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+ ACUDIERON A LA CORTE FEDERAL DE CANADÁ
PARA EXIGIR JUSTICIA PARA MARIANO ABARCA
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
A 18 de mayo 2018
A la sociedad civil de Chiapas, México y Canadá,
A las organizaciones de derechos humanos de Chiapas, México y Canadá,
A los medios de comunicación.
La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).
Entregamos dicha denuncia al Comisionado en Ottawa, Canadá, exigiendo que iniciara una investigación por las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México, ocurridas durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca, cuando luchaba contra los impactos socio-ambientales de la minería en Chicomuselo, hasta que culminó con su asesinato. Nosotros alegamos, en base a nuestra investigación, que la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos. Consideramos que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría Mariano por defender la vida y los derechos humanos.
Al Comisionado le entregamos suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años tanto en México como en Canadá. Con ello demostramos que la embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration, justo en diferentes momentos antes de su asesinato en los cuales Mariano era amenazado, criminalizado, fue denunciado directamente por la empresa Blackfire, y luego detenido y encarcelado. A pesar del amplio conocimiento del conflicto con la Blackfire en Chicomuselo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas. Luego, aún después del asesinato de Mariano, la Embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.
En su rechazo para realizar una investigación a fondo como le solicitamos, el Comisionado declara que ni la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero, ni el papel que los mismos funcionarios públicamente dicen cumplir cuando hay conflictos entre empresas y comunidades, no representan «políticas oficiales». Por lo tanto, desde la perspectiva del Comisionado, los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. Su decepcionante e ingenua respuesta al negar realizar la investigación, sólo abroga a continuar y perpetrar la imagen sobre el gobierno canadiense como coparticipe de las violaciones a los derechos colectivos e individuales que las empresas canadienses y el cuerpo diplomático de Canadá realizan en toda Latinoamérica.
Nosotros continuaremos buscando la verdad y la justicia hasta llegar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano. Por ello, ante nuestro desencuentro con el Comisionado, hemos asistido a la Corte Federal de Canadá para presentar una notificación de aplicación para una revisión jurídica de la decisión del Comisionado. Nuestra acción también busca que no se desechen todas las pruebas que hemos recaudado hasta ahora y que muestran la actuación de la diplomacia canadiense en la violación de los derechos humanos de Mariano Abarca Roblero.
Es importante recordar que también en Mexico hemos realizado un largo recorrido, donde sigue abierta una investigación penal que aún no ha llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Ante la omisión del propio gobierno mexicano, en junio del 2017, llevamos una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia. Así seguiremos hasta agotar todas las instancias necesarias para obtener justicia y contribuir al desmantelamiento del patrón de actuación del modelo extractivo minero canadiense en México y en América Latina.
Continuaremos caminando, enfrentando y denunciando la falta de voluntad política del gobierno de Chiapas, del Estado mexicano y del gobierno de Canadá para combatir la impunidad y la falta de procuración de justicia. Asimismo, no dejaremos de colaborar y coordinarnos con nuestros aliados y nuestras aliadas en Canadá hasta lograr que el estado canadiense detenga su política extractivista que extermina los pueblos.
¡Fuera las empresas mineras de los territorios de México y América Latina!
¡La minería no es desarrollo, es muerte y destrucción!
¡Ni un asesinato más a defensores y defensoras de la tierra y el agua!
FIRMAMOS:
Familia Abarca Montejo
Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Fotos: Conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 18 de mayo 2018
Participantes de la izquierda a la derecha: Miguel Ángel Mijangos Leal (REMA); Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano; José Luís Abarca Montejo (hijo de Mariano); Libertad Díaz Vera (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México); Miguel Ángel de los Santos (Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNACH); Jen Moore (Mining Watch Canada); en videollamada en la pantalla: Shin Imai, abogado canadiense, miembro del Proyecto Justicia y Responsabilidad Empresarial
Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
CONTACTOS PARA LA PRENSA:
- Libertad Díaz Vera, Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México: libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org
- Jen Moore, MiningWatch Canada: jen@miningwatch.ca
- Shin Imai, abogado canadiense, miembro del Proyecto Justicia y Responsabilidad Empresaria: simai@justice-project.org
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