitado juicio político por traición a la Patria en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas y el actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, como parte del proceso en contra de la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.
En rueda de prensa esta mañana, Juan Villegas Mejía, quien es representante común ejecutivo de la comunidad indígena otomí de Ayotuxco, Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y sus pueblos San Francisco, Santa Cruz y rancherías equiparables del municipio de Huixquilucan, Estado de México, explicó que el poder judicial de la federación les reconoció la propiedad de la tierra, luego que siendo gobernador del Estado de México el ex presidente Enrique Peña Nieto, entregó en concesión el 7 de septiembre del 2007 las tierras de los territorios indígenas de las comunidades de Toluca, Lerma, Huixquilucan, Villa del Carbón y Naucalpan “a extranjeros de las empresas BlackRock y Aleática”.
Villegas Mejía relató que el Tribunal Superior Agrario determinó que las escrituras públicas de 1644 y 1645 que presentaron, las cédulas reales, los códices, los pergaminos, tienen valor jurídico, donde Isabel Moctezuma, hija del rey Azteca Moctezuma II, les entregó la propiedad de esas tierras que habían sido parte de su legado, lo que les devolvió la propiedad de las tierras el 12 de octubre de 2012 y que causaron ejecutoria desde 2015.
Juan Villegas Mejía, representante común ejecutivo de la comunidad indígena otomí de Ayotuxco, Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y sus pueblos San Francisco, Santa Cruz y rancherías equiparables del municipio de Huixquilucan, Estado de México.
El pasado 21 de octubre el gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró la autopista en solitario, con cuatro acompañantes más, porque la comunidad de Huixquilucan se manifestó en contra ya que la obra afectó 140 manantiales y un acuífero subterráneo, río que abastece todo lo que es la cuenca del río Lerma.
El representante indígena dijo que durante la construcción de la obra acabaron con más de 700 mil árboles que fueron derribados, hubo explosiones para rompimiento de todas las cuencas “y prácticamente se nos está acabando el agua, el agua que es la vida porque toda ella es zona de recarga de los acuíferos. Fauna, flora, agua, vestigios arqueológicos han sido destruidos”.
Confirmadas las sentencias de los amparos 139/2012, 529/2016, 424/2016, 479/2016, 270/2016, 010/2017 y 1008/2019, hoy se encuentran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicados mediante una queja administrativa por la omisión y desacato judicial, tras haberse recuperado del despojo de esas tierras desde 1993.
En total las comunidades indígenas otomíes presentaron 22 amparos en contra de la construcción de la autopista que hoy es administrada por la empresa Autovan, de los cuales fueron efectivos los siete que hoy se encuentran como queja administrativa.
“Pedimos a la Suprema Corte de Justicia que refrende la escritura pública y que se libere la autopista; los terrenos son nuestros y queremos que esa carretera sirva no sólo par que nosotros podamos transitar, sino también quienes deban hacerlo para hacer los trabajos de reforestación y cuidado ecológico para la restauración del área que ha sido destruida”, apuntó Villegas Mejía.
El representante indígena estuvo acompañado por el gobernador indígena de la Ciudad de México, Acamapixtli JM Castillo; el general en retiro Mario Cervantes Muñoz, presidente del Consejo Supremo de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia; Paulino López Jiménez, consejero Mayor Indígena de Xochicuautla; la abogada Hortensia Corona; la representante Piedad Garduño Suárez de Ayotusco y María Estéfany Zavala, de San Francisco Xochicuautla.
Los representantes indígenas denunciaron que no sólo han sido víctimas de discriminación en contra de grupos vulnerables como ellos por la omisión e inacción de las autoridades, pese a que tienen el amparo de la constitución avalado en siete juicios de amparo, sino que también han sido y son violentados física y psicológicamente, como en el caso del propio Villegas Mejía, quien fue detenido y acusado falsamente de ser parte del cartel Jalisco Nueva Generación por el alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas.
María Estéfany Zavala dijo que constantemente policías enviados por el alcalde y otros grupos llegan a sus casas constantemente y les exigen que “dejen de estar chingando” porque “se los va a cargar la chingada”.
El problema es que esta carretera afecta no sólo las tierras de nuestras comunidades, sino también afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México y el área Metropolitana, así como a los del valle de Toluca porque esa es una zona de recarga de los acuíferos que las abastecen y con esto que hicieron, poco a poco se van a ir secando, agregó Villegas Mejía..